La amenaza de EEUU y el atraso del Derecho Internacional Público

La amenaza de Estados Unidos de atacar, unilateralmente incluso, a Irak, nos recuerda lo atrasado que se encuentra el Derecho Internacional Público.

Si en cada Estado o país, especialmente si es democrático, es difícil encontrar que se permita que cada miembro pueda hacer lo que se le venga en gana, aunque tenga la fuerza de las armas, no lo es en el ámbito internacional, donde si bien es cierto existe un atisbo de Poder Ejecutivo (el Consejo de Seguridad de la ONU), no lo es menos que todavía no existe el poder independiente que pueda encuadrar en la ilegalidad a un Estado poderoso, como EE.UU., cuando no cumple las normas.

Claro, porque si bien este país esgrime que Irak es no ha cumplido las resoluciones de la ONU (obviando, con un doble estándar hipócrita, todas las resoluciones que Israel jamás ha cumplido y que lo obligan a restituir territorios palestinos), si ataca unilateralmente a Irak estará él, eso sí y claramente, incumpliendo claramente la incipiente legalidad internacional.

El uso de la fuerza o la guerra está ya proscrito de los tratados internacionales; el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho a la legítima defensa "en caso de ataque armado... hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Si aplicásemos los criterios del derecho penal, comunes a nivel internacional, tenemos que decir que la legítima defensa requiere una agresión ilegítima, real, actual o inminente. No basta la mera imputación de que se está en presencia de una agresión, pues ella debe ser verdadera, probada y la inminencia debe ser evidente. Desde este punto de vista, el peso de la prueba es de quien quiere atacar, pues debe probar la agresión o la inminencia de la misma: EE.UU. debe probar las bases de su posición, esto es, que Irak tiene armas de destrucción masiva o químicas, y no pedirle a este país que pruebe que no las tiene. Si EE.UU. habla de agresión inminente, es porque ha llegado a un punto de convicción y de acumulación de evidencias donde ya no debiera costarle mucho probar la efectividad de dichas armas y mandar a dichos lugares a los inspectores de la ONU.

Pues bien, para la mayoría de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, encabezados por Francia, tal realidad o inminencia de la agresión no existe, y piden que los inspectores de armas puedan seguir su trabajo; la secundan Rusia y China. De los no permanentes, tampoco ven la inminencia, de manera decidida, Alemania, Camerún, Guinea y Siria; en una posición más cercana a EE.UU. están México, Chile, Angola y Pakistán, que probablemente al más mínimo atisbo de que EE.UU. mejora su posición, se le unirán. Los únicos países que apoyan a EE.UU. son Inglaterra y España y eventualmente Bulgaria.

Dado el papel que podemos mínimamente jugar en este asunto, la opinión pública chilena debe saber que si bien es cierto que las relaciones internacionales de Chile las resuelve el Presidente de la República, éste debe recordar que es nuestro Mandatario y debe cumplir la voluntad popular.Si nos doblamos ante EE.UU., como pago por el Tratado de Libre Comercio, haciéndonos eco de su casi declarado afán de hacerse con el segundo país productor mundial de petróleo, nos haremos un país aún más pequeño y de poco respeto internacional.

Chile se ufana de contribuciones en el ámbito internacional y del respeto que se le tiene; si es así, esperamos, entonces, que no se pierda, con decisiones obsecuentes con el poderoso que se apartan del Derecho Internacional Público que nos debiera regir a todos por igual.

Sin considerar razones económicas, que también avalan esta posición, Chile debe apoyar a Francia en esta cuestión, de manera clara y decidida y no esperar cómodamente ver cuál es la posición mayoritaria, para unirse luego a ella. Eufemismos como la búsqueda del consenso no son sino la forma de ocultar la falta de dicha posición clara y categórica, que no es otra que una que debe estar sustentada en el derecho internacional.

Designación en la Conama

He apoyado los nombramientos de Ricardo Lagos y la independencia que, al menos en el papel, pretende darle a su gestión. Pero me parece muy poco prudente la designación de Adriana Hoffman al frente de la Conama.

