Bolsas plásticas, populismo ecológico y comercio aprovechador

La cuestionada iniciativa de suprimir las bolsas plásticas del comercio ha servido principalmente para crear un gran problema a la ciudadanía, en especial, a sectores de menos recursos económicos. 

Primero, porque hemos visto que muchos negocios que venden menos de 100 mil UF (2.700 millones de pesos) en el año, igual se han aprovechado de eliminarlas, disminuyendo sus costos, pese a estar obligados solo desde agosto del 2020 (ver ley 21.100 en Internet).

Segundo, porque los que sí están obligados, como grandes supermercados, o tiendas de departamentos o cadenas de farmacias, tampoco están entregando bolsas alternativas. O no entregan nada o cobran por las bolsas. Parece que medio mundo cree que el problema de la eliminación de las bolsas plásticas lo debe solucionar el comprador, en circunstancias que los envases para el traslado de lo comprado siempre fue una obligación -o servicio- brindado por el vendedor.

En cuanto a la real utilidad de esta ley, así como muchos que se ponen a pensar un poco más allá de la apariencia inicial, concluyen que es bastante escasa. El polietileno es un gran invento tendiente a facilitar la vida a la gente; la solución no debe pasar jamás por dificultársela (¿qué viene luego: automóviles sin componentes plásticos, celulares sin plástico, encareciendo todo y perjudicando a sectores más vulnerables?). 

Además, esa prohibición incrementará la venta de las típicas bolsas plásticas negras para la basura, ya que la gente no podrá usar las de supermercado para ello y, por otro lado, aumentará la tala de bosque, para hacer frente al incremento en la producción de bolsas de papel, con los efectos que eso puede llevar precisamente contra el medio ambiente. 
Como ha dicho el Presidente de la ODECU, "producir una bolsa de papel o de género es más caro en términos medioambientales, ya que requiere más procesos, que una bolsa plástica. Esto es, desde mayor cantidad de materiales y mano de obra, hasta una mayor emisión de CO₂ al ambiente".
Las autoridades, de todos los colores, dicen sentirse orgullosas de que Chile sea el primer país en Latinoamérica que elimina totalmente las bolsas plásticas. Este chauvinismo barato resulta repulsivo.

El populismo ecológico, ante el cual se quedan sin respuesta los políticos sin carácter, ya está dando sus pésimos frutos.
Ante esta situación, el llamado es a preferir los negocios que cumpliendo la ley, porque venden al año menos de 2700 millones, siguen entregando bolsas plásticas. Y para aquellas grandes empresas, con ventas superiores a ese monto, preferir a quienes entreguen bolsas alternativas gratis o de precio reducido. 

CASO SOFIA: VERDADES Y TERGIVERSACIONES

SE DIJO (probablemente por un periodista sensacionalista que quería vender más): que el padre VIOLÓ y asesino a su hija de 2 años.

SE PROBÓ, que hasta el momento, la Fiscalía solo formalizó por un maltrato de la menor (fue sacudida violentamente, lo que le causó lesiones internas), derivando en su muerte. 

LEGALMENTE la Fiscalía postulará que aunque el ánimo del hechor fuese solo de maltratar y no matar, igual la conducta sería calificada de homicidio o parricidio, porque se puede presumir que el supuesto padre actuó con dolo eventual, ya que no podía menos que representarse que ese maltrato podía producir la muerte. 

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EN SINTESIS, lo que obviamente más indignó a la gente es la versión de que el supuesto padre VIOLÓ a su hija de dos años y luego la asesinó; la sola representación mental del acto causaba la suficiente repugnancia para alterar los ánimos de la sociedad. Sin embargo, no hay evidencia de violación o abuso sexual, hecho éste que se prueba porque la Fiscalía no lo menciona en su formalización.

El homicidio o parricidio (si es que se prueba es su padre biológico) podría estar bien encaminado, si es que las afirmaciones de la Fiscalía luego se refrendan con la prueba pertinente.

