Algunos opinólogos demuestran una ignorancia penosa cuando hacen sus comentarios. La última, cuando en el caso de la Coté López se escandalizan, en un nuevo tartufismo de mera hipocresía santurrona, por el hecho de que una niña de 17 años se muestre sensual en la televisión.
Primero: los mayores de 16 y menores de 18 años pueden trabajar en cualquier parte, con autorización de sus padres (ver artículo 13 del Código del Trabajo).
Segundo: para las personas de ese rango de edad, con la referida autorización, no hay limitación alguna al tipo de trabajos que puede realizar. Es más, normalmente vemos a modelos de pasarela de esa edad e incluso menos, luciendo trajes de baño minúsculos o definitivamente transparencias y semidesnudos y nadie se mueve a escándalo.
Tercero: no hay delito alguno respecto de una menor de edad en topless insinuado o incluso frontal (ella no comete delito ni el medio donde pueda aparecer). Ninguno. Existe el delito cuando se tiene relaciones sexuales voluntarias completas o no, con una menor de 18 y mayor de 14, cuando a ésta se encuentra enajenada mentalmente, se le engaña (no tiene idea de lo que es el sexo), cuando se aprovecha de una condición de dependencia del menor, o cuando está desamparada. También hay delito si se usa a un menor de edad para hacer pornografía (y la ley define esto diciendo que se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales).
Muchos programas de TV usan la sensualidad como gancho, y si alguna crítica hubiese que hacer es la superficialidad y nivel de tontera general de los programas que usan ese artilugio, más que mostrarse santurrones cuando aparece conveniente, para cohonestar, implícitamente, todo lo demás.
17 de julio de 2006
29 de junio de 2006
Caso neonazis: hay que censurar a los censuradores
Me parece muy bien que los medios de comunicación persigan y censuren a los neonazis chilenos, porque no se puede permitir la expresión de un grupo intolerante y que coarta la libertad de los demás. Sería bueno sacar una ley de defensa de la democracia contra este grupo.
10 de junio de 2005
El caso Lavandero
En el reciente juicio al senador Jorge Lavandero, a vista y paciencia de todo el mundo jurídico, y con la evidente complacencia de la opinión pública creada a partir de los medios de comunicación social, hemos podido ver como se ha violado la Constitución Política, a través de la infracción del nuevo Código Procesal Penal.
En efecto, la jueza, en una resolución que no pasó por la confirmación de tribunal superior alguno (porque eso está impedido por el art. 277 del Código procesal Penal), ha aceptado la presencia de testigos, denominados por los medios de comunicación como de "contexto".
Esos testigos lo que han pretendido ha sido el probar un hecho negativo para el imputado, pero que no se trata de una simple inconducta, sino que derechamente de aquellos que se adecuan típicamente a una hipótesis delictiva: abusos deshonestos o sexuales.
Debemos ser claros en señalar que la única imputación válida de un comportamiento delictual es la que se hace a través de un proceso penal, el que acaba en una sentencia firme y ejecutoriada. No puede un tribunal aceptar como hecho reprochable una imputación delictual, si ella no ha pasado previamente por la autoridad de cosa juzgada. Si no hay cosa juzgada que condene a alguien por un delito, esa persona no puede siquiera ser mancillada por una similar imputación, so riesgo de estar incurriendo en una calumnia. Y evidentemente una calumnia no puede servir para enlodar a una persona, a quien la Constitución le garantiza precisamente la presunción de inocencia.
Si se tratase de simplemente acreditar un mal comportamiento social o ético previo, sin que tal hecho revista caracteres de delito, eventualmente se podría aceptar esa prueba. Pero desde el momento en que esos hechos se presentan como derechamente delictuales, no puede probarse sino únicamente en el proceso que está destinado precisamente a verificarlos, con todas las garantías del justo proceso.
En definitiva, si se acepta una imputación más liviana de hechos pretéritos de carácter delictual, sin el debido proceso que los asiente, se afectará directamente la presunción de inocencia del imputado.
En el caso que nos ocupa, además, como ha dicho Antonio Bazcuñán Rodríguez al diario El Mercurio, esos testigos jamás pudieron ser considerados como de contexto, porque precisamente son ajenos al contexto en que sucedieron los hechos por los que se formuló acusación; tampoco de credibilidad, porque la prueba de ésta se refiere a la veracidad de los testigos directos del caso en actual juzgamiento.
El artículo 4º del Código Procesal Penal, recogiendo la obligación impuesta por nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, dice: "Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme"-.
