¿Por "razones de Estado" se puede bloquear la información de cómo se violan las garantías constitucionales?

Con motivo de la erupción del Volcán Chaitén, el Gobierno de Chile decidió evacuar forzadamente al pueblo de ese mismo nombre.
Lo hizo a través de una Orden de No Innovar pedida con ocasión de un Recurso de protección.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el 5 de junio de 2008, dejó sin efecto esa Orden de No Innovar y rechazó el referido recurso de protección. Argumentó esencialmente lo siguiente:

• Gobierno tiene el Estado de Catástrofe para hacer frente a la situación en Chaitén.
• El Decreto del Gobierno no cumple con las normas del Estado de Catástrofe
  
• Los ciudadanos de Chaitén no estaban atentando contra su vida.
• El Intendente no puede presentar el recurso por no ser personalmente afectado.
• No se puede deducir recurso contra personas indeterminadas.

El Gobierno apeló de ese fallo.

Los medios de comunicación chilenos, incluyendo radios, televisión y prensa escrita, le dieron amplia cobertura a la original decisión gubernamental de evacuar a toda una ciudad y de hacerlo a través del recurso de protección. Sin embargo, y salvo una nota secundaria en El Llanquihue de Puerto Montt y en el diario electrónico El Mostrador, la información del rechazo del recurso de protección, así como la apelación del gobierno, fueron sistemáticamente omitidos por los medios nacionales.
Para ellos no resultaba noticia que una Corte de Justicia le dijera al ejecutivo que había equivocado el camino para evacuar una ciudad y que constitucionalmente era otra la vía. O sea, el cuestionar la actuación constitucional de Gobierno no era digno de ser informado.

Sin embargo, no nos podemos equivocar en interpretar estos hechos. No estamos en presencia de medios poco enfocados en establecer lo importante de lo accesorio. No. Estamos claramente en presencia de un accionar activo del Gobierno de Chile en pos de bloquear la información, probablemente por supuestas "razones de Estado" (¿Cuáles? ¿Que la gente es idiota, menor de edad, irresponsable, y con esa información podrían actuar alocadamente?; ¿Que no es conveniente que la zona quede bajo el mando de las Fuerzas Armadas, como lo estipula el Estado de Catástrofe?).

Lo grave de esto es que las "razones de Estado" son el típico argumento de las dictaduras para afectar la libertad de información: el Estado, generalmente de muy buena fe, se atribuye la representación de todos los chilenos respecto de cuál es el correcto proceder, tratando de evitar las voces disonantes. En el fondo, por seguridad, hay que trata a los ciudadanos como cabros chicos.
Y resulta más curioso este comportamiento gubernamental, por cuanto en la cuenta pública del 21 de mayo de 2008, a solo días de presentarse el recurso, la Presidenta dijo:

"Y Chile tiene dos caminos: o confiamos en la responsabilidad de cada ciudadano o creemos que es mejor tratarlos como menores de edad y que es mejor que alguien decida por ellos. Nuestra opción, ahora y siempre, es la de respetar la responsabilidad de cada chileno y chilena".

O sea, el 7 de mayo de 2008 el Gobierno de Chile trató a todos los habitantes de Chaitén como menores de edad, testarudos, personas temerarias, que no sabían cuidar de si mismos; una semana después, dice que a los chilenos no hay que tratarlos como menores de edad y hay que respetar la responsabilidad de los chilenos. Peor todavía se manifiesta la contradicción, cuando en junio nuevamente se le escamotea la información a la gente, porque se asume que no están en condiciones de entenderla, o porque no es conveniente.

La cuestión es que si "por razones de Estado" se viola, aunque sea UNA vez, del derecho de los chilenos de ser informados y de tomar sus propias decisiones utilizando la autonomía de la voluntad, entonces tendremos la justificación para que el día de mañana, otro Gobierno, también por "razones de Estado", haga exactamente lo mismo.

