En un comienzo, Estados Unidos esgrimió que la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU le permitía atacar a Irak, para desarmarlo, sin necesidad de una segunda resolución.
Como el uso de la fuerza no era explícito y tampoco se mencionaba claramente la invasión, la mayoría del Consejo estimaba necesaria una segunda resolución, en uso del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la que, sin embargo, no tuvo consenso, pese a que Estados Unidos la sometió a su consideración (recordemos, le daba 10 días para desarmarse).
Comparto la opinión mayoritaria del Consejo y, por ende, estimo que la acción militar violó flagrantemente la institucionalidad y legalidad mundial.
Suponiendo que Estados Unidos estimaba estar actuando legalmente, su alcance estaría limitado a obtener un solo objetivo: el desarme de Irak. El posterior objetivo de derrocar y cambiar el gobierno fue doblemente ilegal, porque no fue autorizado por el Consejo y tampoco se mencionaba en parte alguna de la Resolución 1441, que supuestamente sustentaba el actuar de los norteamericanos.
Y finalmente, como guinda que corona el postre, Estados Unidos se abrogó el derecho de confeccionar una lista de buscados vivos o muertos, con la creación del macabro juego de 55 naipes con las máximas autoridades del gobierno de Irak.
Esto no lo autorizó la ONU, ni podría autorizarlo jamás. Es más, el promover el asesinato, la delación, ya no sólo es ilegal sino que derechamente abyecto y repugnante para la conciencia de la humanidad.
Tal actitud requiere una opinión categórica de repudio, no sólo por violar el derecho internacional público, sino por ser abiertamente inmoral y contraria a los principios democráticos.
Aunque he estado tentado a creer en la buena voluntad e intenciones del país del norte, las mencionadas actitudes me hacen recapacitar y empezar a ver un comportamiento imperialista que, con toda seguridad, le traerá más males a ese país de los que supuestamente intentaba evitar.
