30 de octubre de 2007

Posición de la iglesia catolica y farmacias respecto de anticonceptivo de emergencia

1.- La iglesia católica tiene una postura clara: el sexo, por placer, no se justifica. Las relaciones sexuales pueden existir solo en pos de la procreación, debido a lo cual están permitidas solo para después del matrimonio.
Es decir, este organismo sigue prohibiendo las relaciones pre-matrimoniales.
Sigue prohibiendo los anticonceptivos normales.
Prohíbe el divorcio.
Es natural que la iglesia prohíba el anticonceptivo de emergencia.
¿La conciencia de SalcoBrand Sociedad Anónima está de acuerdo con todo eso?

2.- Las Farmacias están obligadas, para funcionar, a vender los medicamentos que están en el formulario nacional. Alegando libertad económica, ¿alguna vez antes se habían opuesto a eso?

Ahora nos toca a nosotros - Democracia acomodaticia

La DC dice que la Concertación "debe reconocer que ahora nos toca a nosotros". Con mucha más razón la Alianza podría decir lo mismo.
Parece que algunos toman la democracia solo cuando les conviene y tienen asegurada una elección.

29 de octubre de 2007

Farmacias y píldora del día después

En el caso Farmacias Salco/Brand y su inserto en la prensa escrita, es necesario puntualizarles claramente lo siguiente:

1.- Hace años que no se veía que una empresa se involucrara directamente en política contingente. Y lo ha hecho, porque el tema de la píldora del día después ha estado en el debate público. Y en este debate, para mal de esta empresa, la opinión publica se inclina mayoritariamente por lo resuelto por el Estado de Chile. Que los Directores de una empresa tengan su propia moral religiosa no debiera hacerlos incurrir en actos de política contingente, por cuanto no solo es impropio, sino que porque es, además, imprudente para sus propios negocios.

2.- El Estado de Chile, a través del Parlamento, el Gobierno y el Poder Judicial ya se han pronunciado sobre la famosa píldora. Algunos debates posteriores, a destiempo, no cambian esa situación. Por ende, ya no solo es inconveniente que una empresa se inmiscuya en temas políticos, por las razones ya dadas, sino que porque haciéndolo intentan, con hechos concretos de desobediencia, infringir el ordenamiento jurídico nacional.
No puede una empresa pretender avalarse en lo que opina un sector político minoritario, para infringir normas legales y administrativas. En ese sentido, la autoridad debe actuar con firmeza, porque el día de mañana otra empresa, -que encuentre que la opinión política de un sector del país le gusta más que la de la autoridad legítima constituida que está ejerciendo sus funciones-, intentará incumplir otras normas legales. Eso implica derechamente la afectación del Estado de Derecho por una organización que, por mucho respaldo económico que tenga, igual debe cumplir la ley.

12 de octubre de 2007

Vanidad jurídica

Un juez se dedica, en democracia, a defender los derechos humanos, y parece que de manera irremediable se le van los humos a la cabeza. Ya lo hemos visto más de un par de veces.

Cerda hizo gestos importantes en dictadura, pero es lamentable que ahora la vanidad personal lo haga incurrir en actos faranduleros, como recibir un premio de un tercero interesado, por meramente cumplir su labor; dictar cátedra, hacer discursos políticos como el de ser un "Juez de la gente, de todos", salirse de madre y comentar públicamente lo que pasa en su causa, en vez de quedarse callado, haciendo su labor.

¡Que pena!

El reconocimiento debiera esperarse y recibirse con más modestia.

2 de agosto de 2007

Inconstitucionalidad del femicidio

La Constitución de Chile dice: "Artículo 1º. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

Así las cosas, si se pretende que exista un delito agravado por el solo hecho de ser la víctima de un sexo determinado, implica hacer un distingo inconstitucional. Cuando la diferencia de pena está dada solo por el sexo de la persona y no por las circunstancias de comisión del delito, de lleno se está dando menos valor a la vida de un ser del género masculino, lo que es inaceptable moral y legalmente.

En fin, hablar de "femicidio" (palabra inexistente en la Lengua Castellana) es una forma bastante poco feliz de enfrentar el tema; con terminología populista y medidas del mismo tenor no se enfrenta de verdad un problema que tiene un origen educacional y cultural, que exige análisis más racionales y reposados.

