Sociedad y Derecho

Nuevas movilizaciones de la Confech en época de navidad y Año Nuevo

2011-12-14T11:11:00.003-03:00

Anunciadas para el 22 de diciembre y para el 8 de enero.
Tan desubicados en el espacio y el tiempo están estos gallitos?

El Jefe de la Fach -Jorge Rojas- debe renunciar

2011-09-11T20:52:00.004-03:00

No puede ser que el superior jerárquico del fiscal aéreo que investiga el accidente, diga que la Fach no tiene responsabilidades. Esa declaración del superior jerárquico obviamente que condiciona la imparcialidad del fiscal aéreo.
Echarle la cupa a los pájaros me pareció tan metida de patas como lo del Shoa. Depositar toda la culpa en el clima, también es una forma de presionar al fiscal aéreo.
Jorge Rojas, de la Fach, debe renunciar.
Lamentable que Allamand ahora pretenda tapar esa metida de pata, alabando desmedidamente la labor de la Fach. Una cosa es apoyar los esfuerzos de recuperar cuerpos, y otra muy distinta es asumir una investigación seria para establecer responsabilidades institucionales, sin tapar nada, como hasta ahora está sucediendo en la Fach.

Etica periodística ante los movimientos sociales que son populares

2011-08-19T14:33:00.001-04:00

¿A los estudiantes de periodismo no le enseñan Etica Periodística y el principio de objetividad?

Me he dado cuenta que cuando una causa es popular, como la de los estudiantes o la oposición a Hidroaysén, pierden toda objetividad. Ya no buscan cuestionar los planteamiento de los sectores en pugna, sino que se abanderizan derechamente por una de la posturas.

Y esto es cuestionable porque saben perfectamente el poder que tienen sobre el resto de la población.

Cuantas veces hemos visto que entrevistados los estudiantes o profesores, las preguntas resultan insulsas, y no cuestionan sus propuestas o la inexistencia de propuestas concretas. Y, al revés, cuando entrevistan a autoridades de gobierno, analizan una por una sus propuestas y cuestionan las mismas (lo que me parece muy bien). Vemos que en las marchas más que narrar lo que sucede, la mayoría de los periodistas o reporteros se dedican a entregar emocionados adjetivos de lo hermoso que están viendo. Por favor: nos gustaría una prensa como en los países desarrollados, donde las posturas editoriales se hacen en comentarios separados, y no con ocasión de entregar la noticia.

Y esto tiene graves repercusiones, porque si los comunicadores sociales no entregan los antecedentes fácticos para conocimiento del público, ni cuestionan posiciones con pies de barros, todo el debate pierde calidad y se torna en mera emotividad. La impronta de un país serio la construimos todos, y en donde los periodistas tienen una responsabilidad social de primer orden.

POPULISMO - PLEBISCITO - ENCUESTAS

2011-08-10T02:02:00.003-04:00

Gobernar por las encuestas es nefasto. Dicen que el 80% está en contra del lucro en la educación, y que por lo tanto, los parlamentarios no pueden sino apoyar su eliminación.
Este es un análisis muy básico: si se encuesta a la gente de si le gustaría que el PAN fuera gratis, seguro que el 80% dirá que si. Si preguntan que los arriendos de casas tenga un precio máximo de $100.000, seguramente el 80% estará de acuerdo. ¿Significa que los parlamentarios, sin poder racionalizar la discusión, deberían apoyar eso, o le hacemos marchas todos los días?
Seguir las encuestas es ser populista: la gente actúa con emociones y no necesariamente con la razón.
Por otra parte, los plebiscitos se usan por las dictaduras, que buscan decisiones emotivas (Pinochet, Castro, Chávez). En una democracia la gente actúa a través de sus representantes. Si los jóvenes quieren cambiar las cosas, planifiquen bien: inscríbanse, voten por quienes puedan canalizar sus ideas y luego exijan a sus parlamentarios el cumplimiento de las promesas. Si no se inscriben, se friegan no más, y no pueden quejarse.
Ahora, en el caso actual, es lamentable que los medios de comunicación no enfaticen que el movimiento estudiantil está manejado externamente por el Partido Comunista.
Esto pone más en evidencia la necesidad de modificar el sistema binominal de elección de parlamentarios (actualmente se eligen 2 parlamentarios por zona, lo que lleva a que los dos primeros y únicos lugares siempre los ocupen la Concertación y la Alianza), para que las fuerzas como el PC hagan valer sus puntos de vista en el Congreso, y no usen a los estudiantes y a los gremios, para obtener en la calle, con piedras si es necesario, lo que no han podido racionalmente lograr en el parlamento.

Movimiento Populista de Chile

2011-08-07T09:21:00.001-04:00

Coincido con Alfredo Jocelyn-Holtz: a partir de la actitud de ciertos dirigentes sociales, como los de los estudiantes, se está creando un movimiento transversal a varios partidos de la Concertación, con énfasis en el populismo y con claras coincidencia con movimientos similares en Latinoamérica, que ha llevado al gobierno a los Chavez, Morales y Kirchner.

Creíamos estar en un país serio, que tomaba medidas de progreso social con sentido de responsabilidad económica y con soluciones sustentables en el mediano y largo plazo. Es lamentable que por hacerse los simpáticos con las peticiones de ciertos gremios, y atendida su desastrosa performance en las encuesntas, la Concertación -que en sus gobiernos dio muestras de progreso social, pero de manera racional-, se haya integrado a este Movimiento Populista de Chile.

Canal 13 desmantela TVN. ¿Para qué?

2010-10-27T08:55:00.000-03:00

Hipótesis:
1) Luksic es de derecha (dueño de Canal 13).
2) La derecha siempre ha querido privatizar TVN, porque es más fácil controlar en el área privada, que a un canal con los contrapesos de TVN.
3) Si TVN no fuera lo que es, Nº 1 en sintonía, y le fuera mal, ya estaría privatizado.
Saque sus conclusiones.

Mapuches procesados por incendiarios en huelga de hambre

2010-09-10T20:19:00.009-04:00

La locura se instala en Chile: Gobierno y Parlamento presionados por una huelga de hambre.

El Gobierno, apurado por no perder los puntos de rating. La Concertación, actuando con populismo, perdiendo la cordura que tuvo cuando estaba en el gobierno.

La derecha se oponía a reformas a la Ley Antiterrorista. ¿Por qué cambia ahora? Porque para Piñera lo primero es SU popularidad...y la Alianza, todavía baja la cabeza ante eso.

La Concertación, que aplicó la Ley Antiterrorista, se aprovecha de esa debilidad y actúa AHORA con populismos, pidiendo su no uso, congraciándose con una causa que los medios han puesto como emotiva.

¿Han cometido delitos terroristas los mapuches que están acusados de organizarse para incendiar inmuebles, edificaciones, en terrenos que pretenden para sí?

Bueno es ver lo que la ley dice al respecto:

Source: LEY-18314 17-MAY-1984 MINISTERIO DEL INTERIOR
Address : http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731&buscar=18.314
Artículo 1°.- Constituirán delitos terroristaslos enumerados en el artículo 2°, cuando en ellos concurriere alguna de las circunstancias siguientes:
1a Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma
especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas.
Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran
poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u
objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos.
 Artículo 2°.- Constituirán delitos terroristas, cuando reunieren alguna de las características señaladas en el artículo anterior:

    1.- Los de homicidio sancionados en los artículos 390 y 391; los de lesiones penados en los artículos 395, 396, 397 y 399; los de secuestro, sea en forma 

de encierro o detención, sea de retención de una persona en calidad de rehén, y de sustracción de menores, castigados en los artículos 141 y 142; los 

de envío de efectos explosivos del artículo 403 bis; los de incendio y estragos, reprimidos en los artículos 474, 475, 476 y 480; las infracciones contra 

la salud pública de los artículos 313 d), 315 y 316; el de descarrilamiento, contemplado en los artículos 323, 324, 325 y 326, todos del Código Penal.

Si las instituciones funcionan en Chile, bueno, que lo prueben y apliquen todo el rigor de la

ley en contra de quienes -mapuches o no- se establezca han incurrido en terrorismo.

Si se estima que la ley requiere cambios, nos parece que legislar con una pistola en el pecho

no es propio para un país que se dice serio.

Telefonazo de Piñera pone fin a proyecto que había obtenido aprobación en organismo técnico

2010-08-27T09:03:00.000-04:00

Con la intervención de Piñera, nos estamos pareciendo a Argentina y Venezuela, donde no se respeta la institucionalidad y donde no hay certeza jurídica. Así cualquiera va a invertir con mucho gusto...en otra parte.
Si la normativa fuese mala, cambiarla pues, pero en ningún caso a punta de telefonazos.
Curioso que en un gobierno de derecha se viole tan flagrantemente los derechos de los emprendedores y se apuntale al lado del populismo. Recuerdo que Bachelet, en cambio, ante una medida impopular como la suspensión en la construcción del puente sobre el Canal de Chacao, optó por una respuesta racional y técnica.

No es presentable que el Presidente Piñera, ante su primera prueba de fuego, que ni siquiera la tomaba él sino que un organismo técnico, opte por congraciarse con quienes opinan desde el lado de la emotividad.

Lamentablemente así es como, plagado de buenas intenciones para con el pueblo y con el ánimo de complacerlo a corto plazo, Chávez y Kirschner se vuelven populistas, a costa del Estado de Derecho. Y si se deja que esto se haga una forma común de gobernar en Chile, perderemos todo el prestigio de país serio, que habíamos ganado con tanto esfuerzo.

Redes sociales, gobernantes y populismo

2010-08-26T14:33:00.000-04:00

Un comentarista dijo que el cambio de criterio de Piñera, respecto de la termoeléctrica en el norte chico, es una muestra del poder de las redes sociales (Facebook y similares).

Mi impresión es que el riesgo es que Internet lleve a los gobernantes a actuar con populismo, con el afán de congraciarse con la gente.

Y no tiene nada de democrático escuchar la voz de las campañas en las redes sociales, ya que es claro que quienes participan en ellas, en general se mueven emocionalmente y no por análisis racionales o técnicos. Generalmente la masa sigue ciertas tendencias, ciertas informaciones que vienen ya prejuzgadas por ciertos periodistas poco acuciosos (no se si hay de los otros), sin hacer un discernimiento personal.

Contrario a todo eso el gobernante debe ser capaz de mirar más a largo plazo, aunque sea impopular. Naturalmente pedirle a Piñera que sea impopular es un desatino.

Y ERAN 34 VIVOS

2010-08-22T16:41:00.004-04:00

Sólo 33 eran mineros.

El aprovechamiento de Piñera, retrasando varias horas la entrega de la información del contacto con los mineros, para luego aparecer con la carta, es detestable.

Y eso no es todo.

En CNN en Español entrevistaban a un ingeniero en minas extranjero: dice que el rescate se puede hacer en mucho menos de los 3-4 meses que pregona el gobierno. ¿No estaremos ante otro intento comunicacional de Piñera de exagerar el tiempo, para luego mostrar un mejor logro ante un rescate más rápido? Recordemos que hizo lo mismo con el terremoto: habló de 30 mil millones de dolares, para resultar que eran en realidad solo 8 mil millones.

La falta de escrúpulos de Piñera (recuerden como instruía a un periodista para dejar como cabra chica a Evelyn Matthei en el Piñeragate; o el uso de información privilegiada para comprar acciones, por lo cual fue sancionado), da para todo.

El problema real de Piñera

2010-03-24T12:10:00.005-03:00

El problema de Piñera es que no se ha dado cuenta todavía, en su hiperactividad, que es Presidente de Chile y que ya no podría aspirar nada más alto en la vida. Si meditase un poco debiera perder interés en todo lo material y concentrarse en hacer el mejor gobierno de la historia. Grandes fortunas han llegado a esa conclusión (Bill Gates el mejor ejemplo). Paran de usar la calculadora y se dedican a grandes obras o a la filantropía.

Un tipo más cerca de la muerte que de una gran vida por delante, como Piñera, debe alejarse de la cosa pequeña, de la ganancia inmediata en el manejo de su patrimonio.

No creo que sea necesario que sufra un percance que lo acerque aún más a la muerte para que se de cuenta de eso. Por algo se dice inteligente.

Gobierno de Bachelet, en dos palabras

2010-03-12T00:08:00.005-03:00

Bachelet: buen gobierno.

Implementó desarrollo humano a nivel de sala cuna y en la vejez, con la reforma previsional. Un manejo económico responsable (que ameritó Ingreso a OCDE), la implementación y ampliación de la salud con el auge. Mejoras en las viviendas sociales. Nuevos procedimientos judiciales; mejora en procedimientos administrativos y transparencia.

Reforma educacional consensuada con todos los sectores políticos.

Independencia enérgetica (planta de GNL).

Será difícil superar estos logros. Voté por Piñera esta vez, porque Frei fue poco democrático y salía mal olor de la Concertación, particularmente de quienes se han apernado en cargos públicos, muchas veces sin tener capacidad. Pero con gusto votaría por ella de nuevo.

He dicho.

Votaré por Piñera

2009-12-28T08:44:00.005-03:00

Voy a votar por Piñera, pero al día siguiente estaré en la oposición.

He votado por Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. Fui opositor activo contra Pinochet. Pero la forma en que el anodino y parco de ideas Frei se autoimpuso como candidato, amerita que el repudio se transforme en un voto en su contra. Además, cuando ya nadie puede negar el olor que empieza a emanar desde la Concertación, hay que abrir las ventanas y puertas para airear el ambiente.

La muerte de Frei que beneficia a Frei

2009-12-07T20:30:00.009-03:00

De acuerdo con el auto de procesamiento dictado por el Ministro Madrid en contra de varios médicos y otras personas, sus deducciones para concluir que hubo un envenenamiento intencional de Eduardo Frei Montalva no pasan de ser una sospecha, y no una presunción fundada de existir el hecho punible.

No hay claridad alguna; más aun, critica en su resolución el que se le haya recetado ciertos elementos, como el Transfer Factor, sustancia que según algunos médicos, es tan inocuo como una vitamina. ¿De qué estamos hablando?

Así las cosas, y habiendo escuchado al ministro con la fanfarria con la cual le dio relevancia a su resolución, con conclusiones políticas y lecciones morales, impropias de la seriedad que se le exige a un magistrado, no dudo que él tiene una inclinación política evidente, y que trató de favorecer a Eduardo FreiRuiz-Tagle con su apresurada y oportuna resolución.

Lamentablemente Frei Ruiz -Tagle se ha aprovechado políticamente, no de la muerte de un padre, que OBVIAMENTE no se buscó para ganar na elección (eso sí sería inmoral, e ilógico), pero sí se ha aprovechado de una investigación judicial, para provocar lástima en el electorado, sabiendo que la lástima siempre concita el apoyo de la gente.

Vuelvo a la época de la dictadura militar en Chile y la muerte de Frei y recuerdo la impotencia que eso me produjo. Visitaba a mis abuelos en Concepción, el verano en que ocurrió. La lloré.
Lástima que haya terminado en esto, con un hijo que no le llega ni a los talones, aprovechándose de la investigación de esa desgracia para obtener dividendos políticos.

Ps.
Ver interesante artículo del historiador Cristian Gazmuri. Creo que después de 7 años, todavía no aparece la prueba para hablar de asesinato.

Honduras no se somete

2009-12-03T00:54:00.006-03:00

Nadie ha dicho que el Parlamento Hondureño no sea legítimo; nadie ha dicho que haya sido un Parlamento elegido a dedo después de la destitución de Zelaya. Por el contrario, no está en duda su origen democrático.

Entonces, respetando la separación de poderes, todo el mundo debe tener claro que la decisión de ese Parlamento se sustenta en los derechos que la democracia concede a los representantes del pueblo. Puede que no guste, pero es democrática.
Y el acuerdo firmado le entregaba al Parlamento precisamente la atribución de aceptar o rechazar la restitución de Zelaya.

Por otro lado, Zelaya, en entrevista a la BBC, dijo que NO aceptaría la restitución:

"No. Yo no acepto restitución. No acepto restitución para ir a legitimar un fraude ni para ir a legitimar o a blanquear un golpe de Estado".

Entonces, no se a qué viene el rasgamiento de vestiduras de Ricardo Lagos, Insulza y varios países, ante la decisión democrática de un poder del estado hondureño.

Zelaya fue destituido por los demás poderes del estado hondureño; fue incorrectamente expulsado del país, y ahora tras las elecciones, todo ha vuelto a su cauce constitucional. Fin de la historia.

Paro ilegal e ilegitimo de empleados publicos

2009-11-09T18:32:00.005-03:00

En mi calidad de contribuyente y, por ende, empleador de los servidores públicos, exijo que por dos días seguidos de no asistencia ilegal al trabajo, se ponga término al vinculo jurídico con esas personas, descontando los días no trabajados. Es lo que se aplica con los empleados particulares y por la igualdad ante la ley es lo que debiera aplicarse a los empleados públicos, que con mayor razón se deben al país.

¿Golpe de Estado en Honduras?

2009-09-23T18:45:00.006-04:00

El caso de Honduras y la expulsión del poder de Zelaya, demuestran hasta donde puede legar la desinformación, cuando por distintas razones pareciera haber un consenso en una determinada postura. Y es lamentable el papel de muchos políticos y periodistas chilenos en este caso.
Sin ningún análisis riguroso se hacen eco del siguiente chantaje moral: se califica la destitución de este individuo -prima facie- como golpe de estado, y automáticamente todos quedan imposibilitados de analizar racionalmente lo sucedido en ese país, so riego de ser calificado de golpista. Ese chantaje es inaceptable y desde luego no lo acepto.

Fui contrario a Pinochet; participé activamente en política y he votado por todos los candidatos de la concertación. Me opuse a que trajeran a Pinochet, porque legalmente estimaba que podía juzgarse en Inglaterra. En mi blog he dado testimonio de eso: http://sociedad-y-derecho.blogspot.com/

Aclarado eso, tengo autoridad moral para pronunciarme: no tengo tejado de vidrio.

INEXISTENCIA DE GOLPE DE ESTADO

1.- La Constitución de Honduras tiene el siguiente articulo:

ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

2.- El ex Presidente Zelaya había convocado a una encuesta tendiende a reformar la constitución (ver noticia), pese a la oposición del Congreso nacional, el Poder Judicial y el Tribunal Electoral (ver noticia).

"El 24 de junio, Zelaya anunció que destituía al General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, luego de que éste se negara a distribuir las tarjetas de votación de la controversial consulta. Poco después, el Ministro de Defensa y los Jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Honduras renunciaron. La Corte Suprema votó de manera unánime en contra de la medida y ordenó que el General permaneciese en su cargo"
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Zelaya

En un siito de izquierda, que apoya a Zelaya, se reconoce esta situación:
El golpe en perspectiva Jurídico-Política
"Después de haber tomado todas esas medidas, desoyendo reclamos, amenazas e insultos, la situación del Presidente Zelaya en el seno del Estado, de su Partido Liberal, de los medios de comunicación, de la cúpula militar y de las propias élites hondureñas a las que había pertenecido, era no sólo de total aislamiento, sino de franca hostilidad. Se volvieron en su contra todos los diputados del Congreso Nacional (liberales incluidos), salvo los cinco de un partido de izquierda llamado Partido de Unificación Democrática; se volvieron en su contra la Corte Suprema de Justicia en pleno y muchos otros jueces, y el Tribunal Supremo Electoral; lo abandonaron algunos de sus colaboradores en el Poder Ejecutivo; la cúpula militar lo desafió y lo amenazó."
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article9744

Estado de Derecho:
En un Estado de Derecho existen tres poderes, separados, en un perfecto equilibrio: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada cual tiene sus ámbitos de acción y limitaciones constitucionales. Esta separación de los poderes y el necesario equilibrio ha sido una conquista de la raza humana, y nadie la desconoce.

La forma de cómo resuelven sus conflictos esos poderes, al interior de un Estado, es una cuestión de derecho interno y no corresponde la intromisión de otros estados u organismos internacionales.

En Honduras, Zelaya pese a estar aislado políticamente, se empeñó en violar la Constitución y comportarse como un déspota. Todo eso motivó que el Congreso se opusiera a sus designios y apoyara su destitución. El poder Judicial hizo lo propio y, políticamente, hasta su propio partido, el Liberal, le qutó respaldo.

Así las cosas, su salida del gobierno resulta absolutamente justificada, al tenor de la norma constitucional referida. Tal vez si la forma debió ser otra ( su encarcelamiento hubiese sido ideal), para que nadie pudiera confundir a la opinión pública mundial, con la idea de que es un golpe de estado.

Siendo tan evidente eso, es molesto que los periodistas pierdan toda objetividad: Guillier en su programa de 24 horas hizo un panegírico de este individuo, perdiendo toda condición de periodista. Jamás osó pregunta sobre las razone por las cuales el pueblo, el Congreso, el Poder Judicial, su partido, la iglesia le dio la espalda. Jamás le preguntó sobre si era su deseo o no la reelección o si lo intentaría de nuevo. Penoso.

Las autoridades no lo han hecho mejor; la salida del embajador de Honduras es el colmo de la ridiculez jurídica.
DERECHO INTERNACIONAL ATROPELLADO POR LA OEA
Próximamente.