Si el tribunal de Garantía acepta testigos ajenos a la causa, solo para dejar en entredicho al inculpado, el que a ese respecto será tratado como culpable por delitos por los cuales no ha sido juzgado ni condenado, está violando derechamente este artículo y la Constitución, en su artículo 5º, en relación al art. 8, Nº 2 del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que señala: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".
En síntesis, el tribunal de garantía debió excluir, por ser prueba impertinente, de acuerdo con el art. 276 del CPP, a todos esos testigos de hechos ajenos a la acusación del Ministerio Público, por afectar la garantía ya referida.
De haberlo hecho, probablemente hubiéramos tenido un juicio oral, donde el mérito de las pruebas de las imputaciones directas sería la determinante para la sentencia final, y no hechos ajenos a la litis, que solo han servido para influenciar a la opinión pública. Así , todos, al final del juicio, hubiéramos quedado convencidos de la culpabilidad o inocencia del senador, y no en la incertidumbre actual.
MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica
Postitulado en Nuevo Proceso Penal y en Derecho Penal Aplicado
U. Alberto Hurtado
23 de diciembre de 2003
Investigaciones paralelas
Se ha hecho común escuchar que nadie puede realizar una investigación paralela en materia de procesos penales. El nuevo presidente de la Corte Suprema ha caído en la postura de unirse a ese predicamento, sin realizar un mayor análisis jurídico.
Lo cierto es que tal planteamiento está alejado de la realidad. Cualquiera puede realizar una investigación paralela, especialmente en materia penal, en la medida que no afecte las garantías constitucionales de los demás.
El problema es que no tendrá muchos resultados si carece de la fuerza necesaria para obtener la colaboración de terceros. Porque si pretende ser eficaz, de no contar con la voluntad de otros, no podrá avanzar mucho.
En el nuevo proceso penal precisamente la Defensa del imputado estará obligada a realizar investigación paralela (con testigos, documentos y peritos) para llegar al juicio en buenas condiciones para enfrentar la prueba de la Fiscalía. Es más, dentro de los requisitos mínimos exigidos a los estudios de abogados que deseen licitar causas penales, como al que pertenece el suscrito, se contempla la presencia de un asesor criminalista o detective privado.
Lo anterior es necesario, porque pese a que el Ministerio Público está regido por el principio de la objetividad, ha quedado claro en la práctica que sólo se preocupará de recabar los antecedentes para sostener la denuncia, y no para exculpar al imputado.
En síntesis, nos parece que ha quedado claro que no existe tal prohibición de investigar paralelamente, en la medida en que no se afecten los derechos de terceros, con apremios, presiones, etc.
Nada más alejado de la realidad.
Lo cierto es que tal planteamiento está alejado de la realidad. Cualquiera puede realizar una investigación paralela, especialmente en materia penal, en la medida que no afecte las garantías constitucionales de los demás.
El problema es que no tendrá muchos resultados si carece de la fuerza necesaria para obtener la colaboración de terceros. Porque si pretende ser eficaz, de no contar con la voluntad de otros, no podrá avanzar mucho.
En el nuevo proceso penal precisamente la Defensa del imputado estará obligada a realizar investigación paralela (con testigos, documentos y peritos) para llegar al juicio en buenas condiciones para enfrentar la prueba de la Fiscalía. Es más, dentro de los requisitos mínimos exigidos a los estudios de abogados que deseen licitar causas penales, como al que pertenece el suscrito, se contempla la presencia de un asesor criminalista o detective privado.
Lo anterior es necesario, porque pese a que el Ministerio Público está regido por el principio de la objetividad, ha quedado claro en la práctica que sólo se preocupará de recabar los antecedentes para sostener la denuncia, y no para exculpar al imputado.
En síntesis, nos parece que ha quedado claro que no existe tal prohibición de investigar paralelamente, en la medida en que no se afecten los derechos de terceros, con apremios, presiones, etc.
Nada más alejado de la realidad.
20 de noviembre de 2003
Violación de la realidad - Sexualidad antes de los 14 años
Me parece que prohibir legalmente que menores de 14 años puedan tener relaciones sexuales libremente consentidas y, de paso, modificar el tipo penal de la violación, para que ahora se considere que la hay cuando una persona menor de 14 años tiene relaciones sexuales voluntarias, es una soberana estupidez e ignorancia respecto de la vida. Es a esto lo que se pretende llegar cuando se aumenta la edad del consentimiento para tener relaciones sexuales de 12 a 14 años.
Lamentablemente, siempre existirán sicólogos o médicos afiebradamente conservadores, teóricos y ajenos a la realidad, en los cuales nuestros queridos legisladores se apoyen para justificarse; sin embargo, no hacen un análisis muy aterrizado, porque basta pensar que ahora una persona que cursa primero o segundo medio no podrá tener relaciones sexuales con personas de su edad o con un par de años más, so pena de considerarse que hay violación, lo que significa que los jóvenes podrían ir a la cárcel hasta por 20 años; esto es antinatural y anacrónico. Nos estamos pareciendo a la cultura talibana poco a poco.