Ahora, como la Fiscalía es un actor relevante en nuestro Sistema de Justicia, una de cuyas funciones es la paz social, debiera actuar de manera de ilustrar a la población, particularmente cuando parte de ella se ha visto azuzada en sus pasiones por teorías sin sustento (violación), y ser bastante clara respecto del tipo de delito que se investiga.

Visita del papa a Chile

Noticia:

Visita del Papa a Chile: Comisión de Hacienda del Senado aprueba exención tributaria a empresas http://www2.latercera.com/noticia/visita-papa-chile-comision-hacienda-del-senado-aprueba-exencion-tributaria-empresas/

COMENTARIO

Exención tributaria significa que el Fisco de Chile deja de percibir ingresos por impuestos. Significa que todos los chilenos deberemos pagar la visita del líder de una secta religiosa.

Líder que con su ascendiente sobre sus seguidores intenta influir en la vida política de Chile (no a las relaciones prematrimoniales; no a la pastilla anticonceptiva; no a la pastilla del día después, no al divorcio, no a la despenalización del aborto, etc, etc). Inaceptable!

Fallo COMPLETO del Tribunal Constitucional que acepta aborto en tres causales.

Párrafo interesante:

"Que la Constitución se refiere al que está por nacer en el artículo 19 N °1 inciso segundo. Ahí encarga a la ley proteger la vida del que está por nacer.

El hecho que se lo entregue al legislador en nada desmerece la protección. La ley es la principal fuente de derecho.

Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, la Constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona. Ello no obsta a que sea un bien jurídico de la mayor relevancia.

En este sentido, el análisis de este proyecto de ley implica examinar que hay una medida o decisión legislativa que pondera razonablemente, entre un derecho fundamental y un interés protegido legalmente. En este caso el legislador opta por maximizar la protección del derecho constitucional a la vida de la madre o de la mujer, como es la despenalización en circunstancias

excepcionales por su gravedad y dramatismo. Ciertamente que el costo de interrumpir el embarazo y hacer cesar la gestación de una vida humana con expectativas de alcanzar el estatus de persona, es alto y puede ser doloroso, pero de ningún modo puede compararse ni es proporcional al sacrificio de la vida de una persona plena, de una mujer o una madre con un proyecto vital en pleno desarrollo en el mundo, en el medio social y familiar.

En un contexto donde el que está por nacer mantiene en el vientre materno una existencia común con la madre, sin vida individual ni autónoma, constituyendo una existencia condicionada al nacimiento y a la sobrevivencia un momento siquiera, parece necesaria y razonable la diferenciación entre una persona y un nasciturus, entre un sujeto jurídico pleno de derechos y deberes y un sujeto que es aún una expectativa de persona, una vida en ciernes, sin duda objeto de valoración por el derecho que lo protege durante el desarrollo gestacional"

 FALLO COMPLETO: https://drive.google.com/file/d/0B27SU5_iPHIPM2xCb2I2REVhNzA/view

¿SOMOS TAN BACANES PARA LOS SISMOS?

***CHILE CON SÍNDROME POSTRAUMÁTICO***

Es común ver a muchos chilenos vanagloriarse de lo bien que enfrentamos los sismos (es cuestión de ver comentarios de periodistas, gente en Youtube y otras redes sociales).

Lo cierto es que es todo al revés: la población y los medios de comunicación actúan con síndrome postraumático: sismos como los recientes, sin mayor daño o afectación de personas, generan todo tipo de reportajes, desde el famoso tema de las placas (explicado hasta la saciedad), los periodistas preguntándose entre ellos si esta seguidilla es pronóstico de algo mayor; que cada cuantos años; que si afectará otras zonas,  etc. Es decir, como una persona nerviosa, preguntando siempre lo mismo.

Porque en realidad, puede que sea habitual la ocurrencia de sismos en Chile, pero ello no llega a acostumbrar a la gente a los mismos. Por el contrario por experiencias traumáticas anteriores, la reacción es hasta más exagerada que en países no habituados (más inocentes, en cierto sentido).

Es como lo que acontece cuando a alguien le han robado dos veces en su casa....queda traumatizado con tal experiencia, por mucho tiempo, lo que conlleva a que, por ejemplo, al menor ruido o situación extraña, reacciona con temor.