Parlamentario Espina y Poder Judicial

Me ha impresionado el parlamentario Espina por su valentía; jamás pensé que pudiera tener el coraje para hacer lo que hizo al enfrentar a los jueces de garantía, cara a cara.
Yo entiendo que los votos lo dan las masas, cuyo conocimiento de las leyes es mas bien limitado, por lo que con algo de retórica se le puede convencer fácilmente, mas aún respecto del tema de la delincuencia, tan caro para el interés ciudadano.
Del mismo modo, entiendo y se, dada mi calidad de abogado, que a nivel intelectual y jurídico (entre abogados y jueces), el accionar del senador Espina se ve con bastante pena e incluso molestia, dada la poca sutileza jurídica que presenta al enfrentar los problemas. Pero el colega Espina, que poco o nada ha ejercido como abogado, no tiene vergüenza alguna de lo que puedan pensar los especialistas cuando escuchan sus palabras, esto es, abogados y jueces. Para él lo importante es manejarse bien a nivel comunicacional y de retórica con quienes le dan los votos. Los jueces y abogados dan pocos votos.
Por eso es que confrontado por los jueces pensé que simplemente se correría por la tangente; craso error. Los enfrentó y se atrevió a repetir, en base a argumentos bastante simples y ajeno a sutilezas jurídicas, sus propias apreciaciones destinadas a la masa. Realmente hay que ser muy, pero muy "valiente" para eso.
Hablando en serio, es lamentable el espectáculo que da este personaje; su afán de protagonismo político no para mientes en destruir y desprestigiar de manera bastante fácil y efectiva a un Poder del Estado.
En el último caso de los boqueteros ha dado un triste espectáculo. Primero, se entromete en un caso en curso y con apelación pendiente. No entiende que todos los días se ven resoluciones que son revocadas por la Corte de Apelaciones. Revocaciones mas, revocaciones menos, ese es el procedimiento establecido. Si hay una interpretación distinta por el superior jerárquico, esa prevalecerá (correcta o no).
Espina ha dicho, tras revocarse la resolución de la Corte de Apelaciones:
"Yo quiero saber quién tenía la razón pues, ¿quién tenía la razón?, ¿la jueza o nosotros?, eso es lo que me gustaría saber, que contestaran los críticos a nosotros quién tenía la razón " (fuente).
Hay que ser claro: eso demuestra que NO tenía razón. Primero, porque el Poder Judicial tiene mecanismos para contrastar las apreciaciones de los tribunales., por lo que su mediática aparición pública, que indudablemente (lo sabe bien) le sube en los ratings, era totalmente innecesaria respecto del tema de fondo (absolutamente necesaria para sus propios intereses).
Segundo, la presentación voluntaria de los imputados, estando libres, y tras la revocación hecha por la Corte, demuestra precisamente que no debiera haber temor de su libertad, porque ella no será obstáculo para el avance de la causa. Pudiendo escaparse, no lo hicieron. Parece que la Jueza entendió mejor la situación que el señor Espina.
Como este round lo perdió, se ha dedicado en concentrar las criticas en el tribunal (otra vez) con el incidente de la presentación de los imputados. Este incidente, con la insistencia en que los imputados deseaban quedar en prisión preventiva, sirve, con mayor ahínco, para demostrar que no son peligro para la investigación, ni para la sociedad. Eso es lo interesante del hecho producido, y no lo accesorio relacionado con su no detención inmediata. Lástima que los medios de comunicación (que caen en el juego retórico de estos saltimbanquis comunicacionales) vuelvan a perder el norte, al confundir lo principal con lo accesorio.
En este sitio próximamente pondré las estadísticas públicas que desmienten la campaña parlamentaria de Espina.

12 de julio de 2007

¿Existe el Colegio de Abogados de Chile?

Me pregunto si existe el Colegio de Abogados de Chile. Lo digo, porque no se ha sabido si tiene opinión respecto de las criticas de Espina y otros personajes al Poder Judicial.
Cuando hay problemas de salud, rápidamente el colegio de la orden sale a la palestra, porque, verdad o no, se dice voz autorizada.