Si lo que se desea es evitar la precocidad en los menores, la vía de penalizarlos aparece como la más brutal, porque equivale a hacer entrar a un elefante en la cristalería, en circunstancias de que lo que se requiere es más y mejor educación sexual y apoyo familiar.
A estos extremos se llega cuando los parlamentarios legislan tratando de congraciarse con la galería.
Entendemos, en todo caso, que las referidas actuaciones están viciadas y pueden ser anuladas. En efecto, los parlamentarios actuaron presionados, ya que existe sobre ellos un manto de duda de ser "pedófilos", y para no hacer recaer sospechas extras sobre cada uno, la opción de ser él más duro y conservador era la única.
Lamentablemente, siempre existirán sicólogos o médicos afiebradamente conservadores, teóricos y ajenos a la realidad, en los cuales nuestros queridos legisladores se apoyen para justificarse; sin embargo, no hacen un análisis muy aterrizado, porque basta pensar que ahora una persona que cursa primero o segundo medio no podrá tener relaciones sexuales con personas de su edad o con un par de años más, so pena de considerarse que hay violación, lo que significa que los jóvenes podrían ir a la cárcel hasta por 20 años; esto es antinatural y anacrónico. Nos estamos pareciendo a la cultura talibana poco a poco.
Si lo que se desea es evitar la precocidad en los menores, la vía de penalizarlos aparece como la más brutal, porque equivale a hacer entrar a un elefante en la cristalería, en circunstancias de que lo que se requiere es más y mejor educación sexual y apoyo familiar.
A estos extremos se llega cuando los parlamentarios legislan tratando de congraciarse con la galería.
Entendemos, en todo caso, que las referidas actuaciones están viciadas y pueden ser anuladas. En efecto, los parlamentarios actuaron presionados, ya que existe sobre ellos un manto de duda de ser "pedófilos", y para no hacer recaer sospechas extras sobre cada uno, la opción de ser él más duro y conservador era la única.
3 de septiembre de 2003
EEUU en Irak - Censura en medios norteamericanos
Lean este artículo: http://www.observer.co.uk/iraq/story/0,12239,910381,00.html
EEUU espía a miembros del Consejo de seguridad y los medios de prensa norteamericanos censuran la información. En Chile esto ha producido un escándalo y en la CNN no aparece nada. Curioso el alineamiento entre la CNN y otros medios de EEUU y su gobierno.
¡Qué pena!...tenía en alta estima a este medio informativo.
25 de abril de 2003
Males imperiales - EEUU en Irak
En un comienzo, Estados Unidos esgrimió que la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU le permitía atacar a Irak, para desarmarlo, sin necesidad de una segunda resolución.
Como el uso de la fuerza no era explícito y tampoco se mencionaba claramente la invasión, la mayoría del Consejo estimaba necesaria una segunda resolución, en uso del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la que, sin embargo, no tuvo consenso, pese a que Estados Unidos la sometió a su consideración (recordemos, le daba 10 días para desarmarse).
Comparto la opinión mayoritaria del Consejo y, por ende, estimo que la acción militar violó flagrantemente la institucionalidad y legalidad mundial.
Suponiendo que Estados Unidos estimaba estar actuando legalmente, su alcance estaría limitado a obtener un solo objetivo: el desarme de Irak. El posterior objetivo de derrocar y cambiar el gobierno fue doblemente ilegal, porque no fue autorizado por el Consejo y tampoco se mencionaba en parte alguna de la Resolución 1441, que supuestamente sustentaba el actuar de los norteamericanos.
Y finalmente, como guinda que corona el postre, Estados Unidos se abrogó el derecho de confeccionar una lista de buscados vivos o muertos, con la creación del macabro juego de 55 naipes con las máximas autoridades del gobierno de Irak.
Esto no lo autorizó la ONU, ni podría autorizarlo jamás. Es más, el promover el asesinato, la delación, ya no sólo es ilegal sino que derechamente abyecto y repugnante para la conciencia de la humanidad.
Tal actitud requiere una opinión categórica de repudio, no sólo por violar el derecho internacional público, sino por ser abiertamente inmoral y contraria a los principios democráticos.
Aunque he estado tentado a creer en la buena voluntad e intenciones del país del norte, las mencionadas actitudes me hacen recapacitar y empezar a ver un comportamiento imperialista que, con toda seguridad, le traerá más males a ese país de los que supuestamente intentaba evitar.
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