Para el plebiscito de 1980 estaba yo en 4º medio, con 16 años de edad, de tal manera que no pude votar en contra del plebiscito convocado por Pinochet para aprobar su nueva Constitución; pero en mi entorno escolar y en las calles de Puerto Montt, hice activa campaña por el No.
A esa edad, tenía nociones sobre derechos humanos y democracia, lo que para enfrentar un régimen autoritario, era suficiente. Así que ante la oferta hecha por la Dictadura, prácticamente por el solo hecho de provenir de ella, tuve que reaccionar.
Recuerdo haber ido -junto a un puñado de compañeros de curso- a contramanifestar a la concentración hecha por el Sí en calle Varas, en escenario montado delante de Dimarsa (mucha música, locución eufórica por el Sí, globos, banderas chilenas por doquier). Al día siguiente, el Director de El Llanquihue escribía contra los alumnos del Colegio San Javier que habían participado en dicho acto, y pedía medidas disciplinarias.
Ya en la facultad de Derecho de la Universidad Católica (1981-1985), yo era del lote de opositores, que en las clases de Derecho constitucional manifestábamos nuestra postura, desde la última fila de la clase; a la más mínima posibilidad, informados con literatura alternativa, bien adoctrinados, cuestionábamos con razón la Constitución, tanto en cuanto a su origen espurio como a partes de su contenido.
Naturalmente durante toda mi época universitaria participé contra la Dictadura, a través de la DC, a la que a la sazón pertenecía, ya sea en el Distrito 1 de Santiago Centro, o a través de la Escuela de Derecho. Las protestas del año 1983 me encontraron en primera línea del Campus Oriente de la UC, uno de los campus universitarios más activos de la época, tratando de aglutinar -con inteligencia- a la mayor cantidad de gente contra Pinochet, y controlando a los anarquistas y trotkistas que querían liarlo todo, asustando a los indecisos, que necesitábamos se pasasen derechamente a la oposición.
Con la vuelta de la democracia, he votado por todos los gobiernos de la Concertación, o como se llame, y he apoyado la conducción económica implementada, esto es, economía de mercado con protección social.
Para mi examen de grado, me tuve que leer y estudiar detalladamente toda la Constitución, que a la sazón (1988), tanto criticaba.
Ese es mi curriculum.
Sin embargo, enfrentado ante el plebiscito convocado para octubre de 2020, no me queda otra opción que usar la razón y, en virtud de eso, necesariamente tener que votar en contra.
Ello es así, por varias razones:
a) Porque la Constitución que tenemos no es exactamente la de Pinochet.
En efecto, la actual es la que se ha ido modificando y mejorando en democracia, con el tiempo, aceptada por casi todo el país hasta octubre de 2019, y que ha permitido que Chile crezca como nunca antes en la historia, durante los últimos 30 años.
Esta Constitución es la que ha permitido que la pobreza haya caído desde un 40% a menos del 10% en este periodo. Grandes sectores han podido subir social y económicamente, permitiendo que nuevas generaciones lleguen a la universidad, ingresen al mercado laboral más elevado y puedan acceder a beneficios básicos e incluso darse gustos, que sus padres y abuelos no se dieron.
Eliminar la Carta Fundamental que nos rige, por el solo hecho que tuvo su origen en dictadura, llega a ser hasta infantil. Ese solo argumento cliché es totalmente insuficiente. Es politiquero.
b) Por el origen espurio de esta convocatoria a nueva Constitución.
A raíz de las protestas de octubre del 2019, amplificado por las redes sociales, que en el mundo actual es sinónimo de un rebajamiento de la calidad intelectual de la discusión, la consigna planfletera de no son 30 pesos sino 30 años, permeó a mucha gente que, hay que decirlo, aunque suene políticamente incorrecto, no usa las neuronas. Entre los hipnotizados por la consigna que se repite y repite, curiosamente están gran parte de los mismos políticos que ayudaron a crear este crecimiento social y económico en el país, y que para cada elección, alababan a su sector (en el gobierno) por lo bien que lo estaba haciendo hasta ese momento.
Como la hipnosis fue colectiva (parafraseando a Pepe Tapia, "las redes sociales, penetran"), naturalmente ella alcanzó a los políticos de casi todo el espectro, quienes, asustados, corrieron a comprarse el panfleto.
Tan temerosos de perder sus puestos quedaron, que aparentemente no les quedó otra que cohonestar las conductas de violencia extrema vividas a fines del 2019 y principios del 2020. Callaron, las trataron de explicar, de empatar con la violencia contra los pobres, etc. Y estoy hablando de toda la gente de izquierda, prácticamente toda la del centro y hasta algunos de derecha.
Luego viene la reacción asustada que implicó el llamado a una nueva Constitución, como forma de tranquilizar a la masa no pensante, a los violentos.
En efecto, a esas alturas, pese a que el tema de la nueva Constitución no estaba entre los intereses inmediatos de la gente, ciertos políticos avispados, de un extremo del espectro político, seguidos por otros políticos y periodistas poco avispados, empezaron a recorrer el camino de plantear que esa era la solución y que eso tranquilizaría a los descerebrados.