El caso de Ronald Schirmer

2009-04-20T15:20:00.002-04:00

Conozco al abogado don Ronald Schirmer única y exclusivamente por nuestro esporádico contacto en tribunales; jamás en una reunión social y ni siquiera en un café. Sin embargo, dado el escarnio público al que ha sido sometido, siento la necesidad de señalar lo siguiente.
Si no puede ejercer su profesión en Chile por problemas de convalidación, eventualmente ello será un hecho ilícito, que aunque de poca entidad, desde el punto de vista de la pena, debiera ser sancionado en su justa proporción. Es más, si posee antecedentes intachables, podrá optar incluso a una suspensión condicional del procedimiento.
Así las cosas, y en el evento de que se compruebe que su calidad de abogado en Ecuador no le sirve para litigar en Chile, me parece que hacer un escarnio público de su persona, incluso atribuyéndole intenciones de eludir la acción de los tribunales, me parece una exageración y, por lo desproporcionado, una injusticia.
Lo que tengo claro es que quienes se titulan de abogado en otro país, no dejan de ser colegas de profesión del suscrito por el solo hecho de no poder litigar en Chile. Y por ese solo hecho, espero que solucione sus problemas de la mejor forma posible.

Por otro lado, respecto de los aspectos procesales, me parece un desatino jurídico del fiscal a cargo del caso, abogado Cristian Paredes, el haber pedido una Orden de Detención: ¿lo hace por casos de delitos con pena de presidio menor en su grado mínimo?

Llega a caer en la ignorancia al plantear que cada vez que actuaba como abogado ejecutaba el delito. ¿No ha leído que el tipo penal exige el atribuirse la calidad de abogado y el ejercicio como abogado, ejercicio que precisamente presupone no una sola conducta aislada sino que muchas?

En fin, este encono de los colegas que lo juzgan habría que buscarlo en alguno de los sentimientos humanos más inconfesables que alguien pueda tener.

Carta a Luis Bates por la defensa que hace de la despenalización de la colusión monopólica

2009-04-05T11:56:00.002-04:00

Este comentario es una respuesta al hecho por el ex Ministro de Justicia Luis Bates, en cuyo período se DESPENALIZÓ la conducta monopólica. Ver su comentario en http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/04/05/MERSTOC002AA0504.htm

Me parece entendible que el abogado Luis Bates defienda, en su columna del 5 de abril de 2009, la ley que en su calidad de Ministro de Justicia promovió y que despenalizó ciertas conductas que atentan contra la libre competencia.
Sin embargo, los argumentos, son jurídicamente bastante débiles:
a) Dice que son tan variadas la posibles conductas en este ámbito, que crear un tipo penal podría tener el defecto de constituir leyes penales en blanco, al no poder describir las conductas ilícitas detalladamente.
Olvida el colega que delitos tales como la Estafa (que en vedad tiene cierto parecido con este engaño que hacen los coludidos para producir una disminución del patrimonio de la gente) desde el siglo pasado tiene figuras residuales que en el fondo describen elementos mínimos, ya que las maniobras fraudulentas pueden ser tan variadas que sería imposible al legislador ponerse en todos los casos. Y nadie ha criticado la existencia de este tipo penal amplio.
b) Argumenta que nuevas facultades a la Fiscalía Nacional Económica (delación compensada) son impropias de un ente administrativo.
La verdad que su argumento es una frase sin sustento jurídico, porque no se avizora un motivo real por el cual una técnica de investigación de ese tipo no pueda utilizarse en procedimientos administrativos. A fortiori, si se puede aceptar la delación compensada al punto de aminorar la sanción a quien colabora en la investigación de un hecho tan grave como un delito, con mayor razón podrá aplicarse para ayudar a alguien que, según el propio Bates, está cometiendo en hecho que en el fondo tendría la gravedad de una infracción. Me parece que mejorar la situación sancionatoria de un infractor que colabora es menos inquietante que hacer lo mismo respecto a un criminal.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA

Piñera, Lan Cargo y el tiburón

2009-01-24T02:03:00.002-03:00

El Gobierno anda muy perdido al criticar a Piñera porque no se define entre la política y el empresariado.

La critica debió ir por otro lado: cómo es posible que pretenda ser Presidente de un país una persona, en cuyo periodo a cargo de Lan, se coludió con otras empresas para cobrar más caro a los clientes en el transporte de carga.
Esa es la cuestión que nadie ha referido; ese es el fondo del asunto.
Personalmente no encuentro que sea incompatible, per se, el ser político y tener una actuación empresarial. Lo incorrecto es que la conducta como empresario sea la típica de aquellos aprovechadores. Ya fue sancionado Piñera cuando compró acciones de Lan Chile, al tener información confidencial que le supuso una ventaja. Ahora, otra vez, realiza conductas reñidas con la moral y la legalidad.
Así no se puede confiar en un presidente. Repito, no por ser empresario, sino por tener conductas empresariales inapropiadas.
En verdad, a esta alturas debemos agradecer que Piñera no haya dejado la actividad empresarial, porque eso nos ha permitido conocerlo realmente tal cual es: un tiburón.

Estafa Madoff y sistema bancario chileno: ¿no es lo mismo?

2008-12-18T08:04:00.003-03:00

Cada vez me convenzo más que los bancos funcionan, al igual que el caso Ponzi y Madoff, como una pirámide.

¿No se paga a los nuevos inversionistas en los Bancos (los que realizan depósitos en busca de un interés), con las platas que van ingresando los nuevos clientes?

¿Y no es vedad que si los clientes bancarios empiezan a sacar apuradamente sus dineros, como ocurrió con Maddof, queda en evidencia la pirámide y no se pueden devolver los dineros?

¿Y no es verdad que mientras la estampida no ocurra, todos los anteriores inversionistas efectivamente sí obtuvieron sus utilidades?

En síntesis...pareciera que o todo es delito o nada lo es.

MARIO AGUILA

¿Qué hará Foxley ahora, si el Perú no lo pescó ni en bajada?

2008-12-05T17:57:00.001-03:00

¿Que hará ahora Foxley, dado que su petición de destitución del General peruano era, según él , la única solución? ¿Cuál sera su decisión muy clara? El General salió del cargo según lo previsto en el ordenamiento peruano y no por decisión de Chile; y más encima, para dejar más en evidencia que ello es muy distinto a lo pedido por Foxley, con vítores y en andas por sus subalternos, diciendo que no se arrepiente de nada.
¿Foxley romperá relaciones? Porque algo deberá hacer, ya que no creo que haya amenazado en vano.

¿Se dan cuenta lo tonto de su postura prepotente y descriteriada, a sabiendas que Perú no aceptaría que un Ministro de otro país obtenga la expulsión del General en Jefe de otro país?
Lástima que en Chile se levantaran tan pocas voces para criticar tan atalondrada intervención (entiendo que lo suyo es la economía, y aquí quedó claro).

Creo que la supuesta unidad nacional para enfrentar temas de relaciones exteriores no nos puede obligar a tragarnos exabruptos de quienes son nuestros mandatarios. Esas actuaciones "consensuadas" son las que contrabandean descriterios, e ilegalidades incluso.

No olvidemos que un consenso hizo que todos los medios de comunicación norteamericanos apoyaran a Bush en la invasión a Irak, a sabiendas de que no había prueba alguna de que tuviera armas de destrucción masiva, hecho que ahora Bush ha reconocido. En esa época, hasta la CNN -que en general es bastante objetiva- mandaba feliz a sus periodistas en los tanques, sin hacer ningún cuestionamiento a las bases fácticas del ataque norteamericano.
Nuestros medios de comunicación , ahora en Chile, están igual: sin cuestionar en nada las tonteras de Foxley y otros.

VTR elimina CNN Internacional

2008-12-04T14:11:00.001-03:00

Linda la movida de VTR. Ponen CNN Chile, supuestamente gratis, pero a costa de que ahora para tener CNN Internacional hay que pagar $10.000 (para instalar un decodificador) y mensualmente $1.900 extras al plan actual. De un día a otro me han sacado un canal que tengo desde fines de los 80
Me parece que el abuso de posición dominante en el mercado de TV Cable, el mercado relevante para este caso, es evidente. Con el afán de incentivar la adquisición de otros productos han eliminado un canal que ha estado desde el inicio mismo de la TV por cable y que en lo particular era uno de los más vistos por el suscrito.
Ojalá la Fiscalía Antimonopolios, con sus facultades para actuar de oficio, inicie la investigación de rigor para restablecer el derecho en este caso de abuso en contra de los consumidores.

Por otro lado, ya los Tribunales Superiores de Justicia han establecido que VTR no puede eliminar un canal, de manera arbitraria, sin que sea óbice para ello la autorización que en los contratos se le da a dicha empresa para hacerlo, por tratarse de contratos de adhesión.
Ver fallo de junio de 2008 AQUÍ.

MARIO AGUILA

¿Alejandro Foxley es tonto o se hace?

2008-12-03T17:30:00.001-03:00

El General peruano es una desatinado, eso está claro. Pero yo creía que, por el contrario, Foxley era un tipo prudente...hasta ahora.
Hasta ahora, porque ¿dónde se ha visto que un Ministro de RREE de un país EXIJA que el Presidente de otro país destituya a un Jefe del Ejército, cualquiera sea el motivo? Nunca yo lo he visto, y dudo que existe un precedente histórico reciente (a lo mejor en la época de los romanos puede ser, cuando el Imperio ponía el pie sobre quien quería).

Así, era obvio que ante tan descriteriada petición, la respuesta del Perú no podía ser sino aquella de defender su soberanía, la autonomía de su Poder ejecutivo respecto de los nombramientos subalternos.

Ahora Foxley, amparado por un chauvinismo chileno digno de mejor uso, insiste en meter las patas, y ahora hasta el buche, cuando dice que "Chile tomaría decisiones muy claras si esto no se arregla". O sea, está claro que Alan García no va a destituir al General peruano...entonces, ¿Foxley cumplirá su palabra, o será solo una pachotada más? O tal vez, obligado por esta amenaza estúpida, ¿se atreverá a cometer otra tontera ahora de mayor calibre?

Ojalá los medios de comunicación -el cuarto poder de este país- hagan entrar en cordura a nuestro calenturiento ministro, para que no se siga ahondando la propia metida de pata en que ha incurrido, peor que las tallas desubicadas del general peruano.

Movilización de los empleados públicos

2008-11-18T12:37:00.002-03:00

Empleados públicos movilizados chantajean a quienes le pagamos su sueldo, los contribuyentes de Chile.

Su sueldo proviene principalmente de nuestros ingresos, de los ingresos del sector privado, que es el más perjudicado con la actual crisis. Los públicos, tienen su pega asegurada.

Así que pretender un reajuste por sobre el IPC proyectado parece a todas luces un despropósito.

Lo más lamentable es como los políticos y los medios de comunicación se quedan callados ante esta medida de fuerza, porque pareciera poco redituable decir las cosas como son y enemistarse con lectores y votos.

El Ministro de Justicia Carlos Maldonado debe renunciar

2008-08-03T18:45:00.003-04:00

Lo debe hacer, ya sea...

1.- Porque ocultó información a la Presidenta sobre el candidato para la Corte Suprema, Alfredo Pfeiffer, lo que provocó un grave problema político.

2.- Porque promovió un acuerdo político aceptando que la derecha impusiera a Pfeiffer, no evaluando adecuadamente los graves defectos de que adolecía desde el punto de vista político, como se demostró por los votos adversos de la Concertación.

3.- Porque, ya concretado el mentado acuerdo, no hizo bien su trabajo, con la adecuada implementación del mismo, al no contar con la venia de los distintos partidos y actuar solo en base a supuestos (como lo ocurrido con la bancada DC).

Resulta curioso que, dada la gravedad del efecto político producido en la relación del gobierno con la oposición, no haya renunciado de inmediato. Otra prueba de la falta de desprendimiento de algunos políticos chilenos, de todos los partidos, y de la escasa auto exigencia ética con que actúan.

Vulcanólogos no le achuntan a una

2008-08-03T11:40:00.003-04:00

Ser vulcanólogo es como ser un sismólogo: un practicante de una ciencia absolutamente inexacta. Siendo así es lamentable que ellos mismos, y la opinión pública, le hayan dado el carácter de predicciones certeras a sus meros comentarios de lo que podía suceder con el Volcán Chaitén, en circunstancias que no le han achuntado a una, haciendo que una ciudad se haya dejado abandonada a su suerte, con todos los problemas que ello trajo consigo.

Una de las lecciones de este episodio es que hay que becar a muchas de esas personas para que se especialicen un poco más en otra parte.

Nuevo recurso de protección contra ciudadanos de Chaitén

2008-07-31T11:44:00.004-04:00

El Estado de Chile, haciendo un uso indebido del Recurso de Protección (herramienta constitucional creada precisamente en sentido inverso, esto es, para defender al ciudadano del Estado), ahora intenta nuevamente afectar las garantías constitucionales de los chaiteninos, y de todos los ciudadanos que deseen visitar esa localidad.

La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema ya dijeron que no atentaban contra su vida quienes deseasen permanecer en Chaitén. El Gobierno ha hecho caso omiso de esa resolución y, lo que es más grave, la propia Corte de Apelaciones borra ahora con el codo lo que escribió con la mano, al darle tramitación a este recurso, que carece de todo fundamento, y dar lugar a una Orden de No Innovar, en el sentido de impedir que los chaiteninos duerman en su ciudad.

Es ilegal, porque ya se falló en sentido contrario; pero lo es, principalmente, porque esas personas no afectan garantía constitucional alguna, y porque al pretender permanecer en su ciudad no incurren en acto ilegal o arbitrario alguno.

Es más, aunque nos olvidáramos que los Tribunales ya fallaron que tales personas con su decisión no atentan contra su vida y, por un momento siquiera, aceptásemos de que sí lo hacen, bueno, en ese caso tampoco hay acto arbitrario o ilegal, porque no es arbitrario ni ilegal el aceptar la muerte. No hay ley que lo prohíba.

Bueno, seguimos comulgando con ruedas de carreta: la del Gobierno con su tozudez en utilizar herramientas inapropiadas para enfrentar un problema, la del Poder Judicial que se presta para eso y la de los medios de comunicación que, sin espíritu critico alguno, siguen haciéndole el juego a los poderes del Estado en esta farsa.
ACTUALIZACIÓN:
Corte Rechazó este segundo recurso de protección:

Puerto Montt, dieciocho de noviembre de dos mil ocho.
Vistos:
A fojas 18, comparecen don Sergio Galilea Ocón, Intendente de la Región de Los Lagos, domiciliado para estos efectos en Avenida Décima Región Nº 480, tercer piso, Puerto Montt y doña Paula Verónica Narváez Ojeda, con domicilio en calle Benavente Nº 379 oficina 205, Puerto Montt, quienes interponen recurso de protección a favor de la vida, integridad física y síquica de: José Paredes Mayorga; Bernardo Riquelme Muñoz; Luz Barrientos Vivar; Benjamín Riquelme Barrientos; y Francisco Iván Gómez Carrera; todos habitantes de la zona urbana de Chaitén, comuna de Chaitén, Región de Los Lagos; en razón de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Exponen que como es de público conocimiento, el día miércoles 23 de julio del año en curso comenzó a desarrollarse en la comuna de Chaitén una fuerte sismicidad que desencadenó en un fenómeno eruptivo de gran magnitud del Volcán del mismo nombre, ubicado en cercanías de dicha ciudad, lo que ha provocado una columna de humo de gran altura y fuertes emanaciones de ceniza volcánica. En razón de los acontecimientos antes señalados, el Intendente, con el apoyo técnico y humano de los integrantes del Siste ma de Protección Civil, dispuso de los medios necesarios para realizar de forma segura, eficiente y eficaz el desplazamiento de las personas afectadas.
Los recurrentes aseveran que resulta necesario proteger la vida y la integridad física y síquica de los ciudadanos que resolvieron no abandonar la zona de riesgo o que decidieron volver transitoriamente o pernoctar en la comuna afectada o sectores aledaños afectados por el mismo riesgo.
Hacen presente que se cuenta con antecedentes técnicos, los cuales se acompañan, que avalan lo expuesto y la afirmación de ser actualmente una zona de peligro aquella en que se encuentran los habitantes individualizados, toda vez que se ha producido un aumento en el nHacen presente que se cuenta con antecedentes técnicos, los cuales se acompañan, que avalan lo expuesto y la afirmación de ser actualmente una zona de peligro aquella en que se encuentran los habitantes individualizados, toda vez que se ha producido un aumento en el número y magnitud de los sismos, lo que podría ser indicio de erupciones y nuevos flujos piroclásticos y de crecimiento del domo nuevo o de la destrucción del mismo. En consecuencia de lo anterior el Servicio Nacional de Geología y Minería subió la zona a Alerta Volcánica Roja Nivel 6, lo cual significa que ?una amenaza crece en extensión y severidad, requiriéndose la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, para la atención y control del elemento destructivo. Una alerta roja, de acuerdo al evento destructivo, podrá establecerse de inmediato, sin que medie una alerta amarilla?, de lo que se desprende la elevada posibilidad que se produzca una tragedia de mayores dimensiones a las ya conocidas.
Agregan que el Oficio Ordinario N° 0655 de 24 de julio de 2008 del Secretario Regional Ministerial de Salud, da cuenta que ?la localidad de Chaitén o lo que queda de ella, no cuenta con ninguna condición de habitabilidad y por el contrario las personas que ingresen o permanezcan dentro del sector están sometidas a un alto riesgo para su salud?. A mayor abundamiento, la minuta Técnica Nº6 sobre emergencia del volcán Chaitén del Ministerio de Obras Públicas, la cual también se acompaña, concluye que a juicio de la Unidad de Defensas Fluviales de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas existe el riesgo de que próximamente se produzca una crecida del río de grandes proporciones, lo que provocaría un flujo de características aluvionales sobre la ciudad de Chaitén, por lo que la sugerencia técnica es que la cuenca del río Blanco debe ser completamente ev acuada.
Los recurrentes explican que pese a que las autoridades políticas y técnicas han indicado a los habitantes de la zona afectada la necesidad de evacuar el lugar, un número de ellos se ha negado, pese al apoyo que se les ha brindado y a las reiteradas explicaciones de por qué resulta imperioso hacer, al menos transitoriamente, abandono del lugar.
En lo referente a la garantía que se encuentra afectada, los recurrentes señalan que en nuestro derecho la vida es un bien jurídico indisponible, por lo que a los propios titulares les estEn lo referente a la garantía que se encuentra afectada, los recurrentes señalan que en nuestro derecho la vida es un bien jurídico indisponible, por lo que a los propios titulares les está impedido atentar contra su vida, ya que no se puede hablar de un derecho de propiedad ni dominio sobre la vida y toda persona tiene no sólo el derecho sino también la obligación de protegerla contra todo tipo de atentados. Afirman que desde un punto de vista lógico y racional resulta incomprensible que los recurridos insistan en permanecer en una zona donde existen los riesgos y peligros por todos conocidos, y dicha conducta probablemente se puede explicar por el estado depresivo que les afecta por todo lo vivido, que les impide racionalizar la situación que les afecta.
Recalcan que el bien jurídico a proteger es la vida versus el libre tránsito de las personas, propiedad privada u otros, siendo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica derechos que tienen supremacía sobre las restantes garantías constitucionales.
Refieren que las autoridades regionales tienen la obligación legal y constitucional de velar por el resguardo de las personas de su territorio y jurisdicción y se encuentran compelidas a a tomar todas aquellas medidas necesarias para resguardar los derechos de sus habitantes, en especial cuando se trata de los derechos que en este caso se encuentran conculcados. Exponen cual es la normativa que les da legitimidad activa para recurrir de protección y en definitiva solicitan a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt que adopte todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar así, la debida protección a los recurridos, incluso exigirles compulsivamente el evacuar la zona urbana de Chaitén, comuna de Chaitén.
Acompañan a su presentación: 1) Copia del Decreto Supremo Nº 588 de fecha 2 de mayo de 2008 de la Presidenta de la República que señala como afectada de catástrofe a la Provincia de Palena. 2) Copia del Decret o Supremo Nº70 de 4 de enero de 2008 de la Presidenta de la República que nombra como Intendente de la Región de Los Lagos a don Sergio Galilea. 3) Copia del Decreto Supremo Nº 608 que designa a doña Paula Narváez. 4) Set de fotografías del volcán Chaitén. 5) Ordinario Nº 0655 de 24 de julio de 2008 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. 6) Informe de SERNAGEOMIN. 7) Minuta Técnica N°6- emergencia del volcAcompañan a su presentación: 1) Copia del Decreto Supremo Nº 588 de fecha 2 de mayo de 2008 de la Presidenta de la República que señala como afectada de catástrofe a la Provincia de Palena. 2) Copia del Decret o Supremo Nº70 de 4 de enero de 2008 de la Presidenta de la República que nombra como Intendente de la Región de Los Lagos a don Sergio Galilea. 3) Copia del Decreto Supremo Nº 608 que designa a doña Paula Narváez. 4) Set de fotografías del volcán Chaitén. 5) Ordinario Nº 0655 de 24 de julio de 2008 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. 6) Informe de SERNAGEOMIN. 7) Minuta Técnica N°6- emergencia del volcán Chaitén- del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas.
A fojas 33, se declara admisible el recurso y se concede Orden de No Innovar.
A fojas 36, informa el recurso don José Alberto Paredes Mayorga. Afirma que los antecedentes fundantes de la acción de protección entablada son falsos. Reconoce haber estado en la localidad de Chaitén, pero con la finalidad exclusiva de salvar sus bienes, para lo cual debió hacer una defensa a su propiedad con una muralla que evitara la destrucción que podría producir las aguas del río. Señala que actualmente se encuentra en Chiloé, en la ciudad de Castro. Refiere que las autoridades en nada lo han ayudado, que el Intendente entrega información ajena a la realidad y que en ningún momento su vida o integridad ha estado en peligro. Indica ser el primero en velar por sus garantías y que nadie lo ha protegido de su derecho de propiedad el cual se ha visto conculcado. Agrega que no existe jerarquía entre las garantías constitucionales y que la vida y la integridad física y síquica no es un derecho incompatible con los restantes garantizados por el artículo 19 de la Carta Fundamental. Solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por afectar las peticiones del señor Intendente otras garantías igualmente importantes y trascendentes que las invocadas en el recurso.
A fojas 39A fojas 39, el abogado Marcelo Ruiz Álvarez, en representación de don Bernardo Riquelme Muñoz, informa el recurso. Afirma que en la especie su mandante no ha incurrido en ninguna conducta arbitraria ni ilegal. No puede calificarse de ilegal el ejercicio de una garantía como la del artículo 19 Nº 7 inciso 1º, de la Constitución Política norma que asegura el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición que se guarden las normas estableci das en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Asevera que la garantía antes señalada se refiere a la libertad ambulatoria, de locomoción, de desplazamiento, incluyendo la fijación y cambio de domicilio y residencia, dentro o fuera del país. Indica que a su defendido no se le ha restringido su libertad ambulatoria por medio de resolución judicial, por lo que su decisión de permanecer en Chaitén es absolutamente legal y más aún se encuentra amparada en la Carta Fundamental. Agrega que tampoco la conducta de su defendido puede calificarse de arbitraria y que la decisión de su representado se funda en un derecho garantizado constitucionalmente por lo que no puede afirmarse de contraria a la justicia, irracional o prejuiciada. Sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para enfrentar un caso de calamidad pública, pues el recurso de protección no puede operar como sustituto de la declaración de Estado de Catástrofe. En definitiva solicita que el recurso sea rechazado, con expresa condena en costas.
A fojas 67, la parte recurrente acompaña certificado de Carabineros de Chile que da cuenta de la precedencia de los recurridos en la zona e informes SERNAGEOMIN.
A fojas 81 y 82, atendido el mérito de los antecedentes y del tiempo transcurrido, esta Corte prescinde de los informes solicitados a fojas 33 y 76.
A fojas 83, encontrándose el recurso en estado de ver, se ordenó traer los autos en relación.