No es cuestión de la correcta preocupación por modificar conductas, normas y así estar preparados; no, lo que se ve es una conducta nerviosa.

En síntesis, basta de hacernos los bacanes, con el cuento de que no nos asustamos, no corremos y otras lindezas, y asumamos que como país, actuamos como típicamente lo haría alguien que pasó por un trauma severo: estresado y pensando en qué momento ocurrirá de nuevo, haciendo siempre las mismas conjeturas y preguntas.

MARIO AGUILA

El secuestro de ciudades: nueva forma de obtener reivindicaciones (incluso las justas)

Un nefasto precedente ha dado el Gobierno de Chile, y en general todos los partidos políticos, al aceptar que se pueda secuestrar a una ciudad, para imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad (expresiones precisamente utilizadas en la tipificación del secuestro, en el art. 141 del Código Penal). 

Este mecanismo reivindicativo es un invento chileno, del cual no podemos estar orgullosos, porque se vulnera el derecho a la libertad personal, garantizado en el art. 19, Nº 7 de nuestra Constitución, y cuya afectación las autoridades han permitido con gran indolencia.

Así como no es conveniente ceder a un secuestro normal, para evitar el efecto imitación, tampoco en materia política se sienta un buen precedente cuando -por muy legítimos que sean los motivos de fondo- la autoridad política y la autoridad policial aceptan que es un buen procedimiento para lograrlos (bueno, siempre que no toquen Santiago o alguna ciudad importante).

En el caso actual, el gobierno ha llegado a un acuerdo con una serie de organizaciones de trabajadores del mar de las provincias de Llanquihue y Chiloé. No hay que ser adivino para pronosticar que en unas semanas más se volverá a utilizar, de mantenerse los efectos de la marea roja y fenómeno del niño, cuando se hayan agotado los bonos, o por el surgimiento de cualquier otra reivindicación. 

En síntesis, no sería raro que en otras regiones lo comiencen a practicar, ante lo cual el gobierno debiera, por principio de igualdad ante la ley, reaccionar de la misma manera que lo ha hecho en la Región de Los Lagos... salvo que, dándose cuenta de su error, no permita que una situación como la acaecida en este mes de mayo de 2016, se vuelva a repetir, cualquiera sea el rango del pueblo o ciudad de Chile en que ocurra.

Senado fija sanción penal a fiscales por filtraciones de casos judiciales

Me parece muy bien la norma, por lo siguiente:
1.- Porque los periodistas creen que pueden reemplazar a los tribunales al juzgar un hecho, eventualmente punible.
Basta de informar parcializadamente a la masa, que ignorante en temas judiciales, es facilmente manipulable.

2.- Porque los periodistas no hacen labor de investigación alguna. Es muy fácil usufructuar del trabajo de otro. Media gracia: ser contactado por algún fiscal o interviniente, con copias de la carpeta de investigación y presumir de investigación periodistica. No lo es. Tomar prestada la carpeta del fiscal es hurto de información. Los periodistas del Washington Post utilizaron la carpeta del fiscal para descubrir las escuchas de Nixon? No. Ellos sí hicieron investigación periodística. Los periodistas de Spotlight del Boston Globe hurtaron la carpeta del fiscal para dar luz sobre abusos sexuales de curas en EEUU? No.

Noticia en http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/03/674-673744-9-senado-fija-sancion-penal-a-fiscales-por-filtraciones-de-casos-judiciales.shtml

A inicios de este año,  la plana mayor del Ministerio Público acudió a la Comisión de Constitución del Senado a participar de la tramitación de la llamada “Agenda Corta Antidelincuencia” del Ejecutivo. Esto, para hacer valer la opinión del organismo en materia de persecusión penal de los delitos de “robo, hurto y receptación”, objetivos centrales de la iniciativa. 