Y así estamos ahora: a las puertas de quedar sin Constitución alguna, dado que han convencido a la gente que hay que partir de cero, y que la masa vociferante, no pensante, impondrá los candidatos que se inclinen ante ella, para fijar las bases mínimas de nuestra sociedad.
c) Porque hasta antes del descerebramiento masivo, la gente no estaba preocupada de la Constitución.
Las encuestas demostraban que no era un tema para la gente. La seguridad pública, la salud, la educación sí lo eran, y con toda razón.
d) Porque consultados aquellos que desean una nueva Constitución respecto de qué cosas distintas debería contener, se reciben respuestas sumamente vagas.
Que las AFP, que el derecho de aguas, que el rol subsidiario del Estado, etc.
Algunas de estas cuestiones son de rango puramente legal (el régimen previsional dice expresamente el art. 63, Nº 4 que es de rango legal), y aún así la gente desinformada cree que tiene que ver con la Constitución. Incluso el rol subsidiario del Estado no está en norma alguna concreta de la Constitución, motivo por el cual la mayor ingerencia del mismo perfectamente se puede implementar con la ley o incluso con alguna modificación constitucional particular, como la del art. 19, Nº 21 inciso 2º que limita la actuación del Estado en la actividad económica del país. Si hay tanto apoyo popular, ganarse el Congreso para modificar la Constitución no debiera ser tarea difícil.
Insistimos: hay cuestiones sensibles que son de solución estrictamente legal. Hay otras que efectivamente exigen un cambio constitucional: que el derecho de aguas en favor de la nación toda se respete y se incluya expresamente; que el control ético de las profesiones vuelvan a los colegios profesionales, modificando el art. 19, Nº 15; que se elimine la falsedad en que cae esta Constitución en el art. 19, Nº 1 cuando le da la calidad de persona al feto y así penalizar el aborto; que haya mayores garantías de índole social en el art. 19. Pero el 80% de la Constitución, con las demás garantías individuales que se protegen, como el derecho de propiedad del art. 19, Nº 24, de desarrollar cualquier actividad económica del art. 19, Nº 21, de tener un Banco Central autónomo de los políticos que quieren hacer girar la máquina de hacer billetes para ganarse a la masa (art. 108), debiera quedar incólume, porque es la que nos ha hecho progresar en estabilidad todos estos años. Es lo que nos ha diferenciado de Argentina, por ejemplo.
e) Porque la Constitución no está para resolver en lo inmediato los problemas económicos y sociales de la gente.
Como los vociferantes lo quieren todo ahora y ya, se llevarán una sorpresa cuando tengan la Constitución a su medida.
Que actualmente sigue habiendo gente que la pasa mal, es verdad. Pero hasta octubre de 2019 eran cada vez menos, y comparativamente menos que el resto de naciones del continente. Muchos de los "buenistas" y sectores de clase media que protestaban, lo hacían dado el nivel de endeudamiento en que muchos sectores incurrieron para incrementar su nivel socioeconómico, más allá de sus posibilidades reales.
f) Porque ya hemos visto como la masa actúa contra los disidentes: funas.
A un jueza por dictar una resolución, a un político que no opina como la masa. Cuando la Convención Constituyente discuta un tema, y las redes sociales y la masa se hipnoticen con un posición populista, aparecerán las funas y acosos a quienes opinan racionalmente distinto. Ahí estaremos ad portas de tener una norma constitucional que obviamente será desastrosa, o que por falta de consenso, luego se imponga por simple mayoría legal.
g) Lo anterior se sustenta en una cuestión de fondo: yo no creo en la cultura cívica ni en la educación de los chilenos.
No le tengo ninguna confianza a los chilenos, a diferencia de algunos que tienes sus dudas, pero tratan de autoconvencerse de que de esto puede salir algo bueno. Qué ingenuos. No ven lo que ha sucedido con los ataques físicos y funas cuando alguien opina distinto a lo populista, y la masa asiente o calla (como ocurría con la actuación de los nazis en los primeros años de Hitler: el Estado atacaba y la masa asentía o callaba). Hay que estar ciego para no darse cuenta del comportamiento de la masa durante el último año, desde octubre de 2019 a octubre de 2020.
Chile va para ser un país populista. Ya ha dado muestras de ello con la retirada del 10% de los fondos de la AFP (pan para hoy y hambre para un rato más). Nada de equilibrios ni ahorros fiscales para, entre otras cosas, una próxima pandemia. Gastar todo, ahora ya.
Deberá pasar lo que pasa en Venezuela o Argentina, para que ello se revierta, con todos los costos y secuelas que por años y tal vez décadas tendremos. Pero esta pasada por el desierto, de muchos, demasiados años, no la evita nadie.
h) En síntesis, con este paso irracional a lo desconocido es muy poco lo que constitucionalmente y socioeconómicamente podemos ganar, y mucho lo que podemos perder.
Las matemáticas no fallan.
Pongo la fecha a este comentario: 12 de OCTUBRE DE 2020.
MARIO AGUILA