Cuando todo el mundo discute de materias legales y de cómo se conducen los Tribunales de Justicia (prisiones preventivas, etc) , en vez de tener que ver a los periodistas entregando información deformada, o a políticos como Espina -que jamás han ejercido el derecho-, sería interesante que la opinión pública pueda escuchar una análisis mas técnico y menos emotivo de los temas que preocupan a la ciudadanía.

4 de julio de 2007

Carta abierta al Subsecretario del Interior Felipe Harboe

Los políticos son cada vez más temerarios: ahora el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, con ocasión del bullado caso denominado por los medios de comunicación como de "los boqueteros", se dedica a comentar las resoluciones judiciales de la crónica roja, hasta el detalle de si es correcta la calificación jurídica de tentado o consumado de un delito. ¿Ha escuchado alguna vez la expresión "Separación de Poderes"? ¿Ha visto, por último, la TV, cuando sus congéneres proclaman que el Gobierno acata y no comenta resoluciones judiciales?
Le sugiero que estudie un poco de Derecho Constitucional o vea más televisión.

22 de junio de 2007

Intromisión de políticos en causas en actual tramitación

Patricio Walker, Presidente de la Cámara de Diputados, ha criticado a los Tribunales de Justicia por haber concedido la libertad provisional a una persona acusada de un delito sexual.

Me pregunto hasta cuándo los políticos se entrometen en las decisiones de los Tribunales. La pregunta es asaz legítima, porque no es prudente que el Presidente de la Cámara Baja haga ese tipo de comentarios, máxime cuando a raíz de los mismos se ven tentados a legislar para que los jueces luego fallen segun su personal gusto.
Una sociedad democrática y un Estado de Derecho reconocen como uno de sus pilares básicos el de la separación de poderes; eso implica que uno de ellos, que legisla lo que el otro aplicará, no puede darle recomendaciones, porque sabe que esas recomendaciones vienen con una presión: si no fallan como nuestro Poder Legislativo quiere en una causa en particular, entonces le modificaremos las leyes. Este chantaje jurídico no debe ser tolerado por los hombre de de derecho de nuestro país.

7 de junio de 2007

Presiones de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor

La Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) está requiriendo a restoranes y bares que paguen ciertos derechos por usar el Repertorio de obras musicales que ellos representan.

Quiero advertir que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no hay que pagar si se reproduce música proveniente del televisor o de la radio; actualmente podría decirse lo mismo si se reproducen obras desde Internet.
Sí habría que pagar si se reproduce un CD o DVD o si se ejecuta en vivo.
Sin embargo, en estos casos sería recomendable que cada establecimiento sometido a dicha presión exija a la SCD le remita el detalle del Repertorio de obras que tiene, porque efectivamente solo aquellas que ellos tengan pueden estar amparadas, de tal manera que si el local comercial ejecuta otras obras, no debe pagar. De hecho sabemos que gran parte de la obra extranjera no está bajo la tutela del SCD.
Es bastante extraño que el famoso Repertorio que dicen tener no aparezca en su sitio de internet.

Ver fallos y comentarios jurídicos AQUÍ.

29 de mayo de 2007

Fernando Paulsen y cierre de un canal de TV

Me he sorprendido por la defensa que ha hecho el periodista Fernando Paulsen, en Chilevisión, por lo que él denominada el bastante normal término de una concesión televisiva (Radio Caracas Televisión). Lo del senador Navarro y su cuestionado sustento democrático, no es novedoso.

Es lamentable que una persona como Paulsen que sufrió la censura, porque ahora la practique un gobierno de izquierda, se compre las débiles justificaciones que se dan para ello.
Si un canal de TV complotó contra un gobierno, lo democráticamente esperable es que eso se acredite en juicio que respete el debido proceso. Claro, porque la subversión del orden democrático se castiga, para casos muy calificados y no por el hecho de declararse opositor, en todas partes, pero no por decreto, sino que a través de procesos.
Paulsen ni es abogado, pero su criterio debió decirle que las banales argumentaciones de Chávez exigían el procedimiento democrático de rigor.