El 17 de noviembre de 2008 se lleva a efecto la vista del recurso alegando por su rechazo el abogado don Mario Aguila Inostroza.
Y considerando:
PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en los números que éste establece.
SEGUNDO: Que la acción cautelar interpuesta por el Intendente Regional de Los Lagos y por la Delegada Presidencial persigue que esta Corte, ante la situación producida por el volcán Chaitén, adopte las providencias necesarias para que los recurridos evacuen la zona urbana de esa comuna y en el caso de negarse a acatar la resolución que se dicte en tal sentido se disponga la evacuación mediante el uso de la fuerza pública.
TERCERO: Que respecto de lo solicitado por los recurrentes, cabe tener presente que este Tribunal no divisa cuál es el acto ilegal en que han incurrido los recurridos al permanecer en la zona que, a juicio de las autoridades ya referidas, debe ser evacuada por el peligro para la vida que significa el residir en ese lugar, toda vez que mediante su conducta están ejerciendo el derecho que les asiste de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros, garantía establecida en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política.
CUARTO: Que además, la decisión de los recurridos de permanecer en la zona cuestionada no importa la afectación de su derecho a la vida, ya que el hecho de encontrarse en ese lugar no significa que voluntariamente estén buscando que se produzca su muerte, como podría ser el caso de aquél que toma la determinación de someterse a una huelga de hambre o que impide se le suministre un medicamento indispensable para su sobrevivencia o que ejecute cualquier otro acto que sí esté destinado a provocarle un daño inminente. Pensar lo contrario significaría que la autoridad debería recurrir contra todos aquellos que practican deportes extremos que sí conllevan alto riesgo para la vida humana.
QUINTO: Que por otra parte, es de conocimiento público que en la actualidad hay numerosas personas residiendo permanentemente en la zona urbana de Chaitén, incluso se han efectuado ascensiones al volcán y eso no significa que quienes realizan tales conductas estén atentando contra su vida. Por lo demás, desde el mes de julio, fecha de interposición del presente recurso y hasta esta fecha, no ha existido de parte de la autoridad la presentación de ninguna otra acción como la que nos ocupa.
SEXTO: Que en consecuencia, no habiendo incurrido los recurridos en ningún acto ilegal o arbitrario que atente contra alguna de las garantías protegidas por el artículo 19 de la Constitución Política de la República y no existiendo riesgo para su vida o integridad por el hecho de permanecer en la zona cuestionada, el presente recurso será desestimado.
Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Exma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA el deducido a fojas 18 por el Intendente de la Región de Los Lagos y por la Delegada Presidencial en contra de José Paredes Mayorga, Bernardo Riquelme Muñoz, Luz Barrientos Vivar; Benjamín Riquelme Barrientos y Francisco Iván Gómez Carrera.
Dejase sin efecto la orden de no innovar decretada a fojas 33.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del abogado integrante don Pedro Campos Latorre.
Rol 172-2008.
Pronunciada por el Presidente don Jorge Ebensperger Brito, Ministro Interino doña Patricia Miranda Alvarado y abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Empadronamiento para entrar a Chaitén y nuevos recursos de protección

2008-07-07T11:29:00.002-04:00

En relación con el tema de Chaitén ha surgido otra grave irregularidad: el empadronamiento de las personas que entran a esa ciudad.

Esto se parece a un tratamiento fascista o stalineano: ¿donde se ha visto que para entrar a una ciudad de Chile la gente deba empadronarse?

Hay gente que ha referido que a 45 y a 8 km de Chaitén se han puesto barreras policiales impidiendo el acceso, salvo que se registren en un libro llevado por Carabineros. Amén del taco que provocan para entrar, el trato es el propio de sospechosos de un delito.

Esto es absolutamente ilegal.

Veo que los chaiteninos han sido tratados durante todo este tiempo como ciudadanos de segunda clase, huasos del campo que no saben expresarse ni defender sus derechos. Como rebaños fueron obligados ILEGALMENTE a salir de su ciudad, les hicieron perder sus bienes por la falta de atención al encauce del río y ahora, cuando quieren volver, el recibimiento es como delincuentes.

Hay que recordar una norma del Código Penal que la autoridad política de Chile ha olvidado:

Art. 158. Sufrirá la pena de suspensión en sus grados mínimo a medio, si gozare de renta, y la de reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte sueldos vitales, cuando prestare servicios gratuitos, el empleado público que arbitrariamente:
4.- Impidiere a un habitante de la República permanecer en cualquier punto de ella, trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, en los casos que la ley no lo prohíba; concurrir a una reunión o manifestación pacífica y legal; formar parte de cualquier asociación lícita, o hacer uso del derecho de petición que le garantiza la ley".

Es lo que está sucediendo: si alguien no quiere empadronarse (orden de la Intendencia Regional, aparentemente), se está IMPIDIENDO a un habitante de la República de Chile permanecer en cualquier punto de ella o trasladarse de un lugar a otro.

Los chaiteninos deben denunciar esto al Ministerio Público, para que investigue quién dio la orden, a fin de que a esa persona se le suspenda de su empleo público y pague una multa.

Además, puede recurrir de protección a la Corte de Apelaciones, para que levanten esa medida.

-----------------

Otro tema donde la autoridad incurre en una incorrección es con la amenaza de recursos de protección individuales. Esto no es mas que una reacción emotiva al fallo adverso, por cuanto ese mismo fallo ya dijo que, pese al riesgo que pudiera existir en el lugar, los chaiteninos no atentaban contra su vida si deseaban permanecer o ingresar a su ciudad. Y esto es importante, porque la garantía constitucional supuestamente vulnerada y que permitia la presentación del recurso era el Derecho a la Vida. Si ya la Corte Suprmea ha dicho que no atentan contra su vida, no existe posibilidad alguna de que tales supuestos recursos anunciados, prosperen.

Corte Suprema ratifica fallo que permite volver a Chaitén

2008-07-04T17:55:00.027-04:00

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó el recurso de protección del Intendente Galilea (que fue lo que permitió la evacuación masiva de Chaitén, su abandono y, consecuencia de ese abandono gubernamental, el que quedara a merced del Río Blanco, dada la falta de trabajos ingenieriles).

Se puede ver el fallo de la Corte Suprema en el sitio del Poder Judicial, rol 3382-2008, buscando aquí. El fallo de la Corte de Apelaciones, aquí. Un segundo fallo rechazando una segunda protección se puede ver aquí.

La Corte Suprema estimó que bastaban alguno argumentos de la Corte de Apelaciones para rechazar la protección. El que ha quedado en pie, y que en orden de análisis para rechazar el recurso era previo, motivo por el cual se dejaron sin efecto los otros considerandos, dice:

"6) Que, cabe señalar que el recurso debe ser rechazado desde que se puede considerar que el recurrente no aparece como personalmente afectado, ni se ha dirigido contra persona determinada alguna, en definitiva, que resulte afectada; aunque, no se puede sostener que un tipo de situación como la que trata este recurso sea atentatoria contra la vida de las personas, no es menos cierto, dadas las consecuencias anotadas, que implica un constante peligro, ya directo, ya indirecto, que llevó a las autoridades de gobierno a evacuar a los habitantes; pero el recurso tal como se desarrolló sólo ha terminado por constituir una acción popular, cuyo propósito jurídico no es tal precisamente" (el resaltado es mío). Rol 3382-2008.

Lo anterior quiere decir que si no se afecta la VIDA, mal podría acogerse un recurso de protección que pretende amparar el derecho a la vida, como fundamento. Ni este ni ningún otro recurso de protección podrá prosperar por tal argumento, refrendado por la Corte Suprema.

Por otro lado, el Gobierno ha uniformado criterios con los medios de comunicación diciendo que sigue vigente la prohibición de ingreso, debido al Decreto Supremo 588 de 2 de mayo de 2008.

Ello es FALSO de FALSEDAD ABSOLUTA. Ese decreto no autoriza en parte alguna la expulsión de gente de Chaitén ni prohíbe el ingreso. Solo adopta medidas administrativas alrededor de Chaitén.

Se puede ver ese decreto aquí.

Además, cuando el Gobierno apeló del fallo de la Corte de Apelaciones dijo que era necesario se acogiera el Recurso de protección, porque el DS 588 no servía para evacuar la gente de Chaitén. Ver esa parte de la apelación AQUÍ. La apelación completa aquí.

Finalmente, si bien es cierto la Corte Suprema eliminó otros considerandos del fallo de la Corte de Apelaciones, aquellos que le recordaban al Gobierno cuál era la vía para solucionar el problema (Estado de Catástrofe), ello no quiere decir que se haya avalado la posición gubernamental. Si el ejecutivo cree eso, estaría cometiendo otro error de apreciación o, derechamente, estaría actuando de mala fe.

En efecto, todo abogado sabe que lo primero que el tribunal debe ver para rechazar un Recurso de Protección es si se cumplen las formalidades: si se presentó dentro de plazo, si hay legitimidad activa, si hay legitimidad pasiva (o sea, si hay recurridos determinados), etc. Si se pasa ese control formal, se pueden analizar otros fundamentos de fondo.

Nos pareció loable que la Corte de Apelaciones se haya pronunciado, sin embargo, no solo sobre lo formal, sino que sobre el fondo del problema, o sea, sobre la inconstitucionalidad en el actuar del Poder ejecutivo.

Pues bien, ahora la Corte Suprema ha tomado la posición tradicional en estos casos: el Recurso de Protección del gobierno ni siquiera pasó un control meramente formal, por lo que este tribunal estimó innecesario entrar al fondo de la discusión (salvo para declarar que quienes deseen estar en Chaitén no están atentando contra su vida, aunque el hecho sea riesgoso). Así las cosas, la eliminación de esos considerandos tiene un mero sentido formal, no significando que el recurso de protección sea la vía para actuar en estos casos.

CONCLUSIÓN:

A partir de esta fecha la gente de Chaitén puede volver libremente a su ciudad. sin control ni chequeo de identidad alguno (a nadie se le pide el carnet d eidenidad para entrar a Puerto Montt, que yo sepa). Ahora, cada uno verá cuándo y como hacerlo, dado el estado calamitoso en que quedó por la negligencia gubernamental al no desembancar oportunamente el Río Blanco.

Si la autoridad lo impide o pone trabas o controles inexistentes para entrar a cualquier otra ciudad de Chile, estará cometiendo los delitos del art. 148 y 158 del Código Penal.

En efecto, de perseverar las autoridades en su conducta desapartada del Estado de Derecho, se hacen merecedores de las penas asignadas por las normas referidas.

Estas normas están en un párrafo del referido código que se denomina: "De los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución". Así de atingente a este caso es esta parte del Código Punitivo.

Dicen las normas aplicables:

"Art. 148. Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios.

Si el arresto o detención excediere de treinta días, las penas serán reclusión menor y suspensión en sus grados máximos."

Art. 158 Sufrirá la pena de suspensión en sus grados mínimo a medio, si gozare de renta, y la de reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte sueldos vitales, cuando prestare servicios gratuitos, el empleado público que arbitrariamente:

4.- Impidiere a un habitante de la República permanecer en cualquier punto de ella, trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, en los casos que la ley no lo prohíba; concurrir a una reunión o manifestación pacífica y legal; formar parte de cualquier asociación lícita, o hacer uso del derecho de petición que le garantiza la ley"

Está claro, entonces, que tras rechazarse el Recurso de Protección, las cosas se han retrotraído al estado en que se encontraban al 6 de mayo de 2008, o sea, con la libertad de los chaiteninos de permanecer o de salir de su ciudad (y de otras personas de ir a dicha localidad); de desarrollar actividades económicas en su ciudad; de reunirse en las plazas de su ciudad; de vivir y educarse en dicha ciudad, etc. Quienquiera que afecte esas garantías, incurrirá en los delitos descritos. Así de clara y categórica es la ley.

Por otro lado, si la autoridad decide recurrir contra los chaiteninos que vuelvan legítimamente a su tierra, que lo haga: sufrirá otro revés judicial, pero de proporciones mayores (y que perderá, desde luego porque ya la Corte Suprema dijo que no se afectaba el Derecho a la Vida).

Por último, recordemos que en la cuenta pública del 21 de mayo de 2008, a solo días de presentarse el recurso que ahora acaba de ser rechazado, la Presidenta dijo:

"Y Chile tiene dos caminos: o confiamos en la responsabilidad de cada ciudadano o creemos que es mejor tratarlos como menores de edad y que es mejor que alguien decida por ellos. Nuestra opción, ahora y siempre, es la de respetar la responsabilidad de cada chileno y chilena".

Seria bueno que a los chaiteninos se les dejara tratar como a cabros chicos: ellos sabrán sobre la conveniencia o no de volver a sus hogares. Ellos podrán discernir si los vulcanólogos han dado muestras de fiabilidad o no.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA

Abogado U. Católica de Chile

http://aucia.cl

Puerto Montt

¿Por "razones de Estado" se puede bloquear la información de cómo se violan las garantías constitucionales?

2008-06-17T21:14:00.007-04:00

Con motivo de la erupción del Volcán Chaitén, el Gobierno de Chile decidió evacuar forzadamente al pueblo de ese mismo nombre.
Lo hizo a través de una Orden de No Innovar pedida con ocasión de un Recurso de protección.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el 5 de junio de 2008, dejó sin efecto esa Orden de No Innovar y rechazó el referido recurso de protección. Argumentó esencialmente lo siguiente:

Gobierno tiene el Estado de Catástrofe para hacer frente a la situación en Chaitén.
El Decreto del Gobierno no cumple con las normas del Estado de Catástrofe
Los ciudadanos de Chaitén no estaban atentando contra su vida.
El Intendente no puede presentar el recurso por no ser personalmente afectado.
No se puede deducir recurso contra personas indeterminadas.

El Gobierno apeló de ese fallo.

Los medios de comunicación chilenos, incluyendo radios, televisión y prensa escrita, le dieron amplia cobertura a la original decisión gubernamental de evacuar a toda una ciudad y de hacerlo a través del recurso de protección. Sin embargo, y salvo una nota secundaria en El Llanquihue de Puerto Montt y en el diario electrónico El Mostrador, la información del rechazo del recurso de protección, así como la apelación del gobierno, fueron sistemáticamente omitidos por los medios nacionales.
Para ellos no resultaba noticia que una Corte de Justicia le dijera al ejecutivo que había equivocado el camino para evacuar una ciudad y que constitucionalmente era otra la vía. O sea, el cuestionar la actuación constitucional de Gobierno no era digno de ser informado.

Sin embargo, no nos podemos equivocar en interpretar estos hechos. No estamos en presencia de medios poco enfocados en establecer lo importante de lo accesorio. No. Estamos claramente en presencia de un accionar activo del Gobierno de Chile en pos de bloquear la información, probablemente por supuestas "razones de Estado" (¿Cuáles? ¿Que la gente es idiota, menor de edad, irresponsable, y con esa información podrían actuar alocadamente?; ¿Que no es conveniente que la zona quede bajo el mando de las Fuerzas Armadas, como lo estipula el Estado de Catástrofe?).

Lo grave de esto es que las "razones de Estado" son el típico argumento de las dictaduras para afectar la libertad de información: el Estado, generalmente de muy buena fe, se atribuye la representación de todos los chilenos respecto de cuál es el correcto proceder, tratando de evitar las voces disonantes. En el fondo, por seguridad, hay que trata a los ciudadanos como cabros chicos.
Y resulta más curioso este comportamiento gubernamental, por cuanto en la cuenta pública del 21 de mayo de 2008, a solo días de presentarse el recurso, la Presidenta dijo:

O sea, el 7 de mayo de 2008 el Gobierno de Chile trató a todos los habitantes de Chaitén como menores de edad, testarudos, personas temerarias, que no sabían cuidar de si mismos; una semana después, dice que a los chilenos no hay que tratarlos como menores de edad y hay que respetar la responsabilidad de los chilenos. Peor todavía se manifiesta la contradicción, cuando en junio nuevamente se le escamotea la información a la gente, porque se asume que no están en condiciones de entenderla, o porque no es conveniente.

La cuestión es que si "por razones de Estado" se viola, aunque sea UNA vez, del derecho de los chilenos de ser informados y de tomar sus propias decisiones utilizando la autonomía de la voluntad, entonces tendremos la justificación para que el día de mañana, otro Gobierno, también por "razones de Estado", haga exactamente lo mismo.

Pero en el caso Chaitén, como se dijo, no es solo grave el asunto porque se viola el derecho de ser informados, a través de esta nefasta connivencia entre los medios de comunicación y el Poder Político de turno, sino porque las razones de Estado esgrimidas -y toleradas mansamente por la prensa- están tapando precisamente la violación flagrante de una cantidad inmensa de garantías constitucionales de todo un pueblo.

Se afecta la libertad personal de desplazamiento y permanencia de más de 5 mil personas
Se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica, de muchos empresarios que han visto abandonados sus bienes productivos y negocios.
Se afecta el derecho a reunión en un lugar determinado, al impedir a los ciudadanos de Chaitén reunirse en sus casas, centros recreativos, lugares públicos, parques y plazas..
Se afecta el derecho de propiedad, porque los bienes ya no pueden usarse ni gozarse: hablamos de la vivienda, los enseres que la guarecen, vehículos, etc..
Se afecta el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, al verse obligados a ir a un albergue todas aquellas personas que no tienen sustento familiar o de dinero para una solución mas razonable. No hay vida afectiva o sexual alguna en esas condiciones.
Se afecta la libertad de trabajo de todos aquellos que obtienen su ingreso a través de un esfuerzo remunerado.

Es destacable que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, pese a que no era lo "políticamente correcto", se haya atrevido a decir que el Estado de Catástrofe es la vía para enfrentar una situación como esa. Y, por otro lado, es reconfortante que el Colegio de Abogados de Puerto Montt haya respaldado tal decisión, sacando una Declaración Pública con fecha 17 de junio de 2008.

