En este recurso el Intendente Regional Sergio Galilea, en representación del Gobierno, argumenta esencialmente lo siguiente: que basta con decretar zona de catástrofe, complementado con un recurso de protección, para sacar a la gente de una ciudad. Con esos dos instrumentos, no se necesitaría decretar el Estado de Catástrofe.
Olvida mencionar el recurrente que no puede el gobierno presentar un recurso de protección para evitar hacer uso de sus facultades legales. El Recurso de Protección se creó, históricamente, para que el ciudadano se defienda de los actos de la autoridad. No se creó para que la autoridad lo use para suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos. La forma de razonar del Poder Ejecutivo es una tergiversación grotesca de la finalidad de la acción constitucional de protección.
En esta apelación se reconoce EXPLÍCITAMENTE que sin el recurso de protección la autoridad debía dictar el Estado de Catástrofe. O sea, reconoce que usó la vía indirecta para conseguir la suspensión de las garantías constitucionales. O sea, reconoce tácitamente el uso de un subterfugio...
Por otro lado, justifica su actuar de esa manera, porque la estimaba más expedita. Ello es falso, ya que la dictación del Estado de Catástrofe era a través de un simple Decreto Presidencial, sin necesidad de autorización de algún Poder del Estado u otro órgano. De hecho, era más rápido que tener que presentar un recurso para que lo vea un tribunal.
En fin, la Corte Suprema deberá confirmar el fallo y con fundamentos incluso más categóricos sobre el actuar de la autoridad política.
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