Pero en el caso Chaitén, como se dijo, no es solo grave el asunto porque se viola el derecho de ser informados, a través de esta nefasta connivencia entre los medios de comunicación y el Poder Político de turno, sino porque las razones de Estado esgrimidas -y toleradas mansamente por la prensa- están tapando precisamente la violación flagrante de una cantidad inmensa de garantías constitucionales de todo un pueblo.

• Se afecta la libertad personal de desplazamiento y permanencia de más de 5 mil personas
  
• Se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica, de muchos empresarios que han visto abandonados sus bienes productivos y negocios.
• Se afecta el derecho a reunión en un lugar determinado, al impedir a los ciudadanos de Chaitén reunirse en sus casas, centros recreativos, lugares públicos, parques y plazas..
• Se afecta el derecho de propiedad, porque los bienes ya no pueden usarse ni gozarse: hablamos de la vivienda, los enseres que la guarecen, vehículos, etc..
• Se afecta el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, al verse obligados a ir a un albergue todas aquellas personas que no tienen sustento familiar o de dinero para una solución mas razonable. No hay vida afectiva o sexual alguna en esas condiciones.
  
• Se afecta la libertad de trabajo de todos aquellos que obtienen su ingreso a través de un esfuerzo remunerado.

Es destacable que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, pese a que no era lo "políticamente correcto", se haya atrevido a decir que el Estado de Catástrofe es la vía para enfrentar una situación como esa. Y, por otro lado, es reconfortante que el Colegio de Abogados de Puerto Montt haya respaldado tal decisión, sacando una Declaración Pública con fecha 17 de junio de 2008.

Esperemos que los medios de comunicación social y los periodistas entiendan, de una vez y para siempre, que no estudiaron periodismo en la universidad para bajar la cabeza ante supuestas "razones de Estado", sino que para traspasar la información objetiva a la ciudadanía. Y que entiendan que esa actitud es más vergonzosa cuando la autoridad política con esas "razones de Estado" está pasando, de contrabando, violaciones a las garantías constitucionales de muchos chilenos. Esto no puede pasar nunca más en nuestra República.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica de Chile
Puerto Montt

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Declaración Pública del Colegio de Abogados de Puerto Montt sobre el caso Chaitén

En relación a los sucesos ocurridos en Chaitén y a las herramientas jurídicas que las autoridades de gobierno han pretendido utilizar, el Colegio de Abogados de Puerto Montt A.G., estima preciso señalar su desacuerdo con las mismas, en razón de lo siguiente:

En su oportunidad, el Sr. Intendente presentó ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, un recurso de protección que, en lo medular, pretendía obtener y asegurar la evacuación de los habitantes de Chaitén cuyas vidas corrían peligro si decidían permanecer en dicho lugar. A través de una orden de no innovar, la I. Corte accedió a tal petición dando las instrucciones pertinentes a Carabineros de Chile. Con ello se obtuvo la finalidad de evacuar, forzadamente, hasta el último habitante de la zona. Recientemente, sin embargo, la misma I. Corte decidió rechazar el referido recurso, por estimar que era improcedente, en especial considerando que el gobierno y sus agentes no se han visto privados de facultades o herramientas para actuar en los hechos acontecidos y que acontecen.

Esta asociación gremial comparte plenamente la decisión última de la I. Corte de Apelaciones –que extrañamente no ha sido objeto de ningún comentario periodístico -, siendo necesario puntualizar:

1.- Es legítima la preocupación de la autoridad por la vida y salud de los habitantes de Chaitén. Parece obvio señalar que, en razón de los hechos que todos conocen, era correcto buscar los medios que permitieran evacuar la zona afectada, necesidad que se mantiene hasta el día de hoy en que persiste la actividad volcánica.

2.- No obstante, los medios jurídicos que se han utilizado resultan del todo incorrectos. El recurso de protección lo consagra nuestra constitución no para suplir las omisiones de las autoridades administrativas, sino para velar por el amparo de los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Mal podía entonces el Sr. Intendente recurrir de protección en contra de personas indeterminadas, menos si no existían actos arbitrarios o ilegales de persona alguna, ya que el peligro emanaba de una catástrofe natural.