Esta persona presentó un recurso de protección contra autoridades del gobierno de Frei por aprobar el proyecto Cascada Chile, en Puerto Montt.

Perdió en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, donde estimaron legal y adecuada la actuación de las diversas autoridades involucradas. Ello quiso decir, entonces, que la posición de la señora Hoffman era la ilegal.

No entiendo, por lo tanto, cómo se pone en un cargo de tal relevancia a alguien que ha demostrado actuar con dogmatismo y con una perspectiva extrema. Lo mismo cabría criticar si se pone al frente de la Conama a un empresario forestal.

Empleados públicos y política

Quisiera traer a colación el Dictamen N 017.161, emanado de la Contraloría General de la República, sobre la relación entre empleados públicos y las actividades políticas y uso de recursos fiscales.

Lo hago, por cuanto he advertido que en los medios de comunicación social se ha tergiversado su exacto y cabal alcance, al utilizarse sólo algunas partes del mismo. En primer término, la Contraloría reafirma la circunstancia de que "el funcionario público en el desempeño de su cargo no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse del empleo para favorecer o perjudicar a determinada tendencia de esa índole".

Más adelante, tras analizar las normas legales que rigen a los empleados, agrega: "De lo anterior se desprende que en el desempeño de la función pública, los empleados regidos por dichos cuerpos legales (Ley. 18.757, Ley 18.834, Ley 18.883), cualquiera sea su jerar-quía, están impedidos de realizar actividades de carácter político contingente y, en tal virtud, v. gr., no pueden hacer proselitismo o propaganda política, apoyar candidaturas políticas, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ejercer coacción sobre los empleados o los administrados con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, tendencias o partidos políticos".

Por otro lado indica: "En razón de iguales fundamentos, es también ilícito usar para los indicados propósitos los recursos públicos y, asimismo, los bienes fiscales, municipales o de otras entidades estatales". Agrega que esta prohibición lo es para días hábiles o inhábiles, sin excepciones.

Queda claro que la prohibición se refiere a actividades realizadas en el desempeño del cargo, siendo ello evidente si se hacen al interior de las mismas oficinas públicas. Para mayor claridad, el propio dictamen agrega:

"Por el contrario, tratándose de actividades desarrolladas al margen del desempeño del cargo, el empleado, en su calidad de ciudadano, se encuentra plenamente habilitado para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones y realizar actividades de esa naturaleza".

Nos parece que esto no requiere análisis mayor.

Excluye de esta última facultad a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes tienen normas legales especiales que les prohíben, permanentemente, toda actividad política, por tratarse de cuerpos armados esencialmente obedientes y no deliberantes.

Esperamos que con este aporte se clarifique la discusión que, indudablemente, vendrá en los próximos días, a raíz de la segunda vuelta electoral. Permitirá distinguir las actividades lícitas de las ilícitas, para todos los empleados públicos.

Este dictamen puede ser encontrado íntegramente en la Gaceta Jurídica N 227, de mayo de 1999.

Política exterior y caso Pinochet

Aparentemente el senador Pinochet sigue rigiendo la política exterior de Chile. Cualquier ciudadano advertirá que el Gobierno de Chile, sin respaldo de su población, se ha empecinado en una causa perdida de antemano.

Lo penoso es que se llegue a extremos ridículos, como lo son el desahuciar Tratados y no asistir a reuniones internacionales. Recordemos que tras la resolución de Straw, Frei y su Canciller se manifestaron conformes, pues se respetaron los principios de soberanía y territorialidad, esgrimidos por el Gobierno. Lo que quedaba vigente era lo que contemplaba el Convenio sobre la Tortura, firmado por Chile e incorporado a la legislación interna, al tenor de lo previsto en el art. 5 de la Constitución.

Siendo así las cosas, no entendemos esta insistencia en la defensa de Pinochet, cuando ya no hay principios jurídicos en juego.