Esperemos que los medios de comunicación social y los periodistas entiendan, de una vez y para siempre, que no estudiaron periodismo en la universidad para bajar la cabeza ante supuestas "razones de Estado", sino que para traspasar la información objetiva a la ciudadanía. Y que entiendan que esa actitud es más vergonzosa cuando la autoridad política con esas "razones de Estado" está pasando, de contrabando, violaciones a las garantías constitucionales de muchos chilenos. Esto no puede pasar nunca más en nuestra República.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica de Chile
Puerto Montt

Restore Text

Declaración Pública del Colegio de Abogados de Puerto Montt sobre el caso Chaitén

2008-06-17T12:49:00.002-04:00

En relación a los sucesos ocurridos en Chaitén y a las herramientas jurídicas que las autoridades de gobierno han pretendido utilizar, el Colegio de Abogados de Puerto Montt A.G., estima preciso señalar su desacuerdo con las mismas, en razón de lo siguiente:

En su oportunidad, el Sr. Intendente presentó ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, un recurso de protección que, en lo medular, pretendía obtener y asegurar la evacuación de los habitantes de Chaitén cuyas vidas corrían peligro si decidían permanecer en dicho lugar. A través de una orden de no innovar, la I. Corte accedió a tal petición dando las instrucciones pertinentes a Carabineros de Chile. Con ello se obtuvo la finalidad de evacuar, forzadamente, hasta el último habitante de la zona. Recientemente, sin embargo, la misma I. Corte decidió rechazar el referido recurso, por estimar que era improcedente, en especial considerando que el gobierno y sus agentes no se han visto privados de facultades o herramientas para actuar en los hechos acontecidos y que acontecen.

Esta asociación gremial comparte plenamente la decisión última de la I. Corte de Apelaciones –que extrañamente no ha sido objeto de ningún comentario periodístico -, siendo necesario puntualizar:

1.- Es legítima la preocupación de la autoridad por la vida y salud de los habitantes de Chaitén. Parece obvio señalar que, en razón de los hechos que todos conocen, era correcto buscar los medios que permitieran evacuar la zona afectada, necesidad que se mantiene hasta el día de hoy en que persiste la actividad volcánica.

2.- No obstante, los medios jurídicos que se han utilizado resultan del todo incorrectos. El recurso de protección lo consagra nuestra constitución no para suplir las omisiones de las autoridades administrativas, sino para velar por el amparo de los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Mal podía entonces el Sr. Intendente recurrir de protección en contra de personas indeterminadas, menos si no existían actos arbitrarios o ilegales de persona alguna, ya que el peligro emanaba de una catástrofe natural.

3.- Lo que la autoridad administrativa debía hacer – y así lo sostiene la I. Corte- era y es decretar estado de catástrofe en relación a la zona afectada, herramienta jurídica que establecen la Constitución y la Ley sobre Estados de Excepción Constitucional. Esta institución –plenamente aplicable en la especie- permite a la autoridad restringir los derechos y libertades constitucionales, pero también la obliga a resarcir económicamente a los ciudadanos afectados, en la forma que la misma Ley señala. Esto es, los referidos ciudadanos no necesitan recurrir a ningún tipo de ayuda humanitaria o asistencial que el Estado graciosamente pueda o no conceder, sino que pueden ejercer los derechos relativos a una adecuada reparación económica por los bienes que pudieran verse afectados.

Esta asociación gremial observa con preocupación que la autoridad administrativa prefiere apelar en contra del fallo de la I. Corte, en vez de utilizar – el Gobierno central - las claras herramientas que nuestro ordenamiento jurídico contempla para una situación como la que ha afectado a los habitantes de Chaitén, siendo un deber de este Colegio de Abogados y de los medios de comunicación, hacer públicas estas anomalías, que sientan un peligroso precedente para el ejercicio y restricción de los derechos constitucionales.

Directorio
Colegio de Abogados Puerto Montt A.G.

Apelación del Gobierno por fallo adverso en Recurso de Protección sobre Chaitén

2008-06-12T18:11:00.009-04:00

Ante el fallo de la Corte de Apelaciones, que rechazó el Recurso de Protección del gobierno, alzando la Orden de No Innovar que impedía el ingreso de la gente a Chaitén, con lo que se acogieron nuestros argumentos, el Intendente presentó una apelación.

En este recurso el Intendente Regional Sergio Galilea, en representación del Gobierno, argumenta esencialmente lo siguiente: que basta con decretar zona de catástrofe, complementado con un recurso de protección, para sacar a la gente de una ciudad. Con esos dos instrumentos, no se necesitaría decretar el Estado de Catástrofe.

Olvida mencionar el recurrente que no puede el gobierno presentar un recurso de protección para evitar hacer uso de sus facultades legales. El Recurso de Protección se creó, históricamente, para que el ciudadano se defienda de los actos de la autoridad. No se creó para que la autoridad lo use para suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos. La forma de razonar del Poder Ejecutivo es una tergiversación grotesca de la finalidad de la acción constitucional de protección.

En esta apelación se reconoce EXPLÍCITAMENTE que sin el recurso de protección la autoridad debía dictar el Estado de Catástrofe. O sea, reconoce que usó la vía indirecta para conseguir la suspensión de las garantías constitucionales. O sea, reconoce tácitamente el uso de un subterfugio...

Por otro lado, justifica su actuar de esa manera, porque la estimaba más expedita. Ello es falso, ya que la dictación del Estado de Catástrofe era a través de un simple Decreto Presidencial, sin necesidad de autorización de algún Poder del Estado u otro órgano. De hecho, era más rápido que tener que presentar un recurso para que lo vea un tribunal.

En fin, la Corte Suprema deberá confirmar el fallo y con fundamentos incluso más categóricos sobre el actuar de la autoridad política.

----------------

Pinchar en cada página para ver en tamaño mayor.

Corte de Apelaciones acoge nuestros argumentos: se alza prohibición de ingreso a Chaitén

2008-06-06T16:00:00.008-04:00

DOCTRINA:

Gobierno tiene el Estado de Catástrofe para hacer frente a la situación en Chaitén.
El Decreto del Gobierno no cumple con las normas del Estado de Catástrofe
Los ciudadanos de Chaitén no estaban atentando contra su vida.
El Intendente no puede presentar el recurso por no ser personalmente afectado.
No se puede deducir recurso contra personas indeterminadas.

COMENTARIO:

La Corte nos da la razón cuando argumenta que la vía del gobierno, para afectar los derechos humanos de la población, era el Estado de Catástrofe. Ese argumento debió ser suficiente para rechazar el Recurso de Protección del Intendente Galilea. Todo el resto estuvo de más.

En efecto, es tan grave que se infringan las normas del Estado de Catástrofe (el fallo dice que no se cumplieron), que ello debió ser más categórico. En efecto, como ya hemos analizado en anteriores comentarios, la única forma de suspender garantías constitucionales de una masa de gente y con una amplitud de garantías vulneradas, es a través de un Estado de Excepción Constitucional. No hacerlo así -amén de ser inconstitucional-, es ilicito desde el punto de vista penal.

En efecto, de perseverar las autoridades en su conducta desapartada del Estado de Derecho, se hacen merecedores de las penas asignadas por los arts. 148 y 158 del Código Penal.

Estas normas estan en un párrafo del referido código que se denomina: "De los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución". Así de atingente a este caso es esta parte del Código Punitivo.

Dicen las normas aplicables:

"Art. 148. Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios.
Si el arresto o detención excediere de treinta días, las penas serán reclusión menor y suspensión en sus grados máximos."

Art. 158 Sufrirá la pena de suspensión en sus grados mínimo a medio, si gozare de renta, y la de reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte sueldos vitales, cuando prestare servicios gratuitos, el empleado público que arbitrariamente:
4.- Impidiere a un habitante de la República permanecer en cualquier punto de ella, trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, en los casos que la ley no lo prohíba; concurrir a una reunión o manifestación pacífica y legal; formar parte de cualquier asociación lícita, o hacer uso del derecho de petición que le garantiza la ley"

Está claro, entonces, que tras rechazarse el Recurso de Protección, las cosas se han retrotraído al estado en que se encontraban al 6 de mayo de 2008, o sea, con la libertad de los chaiteninos de permanecer o de salir de su ciudad (y de otras personas de ir a dicha localidad); de desarrollar actividades económicas en su ciudad; de reunirse en las plazas de su ciudad; de vivir y educarse en dicha ciudad, etc. Quienquiera que afecte esas garantías, incurrirá en los delitos descritos. Así de clara y categórica es la ley.

Ahora bien, si el Intendente apela, no nos cabe duda alguna que la Corte Suprema será más categórica en la ilicitud del actuar gubernamental y en la violación flagrante de las normas constitucionales sobre Estados de Excepción Constitucional.

Ello será así porque nos parece que el Poder Judicial está por velar por los derechos humanos, particularmente cuando el Poder ejecutivo intenta obviarlos, por muy razonables que sean sus motivaciones. Sin embargo, hace tiempo que se superó la máxima maquiavélica de que "el fin justifica los medios". Fines loables, EXIGEN medios loables y constitucionales.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica de Chile
http://aucia.cl
Puerto Montt

Puerto Montt, cinco de junio de dos mil ocho.

Vistos y considerando:

A fojas 14, con fecha 7 de mayo de 2008, comparece don Sergio Galilea Ocón, Intendente de la Región de Los Lagos, domiciliado para estos efectos en Avenida Décima Región Nº 480, tercer piso, Puerto Montt interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales a favor de la vida de TODA PERSONA NATURAL QUE SE ENCUENTRE EN UN PERÍMETRO DE 30 KMS. CERCANO AL VOLCÁN CHAITÉN Y SUS ALREDEDORES, DE LA COMUNA DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS, todos domiciliados en la comuna de Chaitén, provincia de Palena, Región de Los Lagos, a fin que se restablezca el imperio del derecho y se ordene tomar las providencias a fin de resguardar su derecho a la vida, todo en atención a los siguientes antecedentes:

Señala que como es de público conocimiento el día 02 de mayo del presente año a las 02:00 horas aproximadamente en la comuna de Chaitén se comenzó a desarrollar una fuerte sismicidad que desencadenó en un fenómeno eruptivo de magnitud del volcán del mismo nombre, ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de dicha ciudad, lo que ha provocado una columna de humo de gran altura, fuertes emanaciones de ceniza volcánica y material piroplástico.

Expresa que para evitar poner en riesgo a la población que habita en lugares cercanos al volcán y al curso de ríos y aguas que han resultado contaminados se han dispuesto traslados preventivos de personas hacia otros poblados urbanos así como de la distribución de mascarillas de protección, sin prejuicio del permanente monitoreo a que está sometida toda la zona aledaña.

Indica que la situación ocurrida está afectando y amenazando el normal desarrollo de las act ividades en la zona poniendo en riesgo la integridad física y la vida de las personas recurridas que habitan la comuna de Chaitén y sectores aledaños en el perímetro antes expuesto.

Afirma que existen antecedentes técnicos, que avalan lo expuesto y en especial el hecho de que existen probabilidades de nuevas erupciones que produzcan un colapso de la columna eruptiva y/o domo riolítico.

Señala que los hechos reseñados constituyen amenaza grave al derecho a la vida de las personas a favor de las cuales se interpone la acción pues su negativa a evacuar la zona declarada zona de emergencia total, de propia mano o con la ayuda de terceros configura un atentado directo contra la vida de quienes mantienen tal actitud, conductas que revisten el carácter de ilegales y arbitrarias, pues el resultado final que con ellas se pretende es la aniquilación de la vida misma; todo lo cual vulnera la garantía de artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República.

Pide, tener por interpuesto recurso de protección en contra de TODA PERSONA NATURAL QUE SE ENCUENTRA EN UN PERÍMETRO DE 30 KMS. CERCANO AL VOLCÁN CHAITÉN Y SUS ALREDEDORES, DE LA COMUNA DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS, Y EN EL SUPUESTO QUE DICHAS PERSONAS SE NIEGUEN A ACATAR ESTA ORDEN, PRESTAR EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA PARA ESTOS FINES, OFICIANDO AL EFECTO A LOS ORGANISMOS COMPETENTES, FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y OTROS, darle tramitación y en definitiva, acogerlo, ordenando el cese del acto ilegal y arbitrario llevado a cabo, es decir, ordenando evacuar la zona afectada, específicamente de un perímetro de 30 kilómetros alrededor del volcán Chaitén como zona de riesgo por la Onemi y sus alrededores.

Acompaña documentos consistentes en: a) Copia del Decreto Supremo Nº 558 de fecha 2 de mayo de 2008 de la Presidenta de la República doña Michelle Bachelet Jeria que señala como afectada de catástrofe a la Provincia de Palena; b) Copia simple de mapa de la zona afectada que individualiza un radio al volcán de Chaitén de 15 y 30 kms; c) Jurisprudencias cuyos hechos son compatibles con los hechos de esta causa; d) Copia del Decreto Supremo Nº 70 de fecha 4 de enero de 2008 de la Presidente de la República doña Michelle Bachelet Jeria que nombra como Intendente Regional Titular de Los Lagos a don Sergio Galilea Ocón, el cual le habilita para comparecer en esta acción constitucional; e) Set de recortes de prensa que acreditan la gravedad de los hechos y de que lo expuesto en autos es una situación pública y notoria.

A fs 26, se concedió orden de no innovar en el sentido de ordenar al General de la Décima Zona de Carabineros para la evacuación inmediata y obligatoria de toda persona natural que sin autorización de las autoridades a cargo de la zona de catástrofe en la provincia de Palena permanezca en un radio de 30 kilómetros del volcán Chaitén, adoptando todas las medidas conducentes para su cumplimiento.

A fojas 36, rola informe evacuado por el jefe de la Décima Zona de Carabineros Los lagos, General Alejandro Crestá Foradori, de fecha 18 de mayo de 2008, en el cual expresa que ese Mando Zonal ordenó de inmediato el cumplimiento de lo resuelto por esta I. Corte, evacuando en su oportunidad a la población de Chaitén.

Señala que continuando con el mandato judicial, se evacuó por parte de personal de servicio de Carabineros y por su propia voluntad a tres personas que aún se encontraban en Chaitén, cuyas identidades señala el informe.

A fojas 65, comparece don Hugo Osvaldo Schilling Peña, empresario por sí y en representación de su hermano Alonso Schilling Peña, empresario, ambos con domicilio en Avenida Corcovado 243, Chaitén, manifestando que en su calidad de residentes en la localidad de Chaitén, hasta el día 7 de mayo de 2008, se hace parte en el presente recurso de protección.

Señalan que el resultado de este recurso, así como la orden de no innovar decretada les afecta directamente porque derivado del mismo han debido dejar maquinaria pesada de un valor de $ 160.000.000 aproximadamente, más bienes muebles, computadores, papeles importantes, y se han visto impedidos de desarrollar su actividad económica.

A fojas 71, encontrándose la causa en estado de ver se trajeron los autos en relación.

A fojas 72 la parte recurrente acompaña documentos consistentes en un set fotográfico que demuestra la catástrofe del volcán Chaitén y desborde del Río Blanco e Informes de Sernageomin.

Con lo relacionado y considerando:

1) Que, el recurso establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por objeto que la Corte de Apelaciones respectiva adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del artículo 19 que se determinan específicamente;

2) Que, a la fecha de presentación del recurso, la parte recurrente solicitó una orden de no innovar consistente en autorizar a la Autoridad recurrente, el Intendente Regional, de acuerdo al artículo tercero del DS 588, de fecha 2 de mayo de 2008, del Ministerio del Interior, para que se evacúe por intermedio de Carabineros a toda persona natural que permaneciere en un radio de 30 kilómetros del volcán Chaitén, la que se concedió, en atención al peligro posible de sus vidas, considerada la magnitud de la erupción en que entró el volcán a contar de la madrugada del 2 de mayo de 2008, que en el hecho, significaron en su momento la caída sobre el pueblo de Chaitén de grandes cantidades de cenizas, más bien dicho, material piroplástico de origen mineral, que dificulta la respiración y contamina las aguas; lo dicho se puede apreciar de las informaciones de prensa de aquellos días, las cuales también relatan sobre la evacuación masiva de personas promovida por las autoridades ya antes de la interposición del recurso; que, el General de Zona de Carabineros a fs 36 informa que en definitiva la evacuación por la orden de no innovar afectó sólo a 3 personas;

3) Que, a la fecha de la vista de la causa, la parte recurrente acompañó una carpeta con informes técnicos sobre la erupción del volcán Chaitén evacuados día a día hasta el 21 de mayo de 2008 y otra carpeta con fotografías de la localidad de Chaitén.

En el informe del 21 de mayo, último agregado, se recomienda por Sernageomin mantener la alerta volcánica roja y recomienda conservar la zona de exclusión total en un radio de 30 kilómetros del volcán; agrega, que la vigilancia de la erupción continuará operando con base en Queilen (Chiloé) donde se ha establecido el centro de operaciones para recepción en tiempo real de la señal sísmica; da cuenta que los efectos secundarios asociados con la removilización del material piroplástico continuarán por largo tiempo.

4) Que, los informes del 12 de mayo de 2008, en adelante, dan cuenta de vuelos sobre la ciudad de Chaitén, para verificar sobre el desborde de los ríos próximos al poblado, causado indirectamente por las acumulaciones de cenizas que han bloqueado sus cursos provocando otros por el interior de la ciudad, causando enormes destrozos que se pueden apreciar de la carpeta de fotografías acompañadas por la parte recurrente. Es de conocimiento público y notorio que dicha situación se mantiene hasta los días actuales en peores condiciones cada día que pasa, continuando el volcán en actividad aunque decreciente hasta el momento;

5) Que, atendida la exposición anterior, se debe concluir que el recurso deberá ser rechazado en definitiva, teniendo presente que perdió oportunidad desde que la totalidad de las personas del pueblo de Chaitén y un radio de 30 kilómetros han sido evacuados, para dar seguridad a sus vidas;

6) Que, por otra parte, cabe señalar que el recurso debe igualmente ser rechazado desde que se puede considerar que el recurrente no aparece como personalmente afectado, ni se ha dirigido contra persona determinada alguna, en definitiva, que resulte afectada; aunque, no se puede sostener que un tipo de situación como la que trata este recurso sea atentatoria contra la vida de las personas, no es menos cierto, dadas las consecuencias anotadas, que implica un constante peligro, ya directo, ya indirecto, que llevó a las autoridades de gobierno a evacuar a los habitantes; pero el recurso tal como se desarrolló sólo ha terminado por constituir una acción popular, cuyo propósito jurídico no es tal precisamente;

7) Que, sin perjuicio de lo ya razonado, el estado de catástrofe, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Política de la República lo declara el Presidente de la República en caso de calamidad pública, determinando la zona afectada por la misma; el artículo 8 de la ley 18.415, Orgánica Constitucional de los estados de excepción, a su vez dispone que los estados de excepción constitucional se declararán m ediante decreto firmado por el Presidente de la República y los Ministros de Interior y de Defensa Nacional; que del Decreto 588, de 2 de mayo de 2008, del Ministerio del Interior, no aparece que se hayan cumplido tales formalidades; tampoco que se haya designado un Jefe de la Defensa Nacional por el Presidente de la República que asuma la dirección y supervigilancia de la jurisdicción que se determine, con las facultades que dispone el artículo 7 de la ley 18.415 o el artículo 19 de la ley 16.282, designando en su artículo tercero como autoridad responsable de la coordinación y ejecución de los programas de atención y auxilio de las personas damnificadas al Intendente de la Región de Los Lagos, quien podrá delegar la ejecución y coordinación de estas tareas, tanto a nivel comunal como provincial, en otra u otras autoridades de los sectores que hubieren resultado amagados; dicho decreto se limita a exponer como motivos de su dictación los hechos ocurridos en Chaitén, los riesgos que implica el volcán en erupción para la inseguridad física de sus habitantes, el traslado preventivo superior a las 1500 personas, y dispone en su artículo 1 que "toda la provincia de Palena" se encuentra "afectada por la catástrofe derivada de la erupción del volcán Chaitén ubicado a no más de 10 kilómetros de la ciudad", "ocurrida en la madrugada del día 2 de mayo de 2008"; por lo que en su artículo 2 se ratifican "todas las medidas que con ocasión de la referida catástrofe hubieren podido adoptar al margen de las normas legales y reglamentarias vigentes, las autoridades administrativas regionales, provinciales o comunales que hayan requerido norma de excepción"; de lo expuesto se puede concluir que el gobierno y sus agentes no se han visto privados de facultades o herramientas para actuar en los hechos acontecidos y que acontecen para solicitar un apoyo mediante un recurso de protección;

8) Que, en fin, no existiendo ya en la actualidad de acuerdo al tenor del recurso, las condiciones de peligro para la integridad física de los habitantes de Chaitén, no aparece vulnerada la garantía constitucional prevista en el artículo 19, N°1 de la Constitución Política de la República;

9) Que, en cuanto a la intervención de los terceros Hugo y Alonso Schilling Peña, a fs 65, no siendo el objetivo del recurso interpuesto el retiro de bienes personales, no se dará lugar a su petición.

Y, vistos, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación del recurso de protección, se declara:

Que, se rechaza el recurso interpuesto por el Intendente de la Región de Los Lagos don Sergio Galilea Ocón a fs 14, alzándose la orden de no innovar decretada a fs 26;

Que, no ha lugar a la petición de Hugo y Alonso Schilling Peña de fs 65.

Comuníquese.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Presidente don Jorge Ebensperger Brito.

Pronunciada por el Presidente don Jorge Ebensperger Brito, Ministra suplente doña Patricia Miranda Alvarado y Abogado integrante don Emilio Pérez Hitschfeld.

Rol N° 102-2008.

Recurso de protección por tema de Chaitén

2008-05-29T10:57:00.007-04:00

El lunes 28 de mayo de 2008 alegué en contra del Recurso de Protección presentado por la Intendencia Regional de Los Lagos, quien con él pretende, en el fondo, obtener del Poder Judicial carta blanca para evacuar 7000 personas y eventualmente hasta eliminar, y por el tiempo que desee, a una ciudad completa del mapa.