Así, la fiscalía planteó su opinión sobre una serie de herramientas que otorgaría el proyecto a su labor  investigativa y persecutora, tales como la protección de testigos y nuevas formas en la toma de declaraciones. En este contexto, fue que la discusión abordó un asunto sensible para la contingencia política: la reserva de las investigaciones que llevan a cabo los fiscales. 

En este escenario fue que en enero pasado se comenzó a debatir la regulación sobre el secreto de las diligencias. En una de las sesiones de ese mes se acordó ampliar los plazos de reserva de la investigación de la fiscalía: desde los actuales 40 días que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se extendió a 90 días. Asimismo, y a propuesta del propio Ministerio Público, se endurecieron las sanciones a las filtraciones del trabajo de los fiscales, alcanzando “pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”, es decir, de 61 a 541 días. 

Este criterio fue acogido por la unanimidad de la Comisión de Constitución. El martes de esta semana, en tanto, fue aprobado por la unanimidad de la sala. No hubo debate en el hemiciclo, pues ninguno de los senadores pidió votar por separado los artículos del proyecto. La votación pasó prácticamente desapercibida. 

Con esto, se acoge una crítica recurrente expresada por los implicados en distintas causas indagadas por la fiscalía relacionadas con el financiamiento irregular de campañas políticas: las filtraciones de las carpetas judiciales de los casos Penta, Soquimich y Corpesca, que han expuesto antecedentes  comprometedores de la investigación para personeros de prácticamente todo el espectro político del país.

“Faranduliza el proceso”

La idea de sancionar con cárcel las filtraciones fue tomada  de común acuerdo entre la fiscalía y los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado, la que es presidida por Alfonso de Urresti (PS) e integrada por Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (Indep.DC), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN). 

Según el acta de la comisión, a la cual tuvo acceso La Tercera, este debate comenzó a propósito de una indicación presentada por el senador Harboe, en relación a fijar sanciones disciplinarias al fiscal y sus ayudantes “que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales”. Con esto, se abría paso a interpretaciones sobre el “deber de reserva”. 

“El Honorable Senador señor Espina puntualizó que la situación que plantea la indicación tiene lugar preferentemente cuando se producen filtraciones de la carpeta investigativa”, dice un extracto del acta de la sesión. “Expresó que esa información, difundida por los medios de comunicación social, importa una verdadera condena anticipada del imputado”, se agrega. 

Ante esto, el entonces fiscal nacional subrogante, Andrés Montes,  calificó esta situación como  “un asunto delicado”. 

“Se trata de una conducta indebida que socava el principio de objetividad y que faranduliza el proceso penal”, añadió el persecutor. 

En una sesión posterior, el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, insistió en “establecer alguna forma de sancionar las filtraciones”. En esto coincidió el senador Harboe. Luego, el fiscal Montes sostuvo que muchas de las filtraciones “son realizadas por personal ajeno al Ministerio Público”, luego que expira el plazo de 40 días de reserva.

Actualmente, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, en su artículo 64, que “los fiscales deberán abstenerse de dar opiniones acerca de los casos que tuvieren cargo”. En tanto, el artículo 182 del Código Procesal Penal, señala: “Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas”, sin explicitar una sanción sobre las filtraciones. 

Por lo mismo, el fiscal propuso a la comisión una redacción con un castigo “más contundente”, pues “la regla actual sólo hace una remisión confusa a las reglas del desacato”, explicó.  

“El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”, sentencia la indicación, ingresada por el ministro del Interior y aprobada por la unanimidad de la comisión. 

Dos meses después, la enmienda sería ratificada por la totalidad de la Cámara Alta en su segundo trámite constitucional. 

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado defiende esta penalización, a propósito del clima de desconfianza generado por casos de corrupción. “Se establece una mayor rigurosidad en relación a la obligación de reserva. Nadie puede llamarse a suspicacias cuando se pide pleno cumplimiento de la ley”, afirmó el senador De Urresti. 

Por su parte, el senador Araya agrega que “no hay que mirar el cambio bajo suspicacia, porque es norma de carácter general que no aplica solo a las investigaciones políticas. Hay que pensar en los casos de tráfico, lavado de activos y terrorismo, que requieren de reserva”.