Congreso nazi en Chile

Me parece que los demócratas están aprueba. Y muchos repetirán el curso.
Después de haberse modificado el art. 8 de la Constitución, que prohibía determinados movimientos políticos, en Chile existe la libertad de asociación plena.
Podrán ser condenados solo quienes, en sus acciones, atenten contra los derechos humanos (lo que incluye derechos políticos, sociales y económicos).
Me parece que intentar prohibir el Congreso nazi habla muy mal de algunos políticos "pseudodemócratas".
Justifican su postura represiva con las atrocidades nazis, que existieron, de la 2ª Guerra Mundial. Ok, entonces habría que prohibir al Partido Comunista por las atrocidades de Stalin, mayores que las de Hitler.
En esto no cabe duda alguna.

Pinochet: un particular más

Hasta el momento no me había pronunciado acerca de la inmunidad de Estado del senador Pinochet, por ser un tema jurídico que no domino, desde que se trata de analizar la legislación inglesa al respecto, en especial en relación a los tratados internacionales que obligan al Reino Unido. Me había referido a otros dos temas: la extraterritorialidad y la extradición.

Pues bien, el más alto tribunal inglés ha resuelto, mediante una sentencia judicial, que el senador Pinochet no posee inmunidad de Estado y suponemos que los sustentos jurídicos de dicho tribunal serán sólidos, como para haber convencido a la mayoría de sus miembros.

Así las cosas, me parece destemplado que se hable que por una resolución judicial alguien pueda decir que se afecte la dignidad o la soberanía nacional. Se ha simplemente denegado una supuesta inmunidad de Estado, que no ha sido reconocida. Por lo tanto, don Augusto Pinochet Ugarte, a los ojos de la ley inglesa, es un particular más, a quien se le imputa un determinado delito. Este es el único efecto inmediato del fallo.

Alguien podrá, tras analizar el texto del voto de mayoría, estar o no de acuerdo con los argumentos jurídicos entregados, pero no ha estado ni está en juego la dignidad de Chile, tal vez la del senador.

Cobra mayor importancia nuestro análisis sobre la extraterritorialidad de la ley penal chilena, consagrada en los Código Orgánico de Tribunales (artículo 6) y Código de Justicia Militar (artículo 3), pues al carecer de inmunidad, los otros países que tienen también normas penales extraterritoriales, podrán juzgarlo.

Si Chile puede juzgar extraterritorialmente, los otros países son soberanos para hacerlo de igual forma.

Cabe destacar que ahora no es sólo España quien piensa hacer uso de sus normas extraterritoriales. Lo mismo ocurre con Francia, Suiza y Bélgica. Probablemente se unirán otros países.

Todos esos países, al igual que Chile, tienen normas extraterritoriales penales y tratados de extradición, y su desconocimiento por parte de los asesores del senador Pinochet, es la razón de haberlo llevado a incurrir en la temeridad de visitar Europa.

Opinión del Fiscal de la Corte Suprema sobre extraterritorialidad

El actual Fiscal de la Corte Suprema de Chile, don Enrique Paillás, en su obra Derecho Procesal Penal, Volumen I, Nº 107, página 145 (Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 1984), ha dicho sobre la extraterritorialidad de la ley penal chilena:

"107. Si bien la norma general es que los tribunales de la República sólo tienen jurisdicción para juzgar los delitos que se cometen en su territorio, hay algunos que deben ser castigados en Chile, a pesar de haber sido perpetrados en el extranjero, a fin de proteger de modo eficaz determinados bienes jurídicos".

Menciona este autor el art. 6 del Código Orgánico de Tribunales y el art. 3 del Código de Justicia Militar. Luego agrega:

"El Derecho Internacional ha establecido diversas normas destinadas a obtener el pronto castigo de actos como la piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata de blancas y otros que ofenden, no sólo el derecho nacional de un Estado, sino que amenazan a la humanidad toda. Estos delitos deben ser juzgados por el captor de acuerdo con sus leyes penales".

La conclusión nos parece clara. Por el principio internacional de RECIPROCIDAD, Chile no está en condiciones de objetar que la legislación de otro país, como España, contemple también normas penales extraterritoriales que castiguen el terrorismo y el genocidio. Más bien, por los elevados objetivos perseguidos, cabe sólo aplaudir.

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Mario Enrique Aguila Inostroza

abogado U.C.