Mi argumentación se sustentó en que:

La única forma de suspender masivamente las garantías constitucionales, especialmente si las afectadas son tantas y de tal entidad libertad personal (a desarrollar actividad económica, a tener vida privada en el hogar propio, a educarse en el colegio de la elección, a tener un establecimiento educacional, a reunirse en la plaza de su ciudad, a la propiedad sobre los bienes, etc), es a través del Estado de Catástrofe, como lo he expuesto detallamente en comentarios anteriores, desde el 12 de mayo
Que en este caso no hay actuación ilegal de los ciudadanos de Chaitén que deseaban quedarse en su ciudad o retirarse una vez que hubiesen rescatados sus mascotas, bienes productivos y enseres personales. La Constitución les permite permanecer en el lugar en que se encuentren o trasladarse hacia el lugar que deseen.
No se afecta el derecho a la vida. Desde luego en un Estado liberal como el chileno, el Estado no puede meterse en la vida privada de nadie, incluso si está atentando contra su vida (como en una huelga de hambre), porque en el medida que no cause daño a terceros, queda en el ámbito de la autonomía de su voluntad y su autodeterminación (por eso se permite fumar, a sabiendas de que produce cáncer, como dice la leyenda en los cigarrillos). Ahora, en este caso en particular la situación es más clara, porque la gente de Chaitén no andaba buscando exprofeso su muerte, ni siquiera con dolo eventual: tal vez la mayoría habría abandonada -con buenos argumentos- su ciudad, luego de rescatar o poner a buen resguardo sus bienes productivos y enseres. Sin embargo, quienes hubiesen decidido quedarse, por tener menos aversión al riesgo o hacer un diagnóstico distinto al de la autoridad (diagnóstico errado o no, no interesa para estos efectos, porque el Estado no está para decretar lo que es correcto o no), estaban en todo su derecho (una nota secundaria a este argumento: esas personas hubiesen demostrado, con el tiempo, que tenían toda la razón, porque la vulcanología no es ciencia exacta, y acá nuevamente ha mostrado su debilidad).
Porque si se acoge el recurso implicaría que en este caso, los efectos serían permanentes; en lo concreto, de manera PERMANENTE se le daría carta blanca al Estado para que haga lo que quiera con una ciudad completa y sus habitantes, sin limitación de modo ni tiempo. Esto viola nuevamente la Constitución, porque en casos como estos obliga a intervenir al Congreso, por cuanto se están suspendiendo garantías constitucionales de manera masiva, por más de 180 días (nuevamente, a raíz del Estado de Excepcional Constitucional que se ha tratado de eludir a toda costa).

-------------------
La causa ha quedado en estudio, por lo que hay esperanza de que se pueda obtener un fallo ajustado a derecho y a no a criterios políticos. De acogerse el inconstitucional recurso del Poder Ejecutivo, apelaremos para ante la Corte Suprema, para que de una vez y por todas este alto tribunal restablezca el Estado de Derecho y separe claramente las atribuciones de cada poder del Estado, así como sus respectivas obligaciones, en situaciones como ésta.

Profecía autocumplida

2008-05-15T17:24:00.003-04:00

Entiendo que mi voz, por ahora, es disonante en Chile, donde lamentablemente el Estado y los medios, en una mal entendida solidaridad, hacen causa común con el actuar gubernamental, sin cuestionamientos (me recuerda la falta de cuestionamiento de los medios norteamericanos a la guerra de Irak); sin embargo, lo debo decir sin ambages: la prudencia está a un paso de la cobardía, y el Estado de Chile lo dio.
El gobierno trata de justificar su actuar en base a lo único que ha habido, tormentas eléctricas y lluvias, para el cierre de Chaitén. Supuestamente la inminencia de la caída de la columna de humo era lo que justificaba el afectar las garantías constitucionales de todo un pueblo, de manera inconstitucional (el Estado de Catástrofe era lo único que lo permitía).
Nada de ello ha ocurrido: por el contrario, se perdieron irremediablemente más de 10 días sin rescatar las mascotas ni los bienes más preciados de la gente. La subida del río no es más que la consecuencia de no haber tenido máquinas trabajando para que el río no se embanque.
Profecía autocumplida: la negligencia y la cobardía destruyen una ciudad...no el volcán.

Inconstitucionalidad de Orden de No Innovar para desalojar a todo un pueblo: Chaitén

2008-05-14T18:13:00.004-04:00

La Orden de no Innovar otorgada en el Recurso de Protección 102-2008, deducido por Intendencia Regional contra Personas Desconocidas, es inconstitucional, porque afecta masivamente las garantías constitucionales de muchos chilenos.
Esto es grave y no se cómo lo toleramos. Todos hacen vista gorda de las transgresiones. Ya entiendo cómo lo mismo sucedía en la Alemania Nazi...una concientización generalizada que afectaba hasta los más lúcidos.
Lo que la autoridad debió hacer es dictar el Estado de Catástrofe respecto de la provincia de Palena. Pueden haber razones POLITICAS para hacerlo o no, pero un tribunal no debe analizarlas ni considerarlas porque no es su deber ni obligación.
En sólo en virtud de ese Estado de Catástrofe que se puede afectar MASIVAMENTE la libertad de locomoción, así como tomarse otras medidas.
No es una Orden de No innnovar y un Recurso de Protección el instrumento destinado a administrar una catástrofe en un país. El recurso de protección está solo destinado a amparar a los habitantes que sufren perturbación, privación o amenaza en sus derechos por alguna autoridad concreta; o por otro particular concreto. Nada de esto se da en la especie.
Movilizaciones forzadas de gente (tal cual ocurre y ha ocurrido históricamente en otras zonas del mundo) no se adoptan a través de órdenes de no innovar.
Una movilización masiva de gente es una acción demasiado grave, porque se afectan una serie de garantías constitucionales, de mucha gente:

Se afecta la libertad personal de desplazamiento y permanencia de más de 5 mil personas
Se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica, de muchos empresarios que han visto abandonados sus bienes productivos y negocios.
Se afecta el derecho a reunión en un lugar determinado, al impedir a los ciudadanos de Chaitén reunirse en sus casas, centros recreativos, lugares públicos, parques y plazas..
Se afecta el derecho de propiedad, porque los bienes ya no pueden usarse ni gozarse: hablamos de la vivienda, los enseres que la guarecen, vehículos, etc..
Se afecta el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, al verse obligados a ir a un albergue todas aquellas personas que no tienen sustento familiar o de dinero para una solución mas razonable. No hay vida afectiva o sexual alguna en esas condiciones.
Se afecta la libertad de trabajo de todos aquellos que obtienen su ingreso a través de un esfuerzo remunerado.

Una orden de no innovar no puede provocar este tipo de efectos tan drásticos y a tanta gente. Es más, el Tribunal de Alzada cuando ha fallado recursos de protección -donde este mismo abogado ha sido apoderado- y en donde normalmente se ha abstenido de otorgar fuerza pública para cumplir los fallos, siguiendo el criterio de la Corte Suprema en este sentido.

O sea, si para cumplir un fallo de protección que ordene restituir un inmueble, eliminar un cerco o situaciones similares, la Corte de Apelaciones no tiene imperio, según ella misma ha resuelto de manera sistemática, no entendemos como ahora sí tiene imperio para afectar las garantías constitucionales de más de 5 mil personas. No nos parece consistente desde el punto de vista de la juridicidad.

De acuerdo con la Constitución existe una sola forma de afectar de manera masiva las garantías constitucionales, esto es, a través de un estado de EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL.

En efecto, traigo a colación las normas que rigen la materia:

"Estados de excepción constitucional

Artículo 39 .- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

Artículo 41.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República , determinando la zona afectada por la misma.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

Artículo 43 inciso 3º
Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada".

A su vez tenemos otra normativa que rige claramente el caso de autos:

"LEY No. 18.415

LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION

Artículo 1º.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas, sólo puede ser afectado en las situaciones en que ésta lo autoriza y siempre que se encuentren vigentes los estados de excepción que ella establece.

Artículo 6º.- Declarado el estado de catástrofe, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe.

Artículo 7º.- Para los mismos efectos señalados en el artículo 5° de esta ley, durante el estado de catástrofe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1) Los contemplados en los números 1, 4 y 5 del artículo 5° (1.- Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción; 4.- Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; 5.- Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros);

2) Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes;

3) Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada;

4) Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público;

5) Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública;

6) Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población;

7) Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, y

Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal".

EN SÍNTESIS:

Por tratarse de una materia gravísima, mas ahora cuando se habla de congelar la entrada a Chaitén por 3 meses, es que nuestra orden debe levantar la voz jurídica en este asunto.

Si hay razones para la evacuación, cada vez mas débiles, debe usarse la Constitución, que contempla mecanismos parlamentarios de control. Un recurso de protección, vago e impreciso, sin control ulterior, es un atentado al Estado de Derecho.

Pido que el Directorio del Colegio de Abogados se reuna y adopte una decisión.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica de Chile
http://aucia.cl
Puerto Montt

El Estado fomenta la cobardía de los chilenos y se comporta de manera totalitaria

2008-05-13T10:30:00.009-04:00

Una fuerza de combate de nuestras fuerzas armadas que deba tomar un objetivo, muchas veces arriesga la vida de sus tropas. El enemigo vigila cada movimiento y al más mínimo avance dispara con sus ametralladoras y lanza sus bombas. Muchas veces hay que actuar al descubierto, sin protección, para avanzar en la posición que se debe tomar. Un bombardeo aéreo debe presupuestar que la artillería antiaérea pueda derribar los aviones, con las bajas subsecuentes.

En fin, los militares asumen que aunque es deseable acotar al máximo el riesgo, hay circunstancias en que hay que actuar a sabiendas de que es elevado, para lo cual la virtud de la valentía es muy deseable.

Así las cosas, resulta extraño que el Estado de Chile (incluyo a los tres poderes que lo componen) sea incapaz de montar una operación de rescate de las mascotas de los habitantes de Chaitén y de sus bienes materiales mas preciados, so pretexto del elevado riesgo existente. Nos quieren hacer pensar que por el solo hecho de que alguien ingrese a Chaitén, el Volcán le empezará a tirar piedras, gases y fuego. Ese es el pensamiento de nuestros poderes públicos.

En otras palabras, pretender que no se puede estar sino unos minutos en la ciudad es pretender hacernos creer que el volcán tiene conciencia y está esperando eso para actuar. En verdad, incluso un volcán impredecible es menos riesgoso que un enemigo al acecho dispuesto a disparar a lo primero que se mueva; y por lo que yo se, aún en estas condiciones de peligrosidad, se montan operaciones militares y de rescate de rehenes.

Por otro lado, se nos pretende hacer creer que hay mucha diferencia en estar 5 minutos en Chaitén con estar 5 horas (y ya sabemos que salmoneras y organismos públicos han estado en Chaitén rescatando documentos e implementos). La verdad es que el supuesto tiempo que existe para salir de emergencia del lugar es el mismo para alguien que haya estado 1 día, 5 horas o 2 minutos. Exactamente el mismo.

O sea, el nivel de cobardía que estoy denunciando poseen nuestras autoridades no tiene por qué traspasársele obligatoriamente a la gente. No estamos en un estado totalitario en que se permita tratar a todo el mundo como cabro chico o inmaduro, donde el Estado debe reemplazarlos en sus decisiones de riesgo.
Las personas son razonables y ya han recibido suficiente información alarmista. Si aun así desean ir a rescatar sus bienes más preciados, debe facilitársele esa labor, ya sea que se haga por ellos mismos o, si el Estado tiene tanto miedo, con personal especializado.

De lo contrario, no solo estará actuando de manera totalitaria y cobarde, sino arriesgando las arcas fiscales, cuando luego vea llegar las demandas indemnizatorias a que tienen derecho los habitantes afectados.

En síntesis, prudencia para evacuar la zona, SÍ (lástima que se haya hecho de manera inconstitucional); cobardía para no rescatar las mascotas, NO.

Inconstitucionalidad de acción de Corte de Apelaciones al afectar masivamente la libertad de movimiento - Rescate mascotas en Chaitén

2008-05-12T18:35:00.001-04:00

Se presentó esto el día de hoy lunes 12 de mayo de 2008.

EN LO PRINCIPAL: Se hace parte y pide se alce orden de no innovar; en subsidio, se aclare.
OTROSI: En subsidio, declaración que indica.

I. CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA, abogado, con domicilio en Concepción 120, piso 8, Puerto Montt, en autos sobre recurso de protección "Intendente X Región contra personas desconocidas", rol 102-2008, a S.S.I. digo:

1.- El art. 19, Nº 7 de la Constitución Política de la República de Chile señala lo siguiente:

"Capítulo III: DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
En consecuencia:
a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República , trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;
b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes";

2.- Este recurso de protección se sustenta en que personas indeterminadas, residiendo en Chaitén al día 7 de mayo de 2008, estarían afectando contra su propia vida, porque supuestamente estarían en riesgo por una erupción volcánica.

Pues bien, la autoridad política de la República no puede pretender suplantar las herramientas legales que posee y utilizar los instrumentos constitucionales, por muy loables que sean sus fines, afectando claramente las garantías constitucionales de los habitantes de Chile.

En efecto, ante un teórico peligro en que estarían los habitantes de Chaitén y en defensa el derecho a la vida y a la integridad física de sus habitantes, se ha afectado con este recurso de protección y en particular con la orden de no innovar (ONI), la garantía constitucional ya descrita más arriba. Es decir, frente a una afectación potencial de una garantía, se limita totalmente el goce de otra garantía. Y lo que es más grave, se afecta la garantía de un número indeterminado de personas, lo que la autoridad administrativa ha interpretado como afectando la libertad personal de todos los chilenos, salvo los que ella misma autorice.

3.- De acuerdo con la Constitución existe una sola forma de afectar de manera masiva las garantías constitucionales, esto es, a través de un estado de EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL.

En efecto, traigo a colación las normas que rigen la materia:

"Estados de excepción constitucional

"LEY No. 18.415

LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION

3) Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada;

4) Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público;

6) Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población;

7) Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, y

Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal".

4.- Por otro lado, desde el punto de vista formal, el recurso nos merece cuestionamientos. Resulta imposible poder hablar de acción ilegal o arbitraria que afecte una garantía si en el recurso no se individualiza a él o los recurridos, por cuanto las acciones ilegales o arbitrarias son cometidas por personas, no se producen solas.
Esa vaguedad no solo es muy rara verla en un recurso de protección que pase la barrera de la admisibilidad, sino que se presta para abusos por parte de la autoridad recurrente, quien es precisamente la encargada de cumplir la ONI.
Normalmente una parte recurrente no es la misma que debe cumplir con fuerza pública una ONI; en este caso se da la situación paradojal de que la propia recurrente pide la orden, la recibe, la tramita, informa y la cumple, manu militare, según la interpretación que ella misma le de. Es decir, se da el caso preciso de dejar en el mayor desamparo a la ciudadanía, dado el gran poder que el ejecutivo tiene en un régimen presidencial como el chileno.
Cuando la ley ha querido dar ese tipos de facultades, tremendas facultades, hace intervenir al Congreso Nacional, como se indica más arriba, al tratar la Constitución acerca de los Estados de Excepción Constitucional.
Por otro lado, el otro poder del estado, el Poder Judicial, es el llamado a controlar y limitar los excesos del Poder Ejecutivo. En este caso se han cometido tales excesos, porque se ha impedido que personas ajenas al recurso, que no son parte del mismo, vean limitada la garantía constitucional del art. 19, Nº 7 de la Constitución Política, que asegura a todos "el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República y de trasladarse de uno a otro".

5.- En lo concreto, este abogado necesita ir a Chaitén, como muchas otras personas, por los motivos que sean (en Chile no existe ley que obligue a la gente a decir por qué quiere trasladarse de una localidad a otra) y la autoridad administrativa de Chile lo impide, basado en la orden de no innovar decretada en esta causa.
Este abogado no pretende atentar contra su propia vida ni afectar garantía constitucional alguna.

6.- Hago presente que como nadie ha determinado todavía quién es parte o no de este recurso, dada la vaguedad ya denunciada, el suscrito estima que la I. Corte de Apelaciones no podría negarme la calidad de parte y afectada, porque ya he manifestado que no puedo ingresar a Chaitén, pese a desear hacerlo.

EN DICHA VIRTUD, y partiendo de la base que soy parte en este recurso, y por ende recurrido, porque esa es la interpretación que le ha dado el recurrente, la autoridad política de Chile y Carabineros de Chile (que para efectos de este recurso fungen como una sola y misma parte)
A S.S.I. PIDO, ordene levantar dicha orden de no innovar de manera absoluta, por no individualizarse correctamente al o los recurridos y porque afecta la garantía del art. 19, Nº 7 de la Constitución; en subsidio, para que declare que dicha ONI no afecta al suscrito, quien no está impedido de ingresar a Chaitén.

OTROSÍ: En el improbable evento de estimar S.S.I. que el suscrito no es parte en esta causa, POR NO SER RECURRIDO, solicito lo siguiente:
Se declare derechamente que el suscrito no es parte en esta causa. Con esta declaración quedaría procesalmente establecido que, por no ser parte, no soy recurrido y, como consecuencia de ello, quedo automáticamente facultado para poder ingresar a Chaitén cuando yo lo estime pertinente y por las razones que yo estime pertinentes.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica de Chile
http://aucia.cl
Puerto Montt

Acerca de la nueva Ministra de Educación: un retroceso

2008-05-04T18:47:00.002-04:00

Se ha informado que la Presidenta ha escogido como nueva Ministra de Educación a Mónica Jiménez, Rectora de la Universidad Católica de Temuco, nombrada en este cargo precisamente por la jerarquía católica, a quien le debe respeto y obediencia.

Parece que Bachelet no aprendió la lección: al igual que lo sucedido con José Luis Cea (de la Universidad Católica y religioso seguidor del mito cristiano), Mario Fernández (DC) y otros personeros que siguen dogmas impuestos por la organización religiosa a la cual adscriben, ahora pone en manos de otra rectora de una universidad religiosa el cargo que define cómo se imparte la educación en Chile.

O sea, en vez de transitar en pos de una educación secular, donde se le enseñe a la gente a pensar, se opta por una basada en imposiciones religiosas.

No me cabe duda alguna que cuando se debatan los denominados temas valóricos (por ejemplo, cualquier aspecto relacionado con la educación sexual en los colegios o la orientación sexual de los alumnos, embarazos, supresión de las clases de religión, etc), la nueva ministra va a estar mirando lo que dice su organización religiosa, a la cual tanto le debe.

Lamentablemente se ha llegado a esto porque parece que la DC estima que tiene un feudo en el Ministerio de Educación. Eso es lo que a la gente le disgusta: un cuoteo que, para colmo, favorece los sectores más recalcitrantes del país.

ACTUALIZA COMENTARIO

Hoy domingo 4 de mayo de 2008, entrevistada en Reportajes de El Mercurio por Raquel Correa, ésta periodista señala:
"Asistente social con Magíster en Educación, no imaginó que era tan compleja la tarea que se le venía. Pero, segura de sí, sin alardes, espera cumplirla en los 22 meses que tiene por delante. "Con la ayuda de Dios", por supuesto, dice quien se declara independiente, concertacionista y "militante de la Iglesia Católica"".

De muestra, un botón:

Pregunta Raquel Correa, muy inteligentemente: -Si tuviera que escoger entre clases de religión y de educación sexual, ¿cuál elegiría?

-Esa disyuntiva no existe. Están estrechamente vinculados la formación ética y moral con el comportamiento sexual.

Primero, ¿qué tiene que ver la ética con la religión? La ética, las normas del comportamiento correcto, existen desde siglos antes del cristianismo y no requieren la creencia en seres mitológicos para tener sustento.
Por otro lado, ¿qué tiene que ver la formación ética con el comportamiento sexual? ¿Nos quiere vender subrepticiamente la idea de que la sexualidad es sólo para el matrimonio y para procrear, nada más, como lo determina la iglesia católica? ¿Eso es? ¿Por qué no lo dice derechamente?

Se ratifican mis peores pronósticos: habrá que esperar que surja un tema valórico en la discusión pública, ver la postura religiosa que se le impone dada su "militancia", para aquilatar la gravedad de su elección como ministra.
Fuente: El Mercurio.

El fracaso de la transparencia informativa en las audiencias penales

2008-04-25T18:42:00.003-04:00

Como se advierte de la resolución que transcribo mas abajo, algunos jueces están concluyendo en lo nefasto que son los medios de comunicación cuando se trata de asuntos judiciales. La ignorancia de los periodistas es tan alta como el ego de los mismos (léase Alejandro Guilllier y similares).

Uno pensaba, ingenuamente, que con el nuevo sistemas veríamos periodistas especializados, que informen con solidez sobre el avance de los asuntos; empero, por el contrario, en general son los mismos, sin capacitación, que ahora la tienen más fácil, porque la audiencia efectivamente se presta para un show televisivo, sin necesidad de invertir un duro siquiera.

La Corte Suprema debiera tomar cartas en el asunto y normar definitivamente esta cuestión; la transparencia fracasó.

MARIO ENRIQUE AGUILA

-------------------------------------

PRIMER JUZGADO DE GARANTÍA

SANTIAGO

Santiago, dieciocho de abril del año dos mil ocho.