3.- Lo que la autoridad administrativa debía hacer – y así lo sostiene la I. Corte- era y es decretar estado de catástrofe en relación a la zona afectada, herramienta jurídica que establecen la Constitución y la Ley sobre Estados de Excepción Constitucional. Esta institución –plenamente aplicable en la especie- permite a la autoridad restringir los derechos y libertades constitucionales, pero también la obliga a resarcir económicamente a los ciudadanos afectados, en la forma que la misma Ley señala. Esto es, los referidos ciudadanos no necesitan recurrir a ningún tipo de ayuda humanitaria o asistencial que el Estado graciosamente pueda o no conceder, sino que pueden ejercer los derechos relativos a una adecuada reparación económica por los bienes que pudieran verse afectados.

Esta asociación gremial observa con preocupación que la autoridad administrativa prefiere apelar en contra del fallo de la I. Corte, en vez de utilizar – el Gobierno central - las claras herramientas que nuestro ordenamiento jurídico contempla para una situación como la que ha afectado a los habitantes de Chaitén, siendo un deber de este Colegio de Abogados y de los medios de comunicación, hacer públicas estas anomalías, que sientan un peligroso precedente para el ejercicio y restricción de los derechos constitucionales.

Directorio
Colegio de Abogados Puerto Montt A.G.

Fernando Paulsen y cierre de un canal de TV

Me he sorprendido por la defensa que ha hecho el periodista Fernando Paulsen, en Chilevisión, por lo que él denominada el bastante normal término de una concesión televisiva (Radio Caracas Televisión). Lo del senador Navarro y su cuestionado sustento democrático, no es novedoso.

Es lamentable que una persona como Paulsen que sufrió la censura, porque ahora la practique un gobierno de izquierda, se compre las débiles justificaciones que se dan para ello.
Si un canal de TV complotó contra un gobierno, lo democráticamente esperable es que eso se acredite en juicio que respete el debido proceso. Claro, porque la subversión del orden democrático se castiga, para casos muy calificados y no por el hecho de declararse opositor, en todas partes, pero no por decreto, sino que a través de procesos.
Paulsen ni es abogado, pero su criterio debió decirle que las banales argumentaciones de Chávez exigían el procedimiento democrático de rigor.

Caso neonazis: hay que censurar a los censuradores

Me parece muy bien que los medios de comunicación persigan y censuren a los neonazis chilenos, porque no se puede permitir la expresión de un grupo intolerante y que coarta la libertad de los demás. Sería bueno sacar una ley de defensa de la democracia contra este grupo.

EEUU en Irak - Censura en medios norteamericanos

Lean este artículo: http://www.observer.co.uk/iraq/story/0,12239,910381,00.html

EEUU espía a miembros del Consejo de seguridad y los medios de prensa norteamericanos censuran la información. En Chile esto ha producido un escándalo y en la CNN no aparece nada. Curioso el alineamiento entre la CNN y otros medios de EEUU y su gobierno.

¡Qué pena!...tenía en alta estima a este medio informativo.

Congreso nazi en Chile

Me parece que los demócratas están aprueba. Y muchos repetirán el curso.
Después de haberse modificado el art. 8 de la Constitución, que prohibía determinados movimientos políticos, en Chile existe la libertad de asociación plena.
Podrán ser condenados solo quienes, en sus acciones, atenten contra los derechos humanos (lo que incluye derechos políticos, sociales y económicos).
Me parece que intentar prohibir el Congreso nazi habla muy mal de algunos políticos "pseudodemócratas".
Justifican su postura represiva con las atrocidades nazis, que existieron, de la 2ª Guerra Mundial. Ok, entonces habría que prohibir al Partido Comunista por las atrocidades de Stalin, mayores que las de Hitler.
En esto no cabe duda alguna.