OÍDO Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que con esta fecha, en la audiencia de control de la legalidad de la detención de don Jorge Chia González, don Yiquin Chia González, don Eric Quilapi Rojas y don Mauricio Herrera Navarette, se ha presentado el periodista de Chilevisión, señor Canales Flores, quien con la finalidad de informar a la ciudadanía, ha solicitando la captación de imágenes del desarrollo de la misma dirigida contra los integrantes de la banda que denomina “Los Chivas de Pudahuel”, las que se transmitirían esta noche en el noticiero central.

La defensa de los imputados, asumida por don Mario Valenzuela Reyes y don Gabriel Urrejola Venegas, pide la prohibición de filmar o transmitir sus imágenes de los imputados y su familia; y el Ministerio Público, representado por don Hugo Cuevas Gutiérrez, por su parte, respalda la publicidad plena de la audiencia.

SEGUNDO: Este juez invariablemente desde el inicio de la reforma procesal penal ha mantenido abiertas las puertas de las audiencias llevadas a efecto en los tribunales donde ha ejercido sus funciones, para que el público en general pueda observar en directo su desarrollo, y le ha otorgado a la prensa todas las facilidades para que pueda hacer su propio trabajo, incluso en desmedro de los primeros que son groseramente desplazados y arrinconados por las cámaras y otros equipamientos tecnológicos. El Tribunal cree firmemente en la libertad de información, y estimó que dicha apertura contribuiría a que los ciudadanos desde sus casas pudieran conocer el funcionamiento del nuevo sistema -función pedagógica- y las especificidades de cada caso particular, contribuyendo a la transparencia de las decisiones judiciales.

TERCERO: Sin embargo, a diferencia de mi experiencia en provincia, durante los últimos tres años de vigencia de la reforma procesal penal en Santiago la opinión pública no está mejor informada que cuando regía el secreto del sumario en el procedimiento inquisitivo.

La calidad de la información entregada es francamente paupérrima.

En efecto, día a día los hechos dados a conocer son inexactos o derechamente manipulados. No se informan los fundamentos de las resoluciones judiciales. La versión de la defensa está ausente en el tratamiento de la noticia y la “verdad oficial” proviene de fuentes ajenas a lo debatido en las audiencias, fundamentalmente de los testimonios de los agentes policiales y de investigación, mucho de ellos relacionadores públicos de sus propias instituciones, en contravención a lo dispuesto en los artículos 92 del Código Procesal Penal y 64 de Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

En los noticieros centrales de la televisión nacional y en su programación especial vemos a diario imágenes de archivo de audiencias que nada tienen que ver con la supuesta información entregada; vemos como hostigan a los inculpados y a sus familiares a la salida de los juzgados o en sus propios hogares; e incluso se les exhibe afuera de los cuarteles policiales como si fueran botines de guerra. A pesar de la prohibición legal y advertencia de los jueces, muestran y dan a conocer los datos personales de los menores de edad (prohibido por el artículo 33 de la Ley N° 19.733). También filman a las víctimas, razón por la cual muchas no asisten a la respectiva audiencia de juicio oral. Se les da tribuna a estas últimas cuando injurian a los jueces e interrumpen las audiencias haciendo “shows” fríamente calculados. Finalmente observamos sin mayor capacidad de asombro como hordas destruyen impunemente en nombre de la justicia los bienes materiales de los acusados, por ejemplo ingresando sin autorización a sus casas e incendiándolas.

CUARTO: Por eso hoy debo hacer un mea culpa. Cuando en el pasado los defensores alegaban que las imágenes gráficas obtenidas en audiencia afectaba la presunción de inocencia, les contestaba ingenuamente que primaba el derecho constitucional de los ciudadanos de estar informados de lo que acontecía en las audiencias judiciales; que las garantías procesales serían rigurosamente resguardadas por esta judicatura; y que los jueces profesionales -no jurados- no se sentirían impresionados por la opinión pública expresada en la particular visión de la prensa.

El tiempo ha demostrado lo equivocado que estaba. Nuestra democracia no estaba lo suficientemente madura ni nuestra población con la cultura para presenciar civilizadamente los juicios.

La apertura sin restricciones de las audiencias ha estado lejos de cumplir su objetivo, a saber y en palabras de Claus Roxin “consolidar la confianza pública en la administración de justicia”, en “fomentar la responsabilidad de los órganos de la administración de justicia” y “en evitar la posibilidad de que circunstancias ajenas a la causa influyan en el tribunal”.

No sólo el cuerpo social hoy está más desinformado que ayer respecto de la función jurisdiccional, confundiendo los roles institucionales de cada cual -servicio judicial, legisladores, ejecutivo, persecutores penales y defensa-, sino más dramáticamente vemos como las decisiones judiciales cada día con mayor fuerza atienden el clamor popular sobre el derecho y las particularidades del caso que son expuestos. Más que esclavos de la ley, a veces parecemos esclavos de la opinión pública. En definitiva, la excesiva exposición de una versión única y unilateral del caso a través de los medios de comunicación social afecta el derecho de los imputados a ser juzgados con imparcialidad por los terceros llamados a resolver el conflicto. La tentación de “sacrificar” a los imputados y evitar el cuestionamiento público, en pos de una prospera carrera, es demasiada alta.

Pero el problema no se reduce al debido proceso sino también abarca el trato de inocente que deben tener los inculpados durante la investigación, esto es, antes de que se dicte una sentencia definitiva en su contra. Basta observar las estadísticas de prisión preventiva decretadas y la variación de criterios jurídicos en las audiencias con cobertura periodística o presencia mediática.

QUINTO: Hoy intentamos tener audiencias donde las partes argumenten jurídicamente sus posiciones y los jueces explican racionalmente sus decisiones. Pero la realidad es que lo que se transmite al público por medio de la televisión, radio y prensa escrita es un espectáculo, no un circo divertido de los que se instalan en septiembre en el país, sino de la antigua Roma, donde buscamos el linchamiento público de los imputados, el morbo, o alguna imagen sensacionalista para propagar en la comunidad.

No hay un genuino interés por la información, únicamente se transmiten las alegaciones de los litigantes contra las decisiones judiciales vertidas en la prensa, la que sólo recoge de las audiencias las reacciones del imputado esposado, abatido, intentado pasar desapercibido frente al aparato de persecución penal. Las fijaciones fotográficas o televisivas no están al servicio de la verdad sino para afectar la dignidad de los acusados. Incluso hemos visto algunos requeridos que han quedado libres después de la audiencia de control de detención, ya sea porque no se ha acreditado el delito, su participación o sencillamente no hay necesidad de cautela, y sin embargo siguen presos en propios hogares, pues son agredidos por algunos integrantes de la comunidad cuando salen a la vía pública.

SEXTO: En este caso particular, los imputados han manifestado que ayer, entre las 19 y 21 horas, fueron sacados en dos oportunidades desde los calabozos de la 26ª Comisaría de Carabineros de Pudahuel, para que los medios de comunicación pudieran captar imágenes que luego serían transmitidas, según lo corrobora uno de los defensores, en distintos canales de televisión. Incluso hostigaron a la madre de los hermanos Chia González.

El señor Fiscal reconoce que dicha dependencia policial cuenta con una infraestructura física que permite que los imputados ingresen y salgan del recinto sin tomar contacto con el exterior. También asevera que no es habitual que a los imputados se les obligue salir de las celdas hacia el sector de atención de público cuando están bajo la custodia estatal. Las diligencias de investigación se realizan en el interior, sin que exista visibilidad desde afuera.

SÉPTIMO: El Tribunal no pretende interferir en cuestiones que no son de su incumbencia. Tiene clarísimo que la libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de un estado democrático, en particular en la fiscalización de los “asuntos públicos”. Sin lugar a dudas es preferible una prensa con las características de la nuestra que la censura.

Tampoco se pretende culpar únicamente a los medios de comunicación de la sensación subjetiva de inseguridad imperante en el país, de la verdadera presunción de culpabilidad a la que someten a todos los detenidos, y de la presión ejercida para que las autoridades promulguen leyes ineficaces desde el punto de vista de la seguridad pública, pero que constituyen un claro retroceso en el ideario liberal que inspira las democracias occidentales, en vez de apostar por la prevención y rehabilitación.

Pero como juez de garantía, en su deber de cautelar los derechos fundamentales, no puedo desatender el hecho que hoy las imágenes gráficas obtenidas en audiencia, en términos generales, no están al servicio de la información, sino más bien de la denigración de las personas acusadas, razón por la que no queda otra que prohibir su divulgación. El Tribunal no está disponible para facilitar la entrega de imágenes que queden en la retina de la población para que ésta proceda a linchar extrajudicialmente a los imputados, antes siquiera de una sentencia condenatoria definitiva.

OCTAVO: El Tribunal, en cuanto al derecho a la información, exclusivamente tiene la obligación de garantizar la publicidad directa de las salas de audiencias porque -nuevamente en palabras de Roxin- “la publicidad masiva del público de televisión no sólo puede modificar de forma imprevisible el comportamiento del acusado y de los testigos sino también convertir al tribunal, con mucha más facilidad, en víctima de prejuicios y expectativas extendidos”.

De hecho en los países donde rige el sistema acusatorio hace mucho y donde tanto la libertad de prensa como la presunción de inocencia, incluido el tratamiento digno del imputado, y el debido proceso -due process of law- se toman en serio, están vedadas para los medios de comunicación social y los particulares las grabaciones magnetofónicas, televisivas y radiofónicas, así como las grabaciones de sonido y fílmicas que tengan por fin la transmisión pública de las audiencias, salvo excepciones. El caso paradigmático es el de OJ Simpson en California, EE.UU., que ha tenido la mayor cobertura periodística en la historia de la humanidad: sólo se autorizó la presencia en audiencia de dos connotados periodistas, con vasta experiencia y conocimiento en temas judiciales, en representación de la Associated Press, los que dieron al tribunal plena garantía de su imparcialidad en el procesamiento de la información, y las imágenes -por cierto- estaban absolutamente restringidas.

Para no ir más lejos, en las otras judicaturas en el país no es usual otorgarle a la prensa acceso amplio a las audiencias como ha sido costumbre reciente en lo criminal. Las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema excepcionalmente permiten la captación de imágenes de las audiencias.

NOVENO: Por ende, el Tribunal procurará ponderar los intereses contrapuestos en juego, asegurando que los medios de comunicación puedan seguir criticando el mérito de mis resoluciones -lo que se celebra como manifestación de la vitalidad democrática-, pero sin arrastrar en el proceso a personas que no han sido condenadas. Dicha carga -sometimiento al control externo- la debe asumir el funcionario público en cuestión. En cambio, los imputados tienen derecho a que se les trate como inocentes hasta que se pruebe lo contrario mediante una sentencia definitiva ejecutoriada. Parece elemental, pero en nuestro país -con escasa educación cívica- esto usualmente parece utópico.

Y en virtud, además, de lo dispuesto los artículos 9° del Código Orgánico de Tribunales; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; 1°, 5° y 19 N° 3, 7 y 12 de la Constitución Política de la República; y en el inciso final del artículo 289 del Código Procesal Penal, se resuelve:

No autorizar a Chilevisión para obtener testimonios gráficos de esta audiencia para su noticiero central, sin perjuicio del derecho de sus periodistas de estar presente e informar sin restricciones el contenido de la misma, incluso mediante audio.

En lo sucesivo, y tal como ha sucedido en la especie, los medios de comunicación social interesados deberán hacer la petición concreta al Tribunal, el que abrirá debate entre los intervinientes y tendrá especialmente presente al decidir, las garantías de imparcialidad en el tratamiento de la noticia que pudiera otorgar el medio de prensa en cuestión, el programa específico (o sección), el o los periodistas responsables y su fecha de exhibición o publicación.

Se ordena oficiar a la 26ª Comisaría de Carabineros de Pudahuel, para recordar a la jefatura de la unidad policial sus deberes legales, en particular el contenido del artículo 92 del Código Procesal Penal. Asimismo, ofíciese a la Fiscal Regional Metropolitana Occidente para que adopte las medidas que estimare pertinentes.

RIT N° 1812-2008.-

Resolvió don Fernando Guzmán Fuenzalida, Juez de Garantía.

Bolivia y la injerencia de Chávez

2008-04-23T14:06:00.002-04:00

LA NOTICIA:

Líderes del ALBA sellaron hoy en Caracas una declaración de 'solidaridad' con el proceso impulsado por el presidente Evo Morales en Bolivia, y expresaron su 'firme rechazo' a lo que denunciaron como 'planes de desestabilización'.

'Los Gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela', reunidos en una cumbre extraordinaria del ALBA, reiteran su 'solidaridad' y ratifican 'su firme rechazo a los planes de desestabilización que buscan vulnerar la paz' en Bolivia, indica la declaración leída por el vicepresidente cubano, Carlos Lage.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, convocó el martes a Morales, Lage y a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, a una reunión extraordinaria del ALBA en Caracas ante la situación en Bolivia, país que, dijo, está 'a punto de estallar'.

En su declaración, los dirigentes añaden que 'la actual crisis debe ser solucionada por los bolivianos mediante un diálogo franco y abierto' y 'sin injerencia' extranjera.

Ratifican asimismo su 'posición de no reconocer ninguna figura política que vulnere la integridad territorial de Bolivia', y expresan su rechazo al referendo de autonomía convocado el 4 de mayo en la región de Santa Cruz, que consideran 'en franca violación de las leyes bolivianas'.

Fuente. 23 abril 2008.

EL COMENTARIO:

Es patética la desfachatez de Chávez de, por un lado, aprobar una declaración de no intervención en los asuntos bolivianos, para a renglón seguido pronunciarse, junto a Cuba y Nicaragua, respecto de cómo debe funcionar Bolivia, criticando los intentos de autonomía del departamento de Santa Cruz.

El problema de fondo es lo lamentable que estos países sean gobernados por estos "líderes" tan penosos y que en Chile reciban el respaldo de parlamentarios tan perdidos como el senador Alejandro Navarro, o el periodista Fernando Paulsen (quien justificó el cierre del Caracas Televisión en Venezuela), olvidando las dramáticas experiencias chilenas frente a una dictadura.

Raúl Bertelsen Repetto: un miembro del Tribunal Constitucional de Chile sin ética

2008-04-08T13:33:00.001-04:00

Cuando en Chile se impugnó por un grupo de parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional la llamada píldora del día después, la abogada Lidia Casas pidió la inhabilidad de dos miembros del Tribunal Constitucional de Chile, Raúl Bertelsen y Raúl Navarro, porque ambos habían suscrito con anterioridad un informe en derecho en contra de la píldora del día después; ese informe se llamó: "El derecho a la vida y su titularidad. Algunas consideraciones a propósito de la comercialización de la droga levonorgestrel 0.75". Se entregó con motivo de la causa "Centro juvenil AGES con Instituto de Salud Pública".

Raúl Navarro se inhabilitó, como lo haría cualquier persona decente, que sabe que si ya opinó sobre un tema que debe resolver, debe apartarse para que la imparcialidad del Tribunal no quede en duda. Por el contrario, Raúl Bertelsen no lo hizo, defendió su tesis de que no estaba inhabilitado, y pese a que tres otros miembros cuestionaron eso, siguió adelante.

Es curioso que personas que adscriben a religiones y sectas sean tan proclives a violar principios propios de la naturaleza humana (aquellos que permiten distinguir el bien del mal), principios que en cierta forma son también recogidos por sus religiones, sectas, mitos y leyendas.

Este incidente es otra prueba de como el dogmatismo y fanatismo religioso matan valores consustanciales al ser humano.

Chile vs. Perú: un "extraordinario" consenso nacional

2008-01-15T07:50:00.000-03:00

Me produce risa la posición de los políticos y de los medios de comunicación social, respecto del consenso en materia internacional que tendría Chile, en el caso con marítimo Perú. Se presenta como una gran cosa y todos se ufanan de este "logro".
Sin embargo, lo risible es que eso es común a absolutamente todos los países, cuando hay temas de soberanía o defensa, y es lo que ha llevado a situaciones muy criticables.
Tenemos el caso de Bolivia, donde cada vez que se quiere consenso interno, se saca a colación su aislamiento marítimo, maniobra aglutinadora que luego es criticada por todos aquí en Chile.
Y es también la critica que se le hace a Bush: se aprovechó que en ese país también se produjo un consenso, unánime, prensa involucrada, cuando se invadió Irak. Y pobre del que osare contradecir ese tan estupendo consenso nacional. Ahora hay muchos medios arrepentidos por el engatusamiento de que fueron objeto (más bien auto-engaño, porque siempre hubo voces disonantes desde el extranjero que fueron desechadas, por erradas).

Remontémonos un poco más atrás...

Argentina, Malvinas, gran consenso nacional. Ya sabemos lo que pasó. ¿Más atrás? Espacio vital, país unificado, Segunda Guerra Mundial.
En todos estos casos había una confianza ciega, absoluta, en que la posición nacional era la correcta.

Así que no hagamos aspavientos con este tan especial, único en el mundo, y patriota consenso chileno; no tiene nada de sui generis y, peor todavía, hay que tener cuidado, porque muchas veces hace pasar de contrabando posiciones que luego pueden dar vergüenza.

Posición de la iglesia catolica y farmacias respecto de anticonceptivo de emergencia

2007-10-30T16:19:00.000-03:00

1.- La iglesia católica tiene una postura clara: el sexo, por placer, no se justifica. Las relaciones sexuales pueden existir solo en pos de la procreación, debido a lo cual están permitidas solo para después del matrimonio.
Es decir, este organismo sigue prohibiendo las relaciones pre-matrimoniales.
Sigue prohibiendo los anticonceptivos normales.
Prohíbe el divorcio.
Es natural que la iglesia prohíba el anticonceptivo de emergencia.
¿La conciencia de SalcoBrand Sociedad Anónima está de acuerdo con todo eso?

2.- Las Farmacias están obligadas, para funcionar, a vender los medicamentos que están en el formulario nacional. Alegando libertad económica, ¿alguna vez antes se habían opuesto a eso?

Ahora nos toca a nosotros - Democracia acomodaticia

2007-10-30T16:17:00.000-03:00

La DC dice que la Concertación "debe reconocer que ahora nos toca a nosotros". Con mucha más razón la Alianza podría decir lo mismo.
Parece que algunos toman la democracia solo cuando les conviene y tienen asegurada una elección.

Farmacias y píldora del día después

2007-10-29T19:28:00.001-03:00

En el caso Farmacias Salco/Brand y su inserto en la prensa escrita, es necesario puntualizarles claramente lo siguiente:

1.- Hace años que no se veía que una empresa se involucrara directamente en política contingente. Y lo ha hecho, porque el tema de la píldora del día después ha estado en el debate público. Y en este debate, para mal de esta empresa, la opinión publica se inclina mayoritariamente por lo resuelto por el Estado de Chile. Que los Directores de una empresa tengan su propia moral religiosa no debiera hacerlos incurrir en actos de política contingente, por cuanto no solo es impropio, sino que porque es, además, imprudente para sus propios negocios.

2.- El Estado de Chile, a través del Parlamento, el Gobierno y el Poder Judicial ya se han pronunciado sobre la famosa píldora. Algunos debates posteriores, a destiempo, no cambian esa situación. Por ende, ya no solo es inconveniente que una empresa se inmiscuya en temas políticos, por las razones ya dadas, sino que porque haciéndolo intentan, con hechos concretos de desobediencia, infringir el ordenamiento jurídico nacional.
No puede una empresa pretender avalarse en lo que opina un sector político minoritario, para infringir normas legales y administrativas. En ese sentido, la autoridad debe actuar con firmeza, porque el día de mañana otra empresa, -que encuentre que la opinión política de un sector del país le gusta más que la de la autoridad legítima constituida que está ejerciendo sus funciones-, intentará incumplir otras normas legales. Eso implica derechamente la afectación del Estado de Derecho por una organización que, por mucho respaldo económico que tenga, igual debe cumplir la ley.

Vanidad jurídica

2007-10-12T13:12:00.000-04:00

Un juez se dedica, en democracia, a defender los derechos humanos, y parece que de manera irremediable se le van los humos a la cabeza. Ya lo hemos visto más de un par de veces.

Cerda hizo gestos importantes en dictadura, pero es lamentable que ahora la vanidad personal lo haga incurrir en actos faranduleros, como recibir un premio de un tercero interesado, por meramente cumplir su labor; dictar cátedra, hacer discursos políticos como el de ser un "Juez de la gente, de todos", salirse de madre y comentar públicamente lo que pasa en su causa, en vez de quedarse callado, haciendo su labor.

¡Que pena!

El reconocimiento debiera esperarse y recibirse con más modestia.

Inconstitucionalidad del femicidio

2007-08-02T13:56:00.000-04:00

La Constitución de Chile dice: "Artículo 1º. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

Así las cosas, si se pretende que exista un delito agravado por el solo hecho de ser la víctima de un sexo determinado, implica hacer un distingo inconstitucional. Cuando la diferencia de pena está dada solo por el sexo de la persona y no por las circunstancias de comisión del delito, de lleno se está dando menos valor a la vida de un ser del género masculino, lo que es inaceptable moral y legalmente.

En fin, hablar de "femicidio" (palabra inexistente en la Lengua Castellana) es una forma bastante poco feliz de enfrentar el tema; con terminología populista y medidas del mismo tenor no se enfrenta de verdad un problema que tiene un origen educacional y cultural, que exige análisis más racionales y reposados.

Parlamentario Espina y Poder Judicial

2007-08-02T13:55:00.000-04:00

Me ha impresionado el parlamentario Espina por su valentía; jamás pensé que pudiera tener el coraje para hacer lo que hizo al enfrentar a los jueces de garantía, cara a cara.
Yo entiendo que los votos lo dan las masas, cuyo conocimiento de las leyes es mas bien limitado, por lo que con algo de retórica se le puede convencer fácilmente, mas aún respecto del tema de la delincuencia, tan caro para el interés ciudadano.
Del mismo modo, entiendo y se, dada mi calidad de abogado, que a nivel intelectual y jurídico (entre abogados y jueces), el accionar del senador Espina se ve con bastante pena e incluso molestia, dada la poca sutileza jurídica que presenta al enfrentar los problemas. Pero el colega Espina, que poco o nada ha ejercido como abogado, no tiene vergüenza alguna de lo que puedan pensar los especialistas cuando escuchan sus palabras, esto es, abogados y jueces. Para él lo importante es manejarse bien a nivel comunicacional y de retórica con quienes le dan los votos. Los jueces y abogados dan pocos votos.
Por eso es que confrontado por los jueces pensé que simplemente se correría por la tangente; craso error. Los enfrentó y se atrevió a repetir, en base a argumentos bastante simples y ajeno a sutilezas jurídicas, sus propias apreciaciones destinadas a la masa. Realmente hay que ser muy, pero muy "valiente" para eso.
Hablando en serio, es lamentable el espectáculo que da este personaje; su afán de protagonismo político no para mientes en destruir y desprestigiar de manera bastante fácil y efectiva a un Poder del Estado.
En el último caso de los boqueteros ha dado un triste espectáculo. Primero, se entromete en un caso en curso y con apelación pendiente. No entiende que todos los días se ven resoluciones que son revocadas por la Corte de Apelaciones. Revocaciones mas, revocaciones menos, ese es el procedimiento establecido. Si hay una interpretación distinta por el superior jerárquico, esa prevalecerá (correcta o no).
Espina ha dicho, tras revocarse la resolución de la Corte de Apelaciones:
"Yo quiero saber quién tenía la razón pues, ¿quién tenía la razón?, ¿la jueza o nosotros?, eso es lo que me gustaría saber, que contestaran los críticos a nosotros quién tenía la razón " (fuente).
Hay que ser claro: eso demuestra que NO tenía razón. Primero, porque el Poder Judicial tiene mecanismos para contrastar las apreciaciones de los tribunales., por lo que su mediática aparición pública, que indudablemente (lo sabe bien) le sube en los ratings, era totalmente innecesaria respecto del tema de fondo (absolutamente necesaria para sus propios intereses).
Segundo, la presentación voluntaria de los imputados, estando libres, y tras la revocación hecha por la Corte, demuestra precisamente que no debiera haber temor de su libertad, porque ella no será obstáculo para el avance de la causa. Pudiendo escaparse, no lo hicieron. Parece que la Jueza entendió mejor la situación que el señor Espina.
Como este round lo perdió, se ha dedicado en concentrar las criticas en el tribunal (otra vez) con el incidente de la presentación de los imputados. Este incidente, con la insistencia en que los imputados deseaban quedar en prisión preventiva, sirve, con mayor ahínco, para demostrar que no son peligro para la investigación, ni para la sociedad. Eso es lo interesante del hecho producido, y no lo accesorio relacionado con su no detención inmediata. Lástima que los medios de comunicación (que caen en el juego retórico de estos saltimbanquis comunicacionales) vuelvan a perder el norte, al confundir lo principal con lo accesorio.
En este sitio próximamente pondré las estadísticas públicas que desmienten la campaña parlamentaria de Espina.

¿Existe el Colegio de Abogados de Chile?

2007-07-12T14:20:00.000-04:00

Me pregunto si existe el Colegio de Abogados de Chile. Lo digo, porque no se ha sabido si tiene opinión respecto de las criticas de Espina y otros personajes al Poder Judicial.
Cuando hay problemas de salud, rápidamente el colegio de la orden sale a la palestra, porque, verdad o no, se dice voz autorizada.

Cuando todo el mundo discute de materias legales y de cómo se conducen los Tribunales de Justicia (prisiones preventivas, etc) , en vez de tener que ver a los periodistas entregando información deformada, o a políticos como Espina -que jamás han ejercido el derecho-, sería interesante que la opinión pública pueda escuchar una análisis mas técnico y menos emotivo de los temas que preocupan a la ciudadanía.

Carta abierta al Subsecretario del Interior Felipe Harboe

2007-07-04T13:59:00.000-04:00

Los políticos son cada vez más temerarios: ahora el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, con ocasión del bullado caso denominado por los medios de comunicación como de "los boqueteros", se dedica a comentar las resoluciones judiciales de la crónica roja, hasta el detalle de si es correcta la calificación jurídica de tentado o consumado de un delito. ¿Ha escuchado alguna vez la expresión "Separación de Poderes"? ¿Ha visto, por último, la TV, cuando sus congéneres proclaman que el Gobierno acata y no comenta resoluciones judiciales?
Le sugiero que estudie un poco de Derecho Constitucional o vea más televisión.

Intromisión de políticos en causas en actual tramitación

2007-06-22T14:24:00.000-04:00

Patricio Walker, Presidente de la Cámara de Diputados, ha criticado a los Tribunales de Justicia por haber concedido la libertad provisional a una persona acusada de un delito sexual.

Me pregunto hasta cuándo los políticos se entrometen en las decisiones de los Tribunales. La pregunta es asaz legítima, porque no es prudente que el Presidente de la Cámara Baja haga ese tipo de comentarios, máxime cuando a raíz de los mismos se ven tentados a legislar para que los jueces luego fallen segun su personal gusto.
Una sociedad democrática y un Estado de Derecho reconocen como uno de sus pilares básicos el de la separación de poderes; eso implica que uno de ellos, que legisla lo que el otro aplicará, no puede darle recomendaciones, porque sabe que esas recomendaciones vienen con una presión: si no fallan como nuestro Poder Legislativo quiere en una causa en particular, entonces le modificaremos las leyes. Este chantaje jurídico no debe ser tolerado por los hombre de de derecho de nuestro país.

Presiones de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor

2007-06-07T14:27:00.000-04:00

La Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) está requiriendo a restoranes y bares que paguen ciertos derechos por usar el Repertorio de obras musicales que ellos representan.

Quiero advertir que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no hay que pagar si se reproduce música proveniente del televisor o de la radio; actualmente podría decirse lo mismo si se reproducen obras desde Internet.
Sí habría que pagar si se reproduce un CD o DVD o si se ejecuta en vivo.
Sin embargo, en estos casos sería recomendable que cada establecimiento sometido a dicha presión exija a la SCD le remita el detalle del Repertorio de obras que tiene, porque efectivamente solo aquellas que ellos tengan pueden estar amparadas, de tal manera que si el local comercial ejecuta otras obras, no debe pagar. De hecho sabemos que gran parte de la obra extranjera no está bajo la tutela del SCD.
Es bastante extraño que el famoso Repertorio que dicen tener no aparezca en su sitio de internet.

Ver fallos y comentarios jurídicos AQUÍ.

Fernando Paulsen y cierre de un canal de TV

2007-05-29T16:13:00.000-04:00

Me he sorprendido por la defensa que ha hecho el periodista Fernando Paulsen, en Chilevisión, por lo que él denominada el bastante normal término de una concesión televisiva (Radio Caracas Televisión). Lo del senador Navarro y su cuestionado sustento democrático, no es novedoso.

Es lamentable que una persona como Paulsen que sufrió la censura, porque ahora la practique un gobierno de izquierda, se compre las débiles justificaciones que se dan para ello.
Si un canal de TV complotó contra un gobierno, lo democráticamente esperable es que eso se acredite en juicio que respete el debido proceso. Claro, porque la subversión del orden democrático se castiga, para casos muy calificados y no por el hecho de declararse opositor, en todas partes, pero no por decreto, sino que a través de procesos.
Paulsen ni es abogado, pero su criterio debió decirle que las banales argumentaciones de Chávez exigían el procedimiento democrático de rigor.

Secundarios mangoneando a universitarios

2006-10-08T16:12:00.000-04:00

Los estudiantes universitarios dicen que seguirán en el Consejo sobre la educación chilena, pero que estarán a lo que resuelvan los secundarios.
Curioso y bastante penoso razonamiento, que demuestra su carencia de autonomía: reconocen entonces que los secundarios piensan mejor y tienen más capacidad intelectual y experiencia que los universitarios.

Frei y expropiación a Tompkins

2006-09-28T14:30:00.000-04:00

No entiendo cómo el ex presidente Frei puede hacer creer que se puede construir un camino por una propiedad privada sin pagar la indemnización respectiva. Y por si acaso, me refiero al caso Tompkins (que al parecer, se le quiere excluir de la aplicación de las leyes chilenas).
Parece que Frei no conoce la Constitución que nos rige, lo que es lamentable, por haber gobernado este país.
Me imagino que si el día de mañana una calle debe cruzar por su casa, tendrá la tranquilidad de saber que el Fisco deberá indemnizarlo.

Toma de caminos por mineros del cobre

2006-08-18T16:11:00.000-04:00

¿Me pregunto si cualquier sindicato en huelga legal tiene la facultad para tomarse caminos, a vista y paciencia de Carabineros de Chile?

¿No tiene el Estado de Chile la obligación de restablecer el imperio del derecho?

¿Este gobierno abdicó de ejercer la autoridad?

Puente no prioritario para Chiloé

2006-08-08T16:09:00.000-04:00

La Corporación de Desarrollo de Chiloé ha sido clara: nunca el puente ha sido prioritario para los habitantes de la isla.
Dice Felix Oyarzún, de la mencionada corporación:

"Si existe la iniciativa gubernamental de construir un puente sobre el Canal de Chacao, por razones geopóliticas u otras que desconozcamos, bienvenido, aún cuando no es prioritario. Si, es prioritario tener una Ruta 5 igual a la del resto del territorio nacional; ¿porqué no?, ¿porqué en este tema Chile termina en Puerto Montt?; también lo es un puerto y un aeropuerto a fin de desarrollar el turismo, elementos indispensables para el futuro de Chiloé, y ahora, debido al deterioro económico que Chiloé está sufriendo producto de la crisis de precios del sector salmonero y de la marea roja".-

Ver comentario completo en http://tinyurl.com/efwez

Puente sobre Chacao

2006-08-03T16:07:00.000-04:00

Me parece que la Presidenta Bachelet tiene la oportunidad de revertir su mala imagen, en cuanto a la debilidad manifestada ante la presión social (caso estudiantes), con el caso puente Chacao.
No tiene gracia retar a los ministros o cambiarlos; la autoridad se ejerce con acciones que pueden ser impopulares, pero que con una mirada de más largo plazo es la mejor para el país en su conjunto.
Si todos los análisis técnicos indican que el puente no tiene rentabilidad social, me parece correcto el perseverar en el rechazo a su construcción, pese a que el populismo de algunos partidos y parlamentarios remen en sentido contrario, esgrimiendo el manoseado eslogan regionalista.
Y es claro, incluso para un lego, que no es rentable, ya que el valor que se desembolsa no es proporcional al beneficio que obtendría Chiloé. Con menos plata se puede hacer mucho más por la isla.
Esta provincia se ha desarrollado con la salmonicultura, pese a la falta de puente. Es más, de llegar éste, los fletes y los productos serán más caros para los chilotes, por el mayor costo del peaje, versus los transbordadores.
Me parece que los más beneficiados son las personas de clase media-alta, para quienes el perder 30 o 45 minutos resulta en un mayor perjuicio económico.

La única queja entendible es que esa mayor demora puede traducirse en problemas de salud, cuando las ambulancias deben venir a Puerto Montt. Pues bien, hay que buscar la solución por ese lado y no despilfarrar el dinero, como algunos, con el afán de tener los votos asegurados para su próxima elección, pregonan.

El caso de los quesos y medios de comunicación

2006-07-20T15:56:00.000-04:00

Me parece que los medios de comunicación han informado superficialmente y solo con toques de escándalo el caso de los quesos.
Lo que debieran hacer es explicar cómo funciona un sistema de pirámide, porque si así lo hacen, permitirán que futuros negocios de este tipo se frustren y harán que la gente esté más educada frente a esta forma riesgosa de ganar plata (se puede ganar plata, es verdad, pero si la pirámide logra sobrevivir hasta que uno ha reclutado más gente y recuperado la inversión inicial).
Les sugiero averigüen en Internet. Desde luego yo he encontrado el siguiente sitio que me parece interesante para partir: http://www.wfdsa.org/legal_reg/index.cfm?fa=sp_ppaper1
Les sugiero confirmen con penalistas si en Chile está tipificado expresamente como delito el sistema de pirámide, porque si no lo está (y me parece que efectivamente no está penado como tal), aplicar la figura de la estafa por analogía puede ser inconstitucional, porque en verdad el asunto parte como un negocio.
De hecho, del link mencionado puedo extraer lo siguiente:

"Varias legislaturas en todo el mundo han proscrito las ventas en pirámide. La letra de los estatutos, códigos, artículos, actas, reglamentos y demás, varía; pero todos contienen el siguiente concepto principal: Una pirámide es un esquema en el cual un recluta paga (una tarifa de entrada) por la oportunidad de recibir beneficios futuros (dinero o privilegios) que se derivan principalmente de la introducción de participantes adicionales en el esquema realizada por dicho recluta (y/o reclutas subsecuentes), en lugar de derivarse de la venta de productos a consumidores".

Como se puede ver, los legisladores de muchos países han encontrado un vacío legal, por la falta de proscripción específica de una pirámide (que hace que muchos ganen plata, pero los de abajo, los últimos reclutados, pierdan, si esta pirámide se paraliza, como ha ocurrido con el presente asunto de los quesos).

Les sugiero averigüen esto: cuántas personas de las 6.000 involucradas efectivamente ganó plata. Les aseguro que mucha gente sí logró reclutar más gente (que es como se gana gente y no vendiendo quesos...las pirámides lucran con el reclutamiento y pago de un precio de entrada, en este caso, los insumos para los quesos, y no por la venta de productos o servicios). Y si reclutaron gente, rescató su inversión inicial y ganó dinero...averigüen, averigüen.

Sobre edad de Coté López - Trabajo de menores

2006-07-17T16:05:00.000-04:00

Algunos opinólogos demuestran una ignorancia penosa cuando hacen sus comentarios. La última, cuando en el caso de la Coté López se escandalizan, en un nuevo tartufismo de mera hipocresía santurrona, por el hecho de que una niña de 17 años se muestre sensual en la televisión.
Primero: los mayores de 16 y menores de 18 años pueden trabajar en cualquier parte, con autorización de sus padres (ver artículo 13 del Código del Trabajo).
Segundo: para las personas de ese rango de edad, con la referida autorización, no hay limitación alguna al tipo de trabajos que puede realizar. Es más, normalmente vemos a modelos de pasarela de esa edad e incluso menos, luciendo trajes de baño minúsculos o definitivamente transparencias y semidesnudos y nadie se mueve a escándalo.
Tercero: no hay delito alguno respecto de una menor de edad en topless insinuado o incluso frontal (ella no comete delito ni el medio donde pueda aparecer). Ninguno. Existe el delito cuando se tiene relaciones sexuales voluntarias completas o no, con una menor de 18 y mayor de 14, cuando a ésta se encuentra enajenada mentalmente, se le engaña (no tiene idea de lo que es el sexo), cuando se aprovecha de una condición de dependencia del menor, o cuando está desamparada. También hay delito si se usa a un menor de edad para hacer pornografía (y la ley define esto diciendo que se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales).
Muchos programas de TV usan la sensualidad como gancho, y si alguna crítica hubiese que hacer es la superficialidad y nivel de tontera general de los programas que usan ese artilugio, más que mostrarse santurrones cuando aparece conveniente, para cohonestar, implícitamente, todo lo demás.

Caso neonazis: hay que censurar a los censuradores

2006-06-29T15:58:00.000-04:00

Me parece muy bien que los medios de comunicación persigan y censuren a los neonazis chilenos, porque no se puede permitir la expresión de un grupo intolerante y que coarta la libertad de los demás. Sería bueno sacar una ley de defensa de la democracia contra este grupo.

El caso Lavandero

2005-06-10T18:13:00.000-04:00

En el reciente juicio al senador Jorge Lavandero, a vista y paciencia de todo el mundo jurídico, y con la evidente complacencia de la opinión pública creada a partir de los medios de comunicación social, hemos podido ver como se ha violado la Constitución Política, a través de la infracción del nuevo Código Procesal Penal.

En efecto, la jueza, en una resolución que no pasó por la confirmación de tribunal superior alguno (porque eso está impedido por el art. 277 del Código procesal Penal), ha aceptado la presencia de testigos, denominados por los medios de comunicación como de "contexto".

Esos testigos lo que han pretendido ha sido el probar un hecho negativo para el imputado, pero que no se trata de una simple inconducta, sino que derechamente de aquellos que se adecuan típicamente a una hipótesis delictiva: abusos deshonestos o sexuales.

Debemos ser claros en señalar que la única imputación válida de un comportamiento delictual es la que se hace a través de un proceso penal, el que acaba en una sentencia firme y ejecutoriada. No puede un tribunal aceptar como hecho reprochable una imputación delictual, si ella no ha pasado previamente por la autoridad de cosa juzgada. Si no hay cosa juzgada que condene a alguien por un delito, esa persona no puede siquiera ser mancillada por una similar imputación, so riesgo de estar incurriendo en una calumnia. Y evidentemente una calumnia no puede servir para enlodar a una persona, a quien la Constitución le garantiza precisamente la presunción de inocencia.

Si se tratase de simplemente acreditar un mal comportamiento social o ético previo, sin que tal hecho revista caracteres de delito, eventualmente se podría aceptar esa prueba. Pero desde el momento en que esos hechos se presentan como derechamente delictuales, no puede probarse sino únicamente en el proceso que está destinado precisamente a verificarlos, con todas las garantías del justo proceso.

En definitiva, si se acepta una imputación más liviana de hechos pretéritos de carácter delictual, sin el debido proceso que los asiente, se afectará directamente la presunción de inocencia del imputado.

En el caso que nos ocupa, además, como ha dicho Antonio Bazcuñán Rodríguez al diario El Mercurio, esos testigos jamás pudieron ser considerados como de contexto, porque precisamente son ajenos al contexto en que sucedieron los hechos por los que se formuló acusación; tampoco de credibilidad, porque la prueba de ésta se refiere a la veracidad de los testigos directos del caso en actual juzgamiento.

El artículo 4º del Código Procesal Penal, recogiendo la obligación impuesta por nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, dice: "Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme"-.

Si el tribunal de Garantía acepta testigos ajenos a la causa, solo para dejar en entredicho al inculpado, el que a ese respecto será tratado como culpable por delitos por los cuales no ha sido juzgado ni condenado, está violando derechamente este artículo y la Constitución, en su artículo 5º, en relación al art. 8, Nº 2 del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que señala: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".

En síntesis, el tribunal de garantía debió excluir, por ser prueba impertinente, de acuerdo con el art. 276 del CPP, a todos esos testigos de hechos ajenos a la acusación del Ministerio Público, por afectar la garantía ya referida.

De haberlo hecho, probablemente hubiéramos tenido un juicio oral, donde el mérito de las pruebas de las imputaciones directas sería la determinante para la sentencia final, y no hechos ajenos a la litis, que solo han servido para influenciar a la opinión pública. Así , todos, al final del juicio, hubiéramos quedado convencidos de la culpabilidad o inocencia del senador, y no en la incertidumbre actual.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA

Abogado U. Católica

Postitulado en Nuevo Proceso Penal y en Derecho Penal Aplicado

U. Alberto Hurtado

Investigaciones paralelas

2003-12-23T15:22:00.000-03:00

Se ha hecho común escuchar que nadie puede realizar una investigación paralela en materia de procesos penales. El nuevo presidente de la Corte Suprema ha caído en la postura de unirse a ese predicamento, sin realizar un mayor análisis jurídico.

Lo cierto es que tal planteamiento está alejado de la realidad. Cualquiera puede realizar una investigación paralela, especialmente en materia penal, en la medida que no afecte las garantías constitucionales de los demás.

El problema es que no tendrá muchos resultados si carece de la fuerza necesaria para obtener la colaboración de terceros. Porque si pretende ser eficaz, de no contar con la voluntad de otros, no podrá avanzar mucho.

En el nuevo proceso penal precisamente la Defensa del imputado estará obligada a realizar investigación paralela (con testigos, documentos y peritos) para llegar al juicio en buenas condiciones para enfrentar la prueba de la Fiscalía. Es más, dentro de los requisitos mínimos exigidos a los estudios de abogados que deseen licitar causas penales, como al que pertenece el suscrito, se contempla la presencia de un asesor criminalista o detective privado.

Lo anterior es necesario, porque pese a que el Ministerio Público está regido por el principio de la objetividad, ha quedado claro en la práctica que sólo se preocupará de recabar los antecedentes para sostener la denuncia, y no para exculpar al imputado.

En síntesis, nos parece que ha quedado claro que no existe tal prohibición de investigar paralelamente, en la medida en que no se afecten los derechos de terceros, con apremios, presiones, etc.

Nada más alejado de la realidad.

Violación de la realidad - Sexualidad antes de los 14 años

2003-11-20T15:16:00.000-03:00

Me parece que prohibir legalmente que menores de 14 años puedan tener relaciones sexuales libremente consentidas y, de paso, modificar el tipo penal de la violación, para que ahora se considere que la hay cuando una persona menor de 14 años tiene relaciones sexuales voluntarias, es una soberana estupidez e ignorancia respecto de la vida. Es a esto lo que se pretende llegar cuando se aumenta la edad del consentimiento para tener relaciones sexuales de 12 a 14 años.

Lamentablemente, siempre existirán sicólogos o médicos afiebradamente conservadores, teóricos y ajenos a la realidad, en los cuales nuestros queridos legisladores se apoyen para justificarse; sin embargo, no hacen un análisis muy aterrizado, porque basta pensar que ahora una persona que cursa primero o segundo medio no podrá tener relaciones sexuales con personas de su edad o con un par de años más, so pena de considerarse que hay violación, lo que significa que los jóvenes podrían ir a la cárcel hasta por 20 años; esto es antinatural y anacrónico. Nos estamos pareciendo a la cultura talibana poco a poco.

Si lo que se desea es evitar la precocidad en los menores, la vía de penalizarlos aparece como la más brutal, porque equivale a hacer entrar a un elefante en la cristalería, en circunstancias de que lo que se requiere es más y mejor educación sexual y apoyo familiar.

A estos extremos se llega cuando los parlamentarios legislan tratando de congraciarse con la galería.

Entendemos, en todo caso, que las referidas actuaciones están viciadas y pueden ser anuladas. En efecto, los parlamentarios actuaron presionados, ya que existe sobre ellos un manto de duda de ser "pedófilos", y para no hacer recaer sospechas extras sobre cada uno, la opción de ser él más duro y conservador era la única.

EEUU en Irak - Censura en medios norteamericanos

2003-09-03T15:32:00.000-04:00

Lean este artículo: http://www.observer.co.uk/iraq/story/0,12239,910381,00.html

EEUU espía a miembros del Consejo de seguridad y los medios de prensa norteamericanos censuran la información. En Chile esto ha producido un escándalo y en la CNN no aparece nada. Curioso el alineamiento entre la CNN y otros medios de EEUU y su gobierno.
¡Qué pena!...tenía en alta estima a este medio informativo.

Males imperiales - EEUU en Irak

2003-04-25T15:30:00.000-04:00

En un comienzo, Estados Unidos esgrimió que la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU le permitía atacar a Irak, para desarmarlo, sin necesidad de una segunda resolución.
Como el uso de la fuerza no era explícito y tampoco se mencionaba claramente la invasión, la mayoría del Consejo estimaba necesaria una segunda resolución, en uso del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la que, sin embargo, no tuvo consenso, pese a que Estados Unidos la sometió a su consideración (recordemos, le daba 10 días para desarmarse).
Comparto la opinión mayoritaria del Consejo y, por ende, estimo que la acción militar violó flagrantemente la institucionalidad y legalidad mundial.
Suponiendo que Estados Unidos estimaba estar actuando legalmente, su alcance estaría limitado a obtener un solo objetivo: el desarme de Irak. El posterior objetivo de derrocar y cambiar el gobierno fue doblemente ilegal, porque no fue autorizado por el Consejo y tampoco se mencionaba en parte alguna de la Resolución 1441, que supuestamente sustentaba el actuar de los norteamericanos.
Y finalmente, como guinda que corona el postre, Estados Unidos se abrogó el derecho de confeccionar una lista de buscados vivos o muertos, con la creación del macabro juego de 55 naipes con las máximas autoridades del gobierno de Irak.
Esto no lo autorizó la ONU, ni podría autorizarlo jamás. Es más, el promover el asesinato, la delación, ya no sólo es ilegal sino que derechamente abyecto y repugnante para la conciencia de la humanidad.
Tal actitud requiere una opinión categórica de repudio, no sólo por violar el derecho internacional público, sino por ser abiertamente inmoral y contraria a los principios democráticos.
Aunque he estado tentado a creer en la buena voluntad e intenciones del país del norte, las mencionadas actitudes me hacen recapacitar y empezar a ver un comportamiento imperialista que, con toda seguridad, le traerá más males a ese país de los que supuestamente intentaba evitar.

La amenaza de EEUU y el atraso del Derecho Internacional Público

2003-02-21T15:23:00.000-03:00

La amenaza de Estados Unidos de atacar, unilateralmente incluso, a Irak, nos recuerda lo atrasado que se encuentra el Derecho Internacional Público.

Si en cada Estado o país, especialmente si es democrático, es difícil encontrar que se permita que cada miembro pueda hacer lo que se le venga en gana, aunque tenga la fuerza de las armas, no lo es en el ámbito internacional, donde si bien es cierto existe un atisbo de Poder Ejecutivo (el Consejo de Seguridad de la ONU), no lo es menos que todavía no existe el poder independiente que pueda encuadrar en la ilegalidad a un Estado poderoso, como EE.UU., cuando no cumple las normas.

Claro, porque si bien este país esgrime que Irak es no ha cumplido las resoluciones de la ONU (obviando, con un doble estándar hipócrita, todas las resoluciones que Israel jamás ha cumplido y que lo obligan a restituir territorios palestinos), si ataca unilateralmente a Irak estará él, eso sí y claramente, incumpliendo claramente la incipiente legalidad internacional.

El uso de la fuerza o la guerra está ya proscrito de los tratados internacionales; el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho a la legítima defensa "en caso de ataque armado... hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Si aplicásemos los criterios del derecho penal, comunes a nivel internacional, tenemos que decir que la legítima defensa requiere una agresión ilegítima, real, actual o inminente. No basta la mera imputación de que se está en presencia de una agresión, pues ella debe ser verdadera, probada y la inminencia debe ser evidente. Desde este punto de vista, el peso de la prueba es de quien quiere atacar, pues debe probar la agresión o la inminencia de la misma: EE.UU. debe probar las bases de su posición, esto es, que Irak tiene armas de destrucción masiva o químicas, y no pedirle a este país que pruebe que no las tiene. Si EE.UU. habla de agresión inminente, es porque ha llegado a un punto de convicción y de acumulación de evidencias donde ya no debiera costarle mucho probar la efectividad de dichas armas y mandar a dichos lugares a los inspectores de la ONU.

Pues bien, para la mayoría de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, encabezados por Francia, tal realidad o inminencia de la agresión no existe, y piden que los inspectores de armas puedan seguir su trabajo; la secundan Rusia y China. De los no permanentes, tampoco ven la inminencia, de manera decidida, Alemania, Camerún, Guinea y Siria; en una posición más cercana a EE.UU. están México, Chile, Angola y Pakistán, que probablemente al más mínimo atisbo de que EE.UU. mejora su posición, se le unirán. Los únicos países que apoyan a EE.UU. son Inglaterra y España y eventualmente Bulgaria.

Dado el papel que podemos mínimamente jugar en este asunto, la opinión pública chilena debe saber que si bien es cierto que las relaciones internacionales de Chile las resuelve el Presidente de la República, éste debe recordar que es nuestro Mandatario y debe cumplir la voluntad popular.Si nos doblamos ante EE.UU., como pago por el Tratado de Libre Comercio, haciéndonos eco de su casi declarado afán de hacerse con el segundo país productor mundial de petróleo, nos haremos un país aún más pequeño y de poco respeto internacional.

Chile se ufana de contribuciones en el ámbito internacional y del respeto que se le tiene; si es así, esperamos, entonces, que no se pierda, con decisiones obsecuentes con el poderoso que se apartan del Derecho Internacional Público que nos debiera regir a todos por igual.

Sin considerar razones económicas, que también avalan esta posición, Chile debe apoyar a Francia en esta cuestión, de manera clara y decidida y no esperar cómodamente ver cuál es la posición mayoritaria, para unirse luego a ella. Eufemismos como la búsqueda del consenso no son sino la forma de ocultar la falta de dicha posición clara y categórica, que no es otra que una que debe estar sustentada en el derecho internacional.

Designación en la Conama

2000-03-17T15:15:00.000-04:00

He apoyado los nombramientos de Ricardo Lagos y la independencia que, al menos en el papel, pretende darle a su gestión. Pero me parece muy poco prudente la designación de Adriana Hoffman al frente de la Conama.

Esta persona presentó un recurso de protección contra autoridades del gobierno de Frei por aprobar el proyecto Cascada Chile, en Puerto Montt.

Perdió en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, donde estimaron legal y adecuada la actuación de las diversas autoridades involucradas. Ello quiso decir, entonces, que la posición de la señora Hoffman era la ilegal.

No entiendo, por lo tanto, cómo se pone en un cargo de tal relevancia a alguien que ha demostrado actuar con dogmatismo y con una perspectiva extrema. Lo mismo cabría criticar si se pone al frente de la Conama a un empresario forestal.

Empleados públicos y política

1999-12-15T15:19:00.000-03:00

Quisiera traer a colación el Dictamen N 017.161, emanado de la Contraloría General de la República, sobre la relación entre empleados públicos y las actividades políticas y uso de recursos fiscales.

Lo hago, por cuanto he advertido que en los medios de comunicación social se ha tergiversado su exacto y cabal alcance, al utilizarse sólo algunas partes del mismo. En primer término, la Contraloría reafirma la circunstancia de que "el funcionario público en el desempeño de su cargo no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse del empleo para favorecer o perjudicar a determinada tendencia de esa índole".

Más adelante, tras analizar las normas legales que rigen a los empleados, agrega: "De lo anterior se desprende que en el desempeño de la función pública, los empleados regidos por dichos cuerpos legales (Ley. 18.757, Ley 18.834, Ley 18.883), cualquiera sea su jerar-quía, están impedidos de realizar actividades de carácter político contingente y, en tal virtud, v. gr., no pueden hacer proselitismo o propaganda política, apoyar candidaturas políticas, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ejercer coacción sobre los empleados o los administrados con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, tendencias o partidos políticos".

Por otro lado indica: "En razón de iguales fundamentos, es también ilícito usar para los indicados propósitos los recursos públicos y, asimismo, los bienes fiscales, municipales o de otras entidades estatales". Agrega que esta prohibición lo es para días hábiles o inhábiles, sin excepciones.

Queda claro que la prohibición se refiere a actividades realizadas en el desempeño del cargo, siendo ello evidente si se hacen al interior de las mismas oficinas públicas. Para mayor claridad, el propio dictamen agrega:

"Por el contrario, tratándose de actividades desarrolladas al margen del desempeño del cargo, el empleado, en su calidad de ciudadano, se encuentra plenamente habilitado para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones y realizar actividades de esa naturaleza".

Nos parece que esto no requiere análisis mayor.

Excluye de esta última facultad a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes tienen normas legales especiales que les prohíben, permanentemente, toda actividad política, por tratarse de cuerpos armados esencialmente obedientes y no deliberantes.

Esperamos que con este aporte se clarifique la discusión que, indudablemente, vendrá en los próximos días, a raíz de la segunda vuelta electoral. Permitirá distinguir las actividades lícitas de las ilícitas, para todos los empleados públicos.

Este dictamen puede ser encontrado íntegramente en la Gaceta Jurídica N 227, de mayo de 1999.

Política exterior y caso Pinochet

1999-09-16T15:14:00.000-04:00

Aparentemente el senador Pinochet sigue rigiendo la política exterior de Chile. Cualquier ciudadano advertirá que el Gobierno de Chile, sin respaldo de su población, se ha empecinado en una causa perdida de antemano.

Lo penoso es que se llegue a extremos ridículos, como lo son el desahuciar Tratados y no asistir a reuniones internacionales. Recordemos que tras la resolución de Straw, Frei y su Canciller se manifestaron conformes, pues se respetaron los principios de soberanía y territorialidad, esgrimidos por el Gobierno. Lo que quedaba vigente era lo que contemplaba el Convenio sobre la Tortura, firmado por Chile e incorporado a la legislación interna, al tenor de lo previsto en el art. 5 de la Constitución.

Siendo así las cosas, no entendemos esta insistencia en la defensa de Pinochet, cuando ya no hay principios jurídicos en juego.

Congreso nazi en Chile

1999-07-17T14:54:00.000-04:00

Me parece que los demócratas están aprueba. Y muchos repetirán el curso.
Después de haberse modificado el art. 8 de la Constitución, que prohibía determinados movimientos políticos, en Chile existe la libertad de asociación plena.
Podrán ser condenados solo quienes, en sus acciones, atenten contra los derechos humanos (lo que incluye derechos políticos, sociales y económicos).
Me parece que intentar prohibir el Congreso nazi habla muy mal de algunos políticos "pseudodemócratas".
Justifican su postura represiva con las atrocidades nazis, que existieron, de la 2ª Guerra Mundial. Ok, entonces habría que prohibir al Partido Comunista por las atrocidades de Stalin, mayores que las de Hitler.
En esto no cabe duda alguna.

Pinochet: un particular más

1998-11-27T15:21:00.000-03:00

Hasta el momento no me había pronunciado acerca de la inmunidad de Estado del senador Pinochet, por ser un tema jurídico que no domino, desde que se trata de analizar la legislación inglesa al respecto, en especial en relación a los tratados internacionales que obligan al Reino Unido. Me había referido a otros dos temas: la extraterritorialidad y la extradición.

Pues bien, el más alto tribunal inglés ha resuelto, mediante una sentencia judicial, que el senador Pinochet no posee inmunidad de Estado y suponemos que los sustentos jurídicos de dicho tribunal serán sólidos, como para haber convencido a la mayoría de sus miembros.

Así las cosas, me parece destemplado que se hable que por una resolución judicial alguien pueda decir que se afecte la dignidad o la soberanía nacional. Se ha simplemente denegado una supuesta inmunidad de Estado, que no ha sido reconocida. Por lo tanto, don Augusto Pinochet Ugarte, a los ojos de la ley inglesa, es un particular más, a quien se le imputa un determinado delito. Este es el único efecto inmediato del fallo.

Alguien podrá, tras analizar el texto del voto de mayoría, estar o no de acuerdo con los argumentos jurídicos entregados, pero no ha estado ni está en juego la dignidad de Chile, tal vez la del senador.

Cobra mayor importancia nuestro análisis sobre la extraterritorialidad de la ley penal chilena, consagrada en los Código Orgánico de Tribunales (artículo 6) y Código de Justicia Militar (artículo 3), pues al carecer de inmunidad, los otros países que tienen también normas penales extraterritoriales, podrán juzgarlo.

Si Chile puede juzgar extraterritorialmente, los otros países son soberanos para hacerlo de igual forma.

Cabe destacar que ahora no es sólo España quien piensa hacer uso de sus normas extraterritoriales. Lo mismo ocurre con Francia, Suiza y Bélgica. Probablemente se unirán otros países.

Todos esos países, al igual que Chile, tienen normas extraterritoriales penales y tratados de extradición, y su desconocimiento por parte de los asesores del senador Pinochet, es la razón de haberlo llevado a incurrir en la temeridad de visitar Europa.

Opinión del Fiscal de la Corte Suprema sobre extraterritorialidad

1998-11-09T14:47:00.000-03:00

El actual Fiscal de la Corte Suprema de Chile, don Enrique Paillás, en su obra Derecho Procesal Penal, Volumen I, Nº 107, página 145 (Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 1984), ha dicho sobre la extraterritorialidad de la ley penal chilena:

"107. Si bien la norma general es que los tribunales de la República sólo tienen jurisdicción para juzgar los delitos que se cometen en su territorio, hay algunos que deben ser castigados en Chile, a pesar de haber sido perpetrados en el extranjero, a fin de proteger de modo eficaz determinados bienes jurídicos".

Menciona este autor el art. 6 del Código Orgánico de Tribunales y el art. 3 del Código de Justicia Militar. Luego agrega:

"El Derecho Internacional ha establecido diversas normas destinadas a obtener el pronto castigo de actos como la piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata de blancas y otros que ofenden, no sólo el derecho nacional de un Estado, sino que amenazan a la humanidad toda. Estos delitos deben ser juzgados por el captor de acuerdo con sus leyes penales".

La conclusión nos parece clara. Por el principio internacional de RECIPROCIDAD, Chile no está en condiciones de objetar que la legislación de otro país, como España, contemple también normas penales extraterritoriales que castiguen el terrorismo y el genocidio. Más bien, por los elevados objetivos perseguidos, cabe sólo aplaudir.
--
Mario Enrique Aguila Inostroza
abogado U.C.

Extraterritorialidad de la Ley Chilena - Caso Pinochet

1998-11-03T14:45:00.000-03:00

Se ha discutido mucho acerca de que Chile no tiene por qué aceptar que se juzguen en otro país delitos cometidos en nuestro territorio.
Se ha dicho que es inaceptable la extraterritorialidad de una ley penal (no se puede aplicar un ley más allá de las fronteras del propio país para juzgar hechos acaecidos en el extranjero).
Sin embargo, tanto el gobierno como la oposición olvidan, por razones de conveniencia política, pero con lamentable desapego a la ley, que Chile sí acepta clara y derechamente el principio de la extraterritorialidad.
Si se revisa el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales se llega claramente a esa conclusión.
El encabezado del artículo precisamente habla de crímenes y delitos perpetrados "fuera del territorio de la República", y, por otro lado, no hace distingo si tales delitos son cometidos por chilenos o por extranjeros, ni tampoco la nacionalidad de las víctimas.
Esta norma, vigente en Chile, obliga primero que nadie al Presidente de la República, quien al asumir el cargo debe jurar o prometer "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes".
Similar juramento realizó el Canciller Insulza, de tal manera que esta norma debe no sólo conocerla sino que aplicarla.
Veamos qué dice.

Art. 6. Quedan sometidos a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República que a continuación se indican:
1. Los cometidos por un agente diplomático o consular de la República, en el ejercicio de sus funciones;
2. La malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, la infidelidad en la custodia de documentos, la violación de secretos, el cohecho, cometidos por funcionarios públicos chilenos o por extranjeros al servicio de la República;
3. Los que van contra la soberanía o contra la seguridad exterior del Estado, perpetrados ya sea por chilenos naturales, ya por naturalizados, y los contemplados en el Párrafo 14 del Título VI del Libro II del Código Penal, cuando ellos pusieren en peligro la salud de habitantes de la República;
4. Los cometidos, por chilenos o extranjeros, a bordo de un buque chileno en alta mar, o a bordo de un buque chileno de guerra surto en aguas de otra potencia;
5. La falsificación del sello del Estado, de moneda nacional, de documentos de crédito del Estado, de las Municipalidades o de establecimientos públicos, cometida por chilenos, o por extranjeros que fueren habidos en el territorio de la República;
6. Los cometidos por chilenos contra chilenos si el culpable regresa a Chile sin haber sido juzgado por la autoridad del país en que delinquió;
7. La piratería;
8. Los comprendidos en los tratados celebrados con otras potencias, y
9. Los sancionados por el Título I del Decreto No. 5 839, de 30 de septiembre de 1948, que fijó el texto definitivo de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, cometidos por chilenos o por extranjeros al servicio de la República.

Jurídicamente esto consagra plenamente el principio de la extraterritorialidad de la ley penal chilena para estos casos.
Alguien podrá discutir que en determinados casos se puede justificar, ya sea porque está en juego la probidad funcionaria, o el comercio internacional (piratería), o porque se realizan en barcos (lo cierto es que no se distingue si tales buques están en alta mar o en aguas jurisdiccionales de un país extranjero). Pero entonces, deberá aceptarse que existen delitos mucho más importantes que justifican tal excepcional tratamiento, como los delitos de lesa humanidad.
Por último, tan claro que no repugna a nuestro derecho la extraterritorialidad de una ley penal, es que deja una tremenda puerta abierta a que los tratados internacionales que Chile suscriba hagan aplicable tal principio, según lo dispone el Nº 8 del artículo transcrito.
Se entiende que esta nebulosa se ha tejido por amplios sectores políticos en nuestro país, por loables afanes de apaciguar los ánimos. Pero separemos la paja del trigo, y no ocultemos información para un correcto razonar, ni menos ataquemos a estados extranjeros que tienen leyes del mismo tipo que la chilena, claro que en vez de, por ejemplo, la piratería, le dan más importancia a los derechos humanos.
--
Mario Enrique Aguila Inostroza
abogado U.C.

¿ALCOTEST OBLIGATORIO?

1996-10-05T15:09:00.000-04:00

Ante los problemas aparentemente causados por el alcotest cabe legalmente
puntualizar:
No existe obligación legal de aceptar hacerse el alcotest.
No hacerse el alcotest no trae ninguna sanción, ya que su existencia no
está establecida por la ley y las sanciones, de cualquier índole, sólo
pueden establecerse por ley.
El negarse a hacer el alcotest, por ejemplo por razones sanitarias, no
implica una presunción de estar bajo la influencia del alcohol.
En efecto, la presunción de ebriedad existe, de acuerdo a la Ley de
Alcoholes, sólo cuando una persona se niega a hacer la alcoholemia, que
técnicamente es un examen de sangre.
La forma de informar por parte de los medios de comunicación desinforma a la
opinión pública.